La Justicia de Corrientes ordenó al intendente de ECO-Cambiemos, Pablo Guastavino, a informar las razones de por qué mantiene en negro a los cuatro concejales opositores desde hace 2 y 4 años en la localidad de Mburucuyá, en un escándalo por irregularidades que desató una nueva investigación judicial.
Los cuatro concejales opositores de Mburucuyá, tres justicialistas y uno del partido Renovador, están en negro, sin obra social ni aportes jubilatorios, desde que asumieron en 2015 y 2017, por decisión del intendente de ECO-Cambiemos en ese Municipio.

Desde hoy, bajo apercibimiento, la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Gabriela Romero Feris, le dio un plazo de 8 días Pablo Guastavino para que le informe las razones por las que se niega a blanquear a los opositores con los aportes a la obra social Ioscor y la caja de jubilaciones IPS. Se trataría de una “discriminación política” que desencadena una investigación judicial por las irregularidades de funcionario público que ello implica.
“La Justicia comenzó a investigar al intendente Guastavino, que es parte de un clan familiar que persigue a opositores, ya que se niega a regularizarnos cometiendo una grave irregularidad de funcionario público”, explicó el concejal peronista Gustavo Aromí en declaraciones a la prensa.
“La Municipalidad tiene la obligación de declarar ante la AFIP el alta de todo su personal, pero el intendente Kelo Guastavino no lo hace porque se maneja con impunidad como parte de su clan familiar que no tiene ninguna cuenta en orden en Mburucuyá”, afirmó Aromí.
Esta localidad, ubicada a 150 kilómetros al sur de la Capital de Corrientes, ya fue noticia en 2018 cuando los trabajadores denunciaron las extremas condiciones de pobreza en la que viven los changarines de la Municipalidad, situación que también continúa mostrando la peor cara de la realidad.
En esa oportunidad, el intendente Guastavino fue acusado de pagar la irrisoria suma de 110 pesos por día trabajado a los changarines, que también son personal en negro sin ningún tipo de cobertura médica. Además, lo denunciaron porque se negaba a pagar el día no trabajado, por lo que los feriados, sábados y domingos los humildes obreros no tenían para comer.
“El clan Guastavino ya tuvo otros problemas con la Justicia porque en 2018 la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de Corrientes condenó al intendente a presentar balances de cuentas de años anteriores y la planilla de trabajadores de la Comuna”, recordó el peronista Aromí.
Ahora, la Justicia vuelve a poner la lupa sobre la gestión municipal por una medida cautelar iniciada por los concejales Aromí, Marcelo Romero, Mario Soto y Franco Cáceres.
“Esta vez, Guastavino suma otro hecho vergonzoso porque su gestión hace que el Municipio de Maburucuyá ni siquiera regularice los aportes de los concejales, además de otras deudas y cuentas negras que se investigan”, expresó Aromí.
“Es decir, el clan Guastavino mantiene salarios de hambre para el personal municipal, mantiene concejales en negro y además tiene serios problemas con el manejo de las cuentas del Municipio porque no rinde balances”, agregó el concejal peronista.
(Se adjunta copia del fallo judicial y foto de los cuatro concejales afectados)
Gustavo Aromí

Lunes, 13 de mayo de 2019