“Nélida Leiva y su hermano Juan Ramón viven en ese lugar hace más de 50 años. Con el paso del tiempo, la familia de ambos fue creciendo”, afirmó María José Aguirrezabal, quien junto con las letradas María Galeano y Susana Vitale están a cargo de la defensa de las seis familias que fueron desalojadas en Esquina. La medida dictada por el Juzgado de Instrucción se ejecutó el último viernes. Desde ese día y hasta el cierre de esta edición, 11 mayores y 15 menores permanecen en viviendas precarias que instalaron a la vera de la ruta, a pocos metros del lugar donde los Leiva viven hace varias décadas.

Si bien, el Municipio les ofreció albergue en otro lugar más adecuado, “ellos no quieren irse de ahí porque consideran que son los verdaderos poseedores de ese lugar donde tienen sus casas”, comentó Aguirrezabal, quien, además, es directora de Acción Social. Por eso, aclaró que “la Comuna le entregó asistencia para tratar de al menos paliar esta situación difícil que están padeciendo”.
En este contexto, al ser consultada por El Litoral, explicó que en el 2008, un particular compra el terreno donde estaban viviendo los Leiva. “Esa adquisición la habrían hecho a una persona que supuestamente era la apoderada de una señora de apellido Duarte. Pero en realidad, ella nunca ejerció la posesión de ese lugar. Nélida y Juan Ramón saben eso porque son parientes de Duarte”, relató la letrada.
Luego de aquella compra pasaron varios años hasta que en el 2015, “en el Juzgado Civil interpusimos un interdicto posesorio junto con una medida de no innovar”, indicó Aguirrezabal.
Horas después de aquella presentación, también el presunto nuevo propietario del terreno planteó a la Justicia que su terreno estaba usurpado y reclamaba poder recuperarlo.
No obstante, la magistrada en el fuero Civil “nos concedió la medida de no innovar, lo cual implica que no se puede alterar el dominio de ese terreno, o sea vender, registrar, etc. Y pese a que ese dictamen todavía está firme porque aún no fue resuelta la cuestión de fondo, avanzaron con un desalojo a través de un proceso que consideramos posee una serie de irregularidades”, argumentó Aguirrezabal. Haciendo referencia en este punto al desalojo que se concretó el último viernes.

Nuevas medidas
Según comentó la letrada, las seis familias fueron obligadas a irse “pese a que eso no correspondía”. Sobre esto precisó que el pasado viernes 9 fueron notificados que el juez de Instrucción de Esquina dio lugar a un planteo del presunto nuevo propietario del terreno. “Básicamente, él dio una respuesta favorable al pedido de desalojo. Pero nosotros apelamos esa medida el jueves y sin que previamente nos notificaran de si fue aceptada o rechazada, al día siguiente, es decir, este último viernes (16); ya se hizo efectivo el desalojo por orden del magistrado interviniente en la causa”.
Desde ese momento y hasta anoche, los 11 mayores y 15 menores permanecen a la vera de la ruta porque se niegan a retirarse de la zona donde aseveran que son poseedores del terreno que habitaban desde hace varias décadas.
“El martes vamos a realizar las presentaciones necesarias para apelar el fallo de un desalojo que consideramos que es ilegal. Y también estamos enviando un escrito al Concejo Deliberante para expresar nuestra preocupación por lo sucedido”, anticipó Aguirrezabal.

Lunes, 19 de noviembre de 2018