El Gobierno revisará uno de los mayores negociados de la era Macri: la renovación de las concesiones de los accesos Norte y Oeste hasta el 2030. Por un lado, el ex presidente Mauricio Macri les garantizó a sus ex socios de la multinacional Abertis una ganancia de 746 millones de dólares. Por el otro, renovó las concesiones a pesar de que existían informes oficiales que recomendaban lo contrario y revelaban desfalcos por otros 358 millones de dólares.

En diálogo con El Destape Radio, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis informó que revisarán los contratos de los accesos Norte y Oeste que están en manos de las empresas AUSOL y GCO, respectivamente. Ambas forman parte de Abertis, una multinacional de origen español que fue absorbida a finales de 2018 por ACS y Atlantia en una operación que superó los 9.000 millones de euros.

Con esta novedad, el ex presidente Macri suma una nueva preocupación, ya que es uno de los imputados en la causa penal donde se investiga esta maniobra junto a al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Javier Iguacel.

US$ 746 millones
Tal como reveló El Destape, Macri les otorgó a sus ex socios tarifas dolarizadas, cláusulas leoninas, les dejó la puerta abierta para nuevos juicios contra el Estado y 746 millones de dólares de ganancia garantizada.

Macri conocía el paño: el holding familiar fue socio de AUSOL hasta incluso entrada su presidencia, momento en el que Macri dispuso un aumento extraordinario de tarifas para luego vender su participación a un precio inflado. Era tan obvio el conflicto de interés que cuando llegó el turno de firmar los decretos para refrentar los nuevos contratos, el 607/2018 que correspondió a AUSOL lo firmó la ex vicepresidenta Gabriela Michetti. El 608/2018, el de GCO, tiene la rúbrica de Macri. Los acuerdos son calcados, sólo cambian los montos y la autopista que se queda cada una.

“Después de muchos años de conflictividad y renegociaciones infructuosas entre las PARTES, se alcanza una situación de equilibrio contractual razonable, que además garantiza la continuidad y mejora del servicio, en beneficio de los usuarios”, aseguran los acuerdos hoy vigentes. Mienten. Las tarifas fueron dolarizadas, no mejoró el servicio y no existían razones ni para extender la concesión ni para asegurarles 746 millones de dólares de ganancia.

El Gobierno de Macri dio por válido que AUSOL debía recuperar 499 millones de dólares y GCO otros 247. Total, 746. Las concesiones de ambos vencían a finales de 2018. Ante la imposibilidad de que recuperaran ese dinero antes del vencimiento, la solución que impusieron fue extender la concesión y dolarizar tarifas.

“Resulta conveniente extender el plazo de la CONCESIÓN para de ese modo posibilitar distribuir en el tiempo el recupero de la inversión, evitando así la aplicación de mayores aumentos de tarifas a cargo del público usuario”, escribieron, pero omitieron que, como Macri les garantizó dólares, las tarifas tendrían que aumentar al ritmo de la devaluación.

La clave de este caso fue la dolarización de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es la tasa de interés o rentabilidad de una inversión. Macri quiso instalar que mejoró las condiciones para el Estado, ya que el nuevo acuerdo redujo la TIR del 13,06% del contrato original de la década del 90 a un 8%. Pero el contrato original era durante el 1 a 1, hoy la cuestión es muy distina y, en la era Macri, las devaluaciones constantes implicaban un aumento de tarifa para cubrir la diferencia.

La dolarización de tarifas fue descartada en 2006 por Néstor Kirchner cuando se renegoció la concesión de GCO. El decreto 298/2006, que Kirchner firmó el 15 de marzo de 2006, estableció: “La Tasa Interna de Retomo (TIR) del nuevo PLAN ECONOMICO-FINANCIERO de la CONCESION del ACCESO OESTE para todo el período de concesión será calculada en pesos constantes de septiembre de 1993 (…) Consecuentemente, el CONCESIONARIO renuncia a exigir un Plan Económico Financiero de la Concesión del ACCESO OESTE con una Tasa Interna de Retorno calculada en dólares estadounidenses”, sostiene el decreto. En el nuevo acuerdo que impulsó Macri, hoy vigente, ni se lo menciona.

Este decreto iba en línea con la ley 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, más conocida como Ley de Emergencia Económica, donde se estableció la pesificación del las tarifas. Pero Macri hizo una jugada doble. Primero, no prorrogó la Ley de Emergencia a partir de 2018. Luego, logró que el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frias lo habilitara a apartarse de los parámetros contractuales del Acuerdo de Renegociación iniciado en 2006. Así, quedó con las manos libres para esta renovación leonina que rige hoy.

Las concesiones serán hasta el 31 de diciembre del 2030, excepto si las empresas “recuperan” antes los 746 millones de dólares. En otra cláusula leonina, la 5.5, se establece que si para el 2030 las empresas no “recuperaron” esa plata, “deberá ser pagada por el CONCEDENTE (el Estado) al CONCESIONARIO (AUSOL o GCO) en DOLARES”. Si esto sucede, el acuerdo estipula que el Estado tendría 30 días para pagarles y en caso de mora pagaría un interés del 12% anual. Leonina ya queda corto.

La cláusula 5.12 protege las ganancias de las empresas ante cualquier iniciativa del Congreso o del Poder Ejecutivo. “Los cambios legislativos, regulatorios y/o jurisprudenciales que afecten significativamente el equilibro económico financiero del CONTRATO DE CONCESIÓN serán tenidos en cuenta en el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO a los fines de la readecuación de dicho equilibrio”. Una cláusula de inmutabilidad a toda costa que, según especialistas consultados por El Destape, es una típica cláusula redactada por el abogado de la empresa que aceptó el Gobierno de Macri y que, si esto se modifica, deja la puerta abierta para nuevos juicios contra el Estado.

