Un informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) destaca los avances de la causa con 17 imputados por delitos de trata de personas con fines de explotación sexual en Paso de los Libres, que incluye a un fiscal y el ex comandante Viero de Gendarmería. En dicha causa insisten en embargo, por 27 millones de pesos para que se destinen a reparar el daño a las víctimas.

El informe de balance de 2018 de la PROTEX destaca los casos más resonantes de trata y explotación de personas en el país, y entre los emblemáticos se menciona una causa en Paso de los Libres.

Explica que como continuación del trabajo realizado como Fiscalía Coadyuvante ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres y luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmara los procesamientos dictados en el año 2017, la instrucción fue clausurada y el expediente fue elevado a juicio respecto de 17 imputados, entre quienes figura el ex Fiscal Federal de la localidad de Paso de Los Libres, Benito Pont, acusado de integrar tres bandas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La acusación se formuló también por la participación de los imputados en la explotación de al menos 38 mujeres en situación de vulnerabilidad en diferentes locales nocturnos de la localidad con la connivencia del entonces fiscal federal Pont y del ex comandante de Gendarmería Nacional, José María Viero.

Al Fiscal nombrado se lo acusó además como presunto autor de los delitos de encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Pero la PROTEX destaca que en un trabajo conjunto con la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, se solicitó la ampliación de los embargos preventivos dispuestos en al auto de procesamiento, hasta cubrir la suma de $27.413.982 en miras a las reparaciones económicas correspondientes a las víctimas, como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito, y para asegurar las indemnizaciones civiles con carácter integral.

Sobre el pedido de reparaciones económicas para las víctimas se argumenta que las mujeres sometidas “han sido objeto de un menoscabo en su cuerpo y psiquis, en su capacidad de decisión -al punto de ser reducidas a su expresión mínima-, de una despersonalización tal que significó una cosificación”, por lo que “se impone la adopción de medidas que resulten adecuadas para eliminar los efectos del delito y que el daño que en consecuencia han sufrido la víctima no se profundice por su contacto con el sistema de justicia.

Agrega que en estos casos especiales en los que la víctima se encuentra en una delicada situación de vulnerabilidad, el Estado debe hallar la forma de otorgarle un acceso integral a la justicia, lo que debe traducirse en el sentido de no someterla a la realización de pasos procesales o exigencias que signifiquen una nueva victimización”, afirmaron en su escrito.

Fundamentan que Argentina, al suscribir instrumentos internacionales sobre la materia, ha asumido el compromiso internacional de brindar a dichas víctimas las herramientas necesarias para la obtención de una indemnización y restitución.

Justamente, en el Informe Anual 2018 de la PROTEX se alude a la necesidad de reparación de las víctimas y mencionan que además presentaron un recurso de casación de manera conjunta con el Fiscal Federal ante el TOF de Corrientes y con la Titular de la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, en el marco de la causa “GIMENEZ, IVAN Y ALESSIO, ANGEL S/ INFRACCION LEY 26364” (Expte. Nº FCT 97/2013/TO1).

En esa causa el Tribunal condenó con fecha 18 de mayo de 2018 a los imputados por trata laboral en un aserradero, pero no hizo lugar a la reparación económica oportunamente solicitada. En la fundamentación de dicho recurso, se hizo mención de múltiples Convenciones Internacionales, y de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos.

Además la PROTEX continuó el trabajo articulado iniciado en el 2017 junto con la Dirección de Recuperación de Activos y Decomisos de Bienes, en la elaboración del Documento “Recupero de Activos para la Reparación Económica de las Víctimas de Trata y Explotación de Personas”. El mismo brinda una fundamentación jurídica de la reparación de las víctimas, y detalla cómo debe ser la misma para que el Estado argentino cumpla con sus obligaciones internacionales.

Jueves, 7 de marzo de 2019