Pese a que el Estado ya tiene unos cinco mil asesores letrados, Cambiemos contrató a más de un centenar de personas. La ONG Bajo la Lupa advirtió además por posibles conflictos de interés.

El gobierno de Mauricio Macri tiene contratados más de cien abogados por fuera de los que forman parte del cuerpo de abogados del Estado, para lo que destina millones de pesos extra, sobre los que no quiere informar. Según un informe de la Asociación Bajo la Lupa, que conduce Margarita Stolbizer, el Estado ya cuenta con cinco mil abogados para resolver las tareas que se requieran pero la administración PRO decidió destinar recursos a contratar estudios de abogados como el de Ricardo Gil Lavedra, que hasta julio de este año cobró más de cuatro millones de pesos. La ONG de Stolbizer advirtió que no hay un control de que estos abogados no tengan conflictos de intereses por otros clientes que representen. Desde el Ejecutivo se negaron a informar a esta asociación cuánto le cuestan al Estado la totalidad de estas contrataciones. Tampoco explicaron en cada caso los motivos por los que no usan los abogados que ya tienen en planta.

El informe de la asociación que conduce Stolbizer junto a su abogada Silvina Martínez recuerda que, por ley, el Estado tiene un Cuerpo de Abogados que cuenta con cinco mil personas y que debe ser usado en forma exclusiva, sin tercerizaciones. Por ley también, se debe consultar previamente a la Procuración del Tesoro antes de contratar a otro abogado y el Cuerpo de Abogados puede proponer a una persona para ejercer el rol que se esté buscando. Solo excepcionalmente se pueden contratar abogados externos, y eso es por un decreto dictado durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Por eso, resultó sorpresivo el centenar de estudios de abogados y profesionales individuales que viene contratando la gestión PRO. Solo en la Superintendencia de Seguros tienen 46 abogados contratados en forma tercerizada.

Según indica el informe de Stolbizer, le solicitó a la Procuración del Tesoro el listado completo de todos los abogados contratados y le contestaron que no tenían la información. Esto pese a que existe una resolución de 2017 –es decir, del propio gobierno de Macri– que instruía a informar al procurador del Tesoro de todas las contrataciones externas. Tras verificar “el nulo control que existía con la contratación de abogados externos y ante evidentes casos de conflictos de interés”, hubo una nueva resolución de la procuración del Tesoro que obligó a los abogados contratados en forma tercerizada a firmar una declaración jurada en la que sostienen que “no asesoran, patrocinan o representan a la parte contraria al Estado nacional en causas judiciales o arbitrales, en sede nacional o internacional” y que no tienen entre sus clientes a empresas que sean proveedoras o contratistas del Estado.

La ONG de Stolbizer consiguió finalmente acceder a algunos de los cientos de contratos que viene haciendo el macrismo con abogados. Es una lista parcial, advierte el informe, pero que suma más de cien.

Gil Lavedra y la AFIP
Según la Procuración del Tesoro, la AFIP contrató a Ricardo Gil Lavedra, Juan José Avila y Tomas Farini Duggan como abogados externos. Según el informe, en el caso de Gil Lavedra fue para querellar en la causa en la que está imputado el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. “Sin perjuicio de la idoneidad de los abogados que se desempeñan en el equipo penal (cuatro en total) no se contaba con abogados que podrían asumir la querella, ya que solo dos poseían la experiencia y conocimiento para hacerlo pero habían tenido la defensa de algunos imputados en otras causas”, fue la explicación que dieron desde la gestión PRO. Nadie detalló por qué no buscaron otros abogados del Estado de otras áreas.

Según una investigación del periodista Ari Lijalad en El Destape, para contratar a Gil Lavedra la AFIP pidió tres currículums y luego, sin mayores fundamentos, le otorgó la prestación a Gil Lavedra, “cuya trayectoria es de público conocimiento, siendo el perfil del nombrado profesional el más adecuado para llevar a cabo la labor necesaria para la mejor defensa de los intereses del organismo en la causa en cuestión”. La cita proviene de un documento de la AFIP en el cual se indica que “se registra como única oferta ingresada (…) un monto total de 2.178.000”. Esto fue lo que le pagaron a Gil Lavedra por sus servicios. Luego se la prorrogaron por un segundo período.