La cuestion de los juicios fue clave. Abertis tenía un solo juicio en el CIADI: contra Argentina, por estos peajes, y reclamaba 1.793 millones de dólares. Los acuerdos estipulaban que Abertis debía dar de baja ese reclamo, cosa que hizo. Pero es evidente que ese juicio en el CIADI era una simple treta para presionar. La cláusula 15.6 de los contratos vigentes dice que el desistimiento de los juicios sólo corre si el acuerdo se cumple en su totalidad y no hay ninguna modificación por parte del Estado. Algo que el ministro Katopodis y el presidente Alberto Fernández deberán tener en cuenta. Ante cualquier cambio, la empresa podrá “reclamar bajo el derecho local y/o internacional, según corresponda, sus derechos preexistentes”. Esas dos palabras, “derechos preexistentes”, son clave para, en el léxico de los abogados especializados en litigios internacionales, iniciar un nuevo juicio. La cláusula siguiente impone que el Estado no podrá reclamar nada previo a este nuevo acuerdo.

Otro ítem insólito de los contratos vigentes son las inversiones. Macri les garantizo ingresos dolarizados pero aceptó inversiones pesificadas. AUSOL aseguró que harán inversiones por 7.312 millones de pesos, el de GCO por 3.960 millones. Eso fue con el dólar a $28,5, lo que implicaba 256 millones de dólares de Ausol y 138 de GCO. Hoy, con el dólar oficial a $63, ya son la mitad de los dólares. A su vez, Macri archivó todas las multas por incumplimientos de inversiones previas a los nuevos contratos.

El acuerdo final lo firmó el ministro de Transporte Dietrich. El funcionario que trabajó en la redacción fue Ricardo Stoddart, jefe del servicio de asuntos jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad. Stoddart trabajó en el estudio Marval, O´Farrel & Mairal, uno de los principales estudios de la city porteña, especializado justamente en asesoramiento a grandes empresas y juicios en el CIADI. Es el estudio que representa a Abertis en las negociaciones para renovar las concesiones a sus subsidiarias AUSOL y GCO. Es decir, el funcionario redactó la nueva concesión con sus ex empleadores.


El negociado de los peajes trepa arriba de los 1.000 millones de dólares si se suman las ganancias garantizadas por Macri a los desfalcos cometidos por Ausol por 358 millones de dólares más. Estos figuran en dos informes del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) a los que accedió El Detsape, que fueron incorporados a la causa judicial donde se investiga este caso por el diputado Rodolfo Tailhade, quien denunció el caso junto a sus pares Leopoldo Moreau, Carlos Castagnetto y Adrián Grana. La causa judicial está en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli.

En los informes del OCCOVI consta que Ausol realizó maniobras de autocontratación, sobrefacturación, distribución ilegal de dividendos, alquileres y compras a empresas ligadas a sus accionistas y evasión de impuestos por un total de, al menos, 358 millones de dólares. Los informes recomendaban no renovar la concesión a Ausol, pero Macri los desoyó.

Los documentos que constan en la causa revelan que Ausol utilizó la concesión del peaje para tomar deuda, financiar con esa deuda empresas propias, pagar la deuda con la tarifa, vaciar la empresa y pedir entonces ayuda al Estado para renegociar las tarifas que, al final, se utilizaban para pagar deuda. Un informe de mayo de 2015 de OCCOVI, que tiene carácter de reservado, resume que “por cada $100 de ingresos por facturación, $28,50 se destinaron a compras a empresas relacionadas y $35,30 a afrontar gastos financieros”.

El OCCOVI señaló que Ausol hizo “un manejo deficiente de la empresa porque concentró toda su actividad económica en buscar financiamiento desde el exterior, pareciéndose más a un importador de servicios financieros que a un concesionario vial”. Y agregó: “Razón por la cuál en una primera apreciación no corresponde ningún tipo de renegociación contractual en los términos pretendidos por Ausol SA”. El organismo también resaltó que en 20 años de contrato Ausol no realizó aportes de capital, es decir, los accionistas no pusieron un peso y financiaron todo vía deuda, dinero que iba a las arcas de sus propias empresas y luego se pagaba con las tarifas de los peajes.

“El concreto de concesión de Ausol SA ha sido un excelente contrato para esa compañia”, señala el informe de OCCOVI datado el 11 de noviembre de 2015. En el informe reservado de mayo de 2015 citan una Carta a los Accionistas de Ausol donde les informan respecto a la EBITDA, indicador de beneficios de la empresa antes del pago de impuestos e intereses. Ausol superó a las principales empresas del país. Del 2000 al 2014 tuvo un promedio EBITDA sobre ventas del 46%, superior a empresas con YPF (33%), Tenaris (26%), Telecom (31%), Petrobras (18%), entre otras.

En 2015, Ausol insistió con renegociar el contrato. “Realmente un absurdo”, sostuvo el OCCOVI. El informe detalla que Ausol “reclama 6.637.000.000 por el pasado y pide que a partir de ahora se le incrementen las tarifas, no realizar inversiones” y que el contrato se prorrogara hasta el 2035. En esos momentos el dólar rondaba los 9,5 pesos. Una simple división muestra que esos 6.637 millones de pesos que reclamaban son casi los 746 millones de dólares que Macri les otorgó pese a que la recomendación del OCCOVI era clara: “Realmente absurdo”. Tan absurdo que el OCCOVI calculó que eso era equivalente al 7442% de su capital y mayor al patrimonio neto de 71 de las 85 empresas que cotizan en la Bolsa porteña.

Pese a todo, Macri renovó las concesiones. Ahora el Gobierno anunció que las revisará. El caso peajes tendrá más capítulos.

Martes, 28 de enero de 2020