El Ministerio de Relaciones Exteriores desautorizó lo actuado por el gobernador de Jujuy en el caso del micro con ciudadanos extranjeros. Le recordó que "todo reclamo de la provincia que estime tener en relación con un Estado extranjero" debe remitirlo al gobierno nacional.

La Cancillería levantó en peso al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a raíz del escándalo por el micro con migrantes que envió a Buenos Aires la semana pasada en medio de la pandemia del coronavirus, y le pidió que no interfiera en las relaciones con otros Estados. Las embajadas de Colombia y Perú le habían respondido con dureza al mandatario, tal como reveló Página/12. Decían que nunca habían prestado conformidad ni acordado el traslado de ciudadanos de sus países. E incluso el embajador colombiano, Alvaro Pava Camelo, fue lapidario al recriminarle que sometió a los pasajeros y a quienes estuvieron en contacto con ellos a riesgos para la salud, contra las disposiciones de cuarentena obligatoria. La respuesta de Morales fue reclamarles a ambos países el dinero de los gastos por el tiempo que colombianos y peruanos tuvieron que acatar el aislamiento social en La Quiaca. Cancillería le retrucó que “en el caso de plantearse este tipo de situación, se remita a este Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto todo reclamo de la provincia que estime tener en relación con un Estado extranjero”. O sea, no les puede reclamar dinero alguno por su cuenta.

Para justificar por qué echó a 61 extranjeros de su provincia, la mayoría migrantes de países latinoamericanos (venezolanos, colombianos, peruanos y brasileños), Morales dijo que ya habían cumplido una cuarentena de dos semanas en su provincia, donde se encontraban al momento de las medidas oficiales de aislamiento, que habían tenido controles de salud, que querían irse y que además estaba todo arreglado con las embajadas que se ocuparían de su recepción y alojamiento. Por lo pronto, varios pasajeros contaron públicamente (algunos en testimonios publicados por este diario) que no tenían la voluntad de viajar, que temían por la salud de todos, en especial les niñes, y que fueron subidos a la fuerza y con malos tratos. Del alojamiento en la Ciudad de Buenos Aires se hizo cargo el gobierno porteño. Pero además, las propias embajadas salieron a quejarse. Colombia le pidió a Morales que se rectifique ya que, aseguró el embajador, jamás tuvo contacto con el gobierno jujeño ni hubiera permitido violar la cuarentena.

El gobernador salió a repartir respuestas a las representaciones diplomáticas desde las redes sociales y les reclamó que devuelvan el dinero que costó la estadía de los migrantes en Jujuy durante el período de aislamiento. Por ejemplo, a Colombia le exigió que reintegre 445 mil pesos por los costos de alojamiento, alimentación y traslado. A Perú le reclama 85 mil pesos.

El embajador de Perú, John Peter Camino Cannock, reenvió la nota recibida de Morales con el pedido de reembolso a la Cancillería argentina. Es lo razonable, porque la relación con las embajadas la mantiene el Estado nacional, no las provincias. Por eso otra nota de Guillermo Justo Chaves, titular del gabinete de asesores de Cancillería, les dice al secretario de Integración Regional de Jujuy, Pablo Palomares, y al secretario de Turismo, Diego Valdecantos: “Mucho se le agradecerá tener presente que el planteo de un reclamo a un Estado extranjero es un acto que recae en la órbita de la conducción de las relaciones exteriores, materia que nuestra Constitución Nacional ha colocado bajo la competencia del Poder Ejecutivo Nacional”.

En criollo, está diciendo que el Estado provincial no puede pasar por alto a la cartera que encabeza Felipe Solá y, que cualquier reclamo que quiera canalizar debe hacerlo por esa vía. “En razón de la necesidad de dar cumplimiento a las normas mencionadas, se les ruega que en el caso de plantearse este tipo de situación se remita a este Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto todo reclamo que la provincia estime tener en relación con un Estado extranjero”, señala el texto.

Mientras tanto, está abierta la causa penal que tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini para determinar si alguna actuación administrativa fundamentó las razones para violar la cuarentena mandando 61 personas en un micro que debía atravesar siete provincias, hasta Buenos Aires. La cuestión de las embajadas también es clave y el juez pidió que informe qué intervención se les había dado y si habían avalado el traslado.

El juez recibió respuesta de las embajadas de Perú y Bolivia, que le dijeron que no tuvieron contacto con el Gobierno de Jujuy. Todavía deben responder el resto de las embajadas. También se le pidió a ACNUR un informe sobre la situación de venezolanos queintegraban el contingente. Jujuy no respondió aún sobre los expedientes administrativos donde debe estar fundamentado por qué enviaron el micro.

A juzgar por el planteo de Cancillería, el gobernador no puede pedir o reclamar a su antojo a las embajadas. Es más, uno de los datos que dan la pauta de que con el micro de Jujuy se hizo todo de manera anómala es que otros micros que salieron de otras provincias y llevaban extranjeros contaban con toda una organización para que esas personas fueran llevadas al aeropuerto de Ezeiza y desde allí a sus países. La coordinación se hacía incluso con intervención de Cancillería, y también del Ministerio de Seguridad y las embajadas. Cada vez más voces alrededor del caso de Jujuy muestran que no fue así.

Martes, 7 de abril de 2020