Según el informe de Stolbizer, le pusieron un tope a los ingresos de Gil Lavedra de 181.500 pesos mensuales. “El monto total abonado a Gil Lavedra desde agosto de 2016 hasta julio de 2018 asciende a la suma de 4.198.216 pesos”, indica la ONG Bajo La Lupa. Y este es un solo caso de los más de cien abogados externos.

En el caso de los otros dos abogados, la explicación fue que hay convenios colectivos que obligan a la AFIP a dar patrocinio legal a los agentes que lo pidan. Y por eso se los contrató: para ejercer la defensa “ante el crecimiento de las causas que involucran a funcionarios del organismo”. A Avila le pagaron 2.032.800 pesos entre octubre de 2016 y julio 2018. A Farini Duggan, otros 1.161.600 pesos entre agosto de 2017 hasta julio de 2018. Ambos cobraban unos 96 mil pesos por mes. Los dos omitieron explicar a quienes tuvieron que defender.

Más y más casos
En el Ministerio de Educación, figura como abogado externo Juan José Cigarran Magan y el motivo que dieron los funcionarios es una resolución... ¡de 2004! En esa norma “se otorgó poder general amplio en el Reino de España a favor de los abogados del Colegio Mayor Argentino ‘Nuestra Señora de Luján’ para el inicio de actuaciones judiciales o extrajudiciales destinadas a la solución del litigio originado por el cese de la relación laboral y desalojo de señor Diego Luis Vitola de la vivienda que le fuera oportunamente asignada en las instalaciones al ser designado administrador de ese establecimiento”. El Ministerio que hoy conduce Alejandro Finocchiaro confirmó esa norma en 2017. En el pedido de informes, no informaron si el litigio con el ex casero continúa 14 años después.

En la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hay tres abogados contratados: Pablo Murray, Julio Pablo Comadira y Tomas Fiorito. El motivo que dieron es que se les sumaron muchas funciones y necesitaban más abogados para entender los múltiples regímenes jurídicos en los que debían trabajar. Esto, a pesar de que tienen dos direcciones con un total de 33 abogados. Fiorito y Murray cobraron 270 mil pesos cada uno por un contrato de seis meses (julio a noviembre de 2018) a través de la Universidad de San Martín. Comadira cobró 282 mil pesos por el mismo período y a través de la misma universidad.

En la Comisión Nacional de Valores contrataron a los abogados Miguel Angel Milano y Alejandro Martin Becerra, quien cobró 669.766,28 pesos por sus servicios durante todo este año. No dieron detalles de los informes que proveyeron ni tampoco explicaron por qué no usaron abogados propios.

Luego de los primeros datos comenzaron las negativas a explicar y a entregar información. Por eso, solo se sabe que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda tienen preferencia por el estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton para acciones en el extranjero y vinculadas a la deuda externa. También que la Administración de Parques Nacionales contrató al estudio Borda Abogados para litigios en Neuquén y Río Negro.

E incluso que la dirección de Fabricaciones Militares contrató un estudio estadounidense (Taft Stettiunius & Hollister) para un reclamo “derivado de un accidente con un arma ajena y munición supuestamente perteneciente a Fabricaciones Militares en el condado de Franklin, Ohio, USA”.

Según indica el informe de Stolbizer, en la mayoría de los casos no informaron “el monto de la contratación”, ni si existen conflictos de intereses con otros clientes que puedan tener. También indicaron que la mayoría de las áreas tienen abogados propios que podrían hacer las mismas tareas “por lo que la contratación implica un sobrecosto para el Estado que no ha sido suficientemente justificado”.

Domingo, 11 de noviembre de 2018