"Gota a gota" se denomina a la nueva modalidad de supuestos "préstamos legítimos" que llegó desde Colombia. El perverso mecanismo, que ya se cobró vidas, fue ideado por los carteles de drogas que usaban esta modalidad para blanquear dinero. Uno de los lugares donde actuarían -según la Justicia- sería en Corrientes. La totalidad de los casos registrados en el ámbito local tiene como denominador común el ofrecimiento de pequeñas sumas de dinero por parte de vendedores ambulantes de muebles.

En la Argentina, detrás de estos prestamistas, que llegan a cobrar intereses de un 10% diario, están financieras de dudosa reputación por donde circula dinero espurio que podría provenir, por ejemplo, del narcotráfico, la corrupción o la trata de personas.

Los cabecillas locales de estas organizaciones –porque son varias- son ciudadanos colombianos que llegaron al país desplazados del suyo, y ya hicieron pie no solo en Argentina, sino también en Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia. Antes habían extendido sus tentáculos corruptos a México y Centroamérica.

¿Qué es un préstamo "gota a gota"?


La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Gabriel Pérez Barberá, y la Dirección Nacional de Investigaciones, al mando de Rodrigo Bonini, fueron los primeros organismos oficiales en alertar sobre las mafias que están detrás de estos préstamos.

De hecho, la Procelac lanzó una campaña para concientizar sobre los peligros que acarrea tomar un préstamo de este tipo que son otorgados sin ningún tipo de condiciones ni regulación y de los cuales los medios de comunicación casi no registraron su existencia.

Los denominados préstamos "por goteo" o "gota a gota" constituyen –según la Procelac- "una modalidad de usura que pone en riesgo no sólo el patrimonio de los eventuales damnificados, sino también la integridad física y hasta la propia vida en caso de incumplimiento".


Fue después de la detección de un importante número de hechos, en provincias como Corrientes, Salta, La Pampa, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y el Sur del país, que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos lanzó los alertas.

Ante el pedido de Infobae, Pérez Barberá describió de manera sintética y gráfica las modalidades de estas organizaciones que según el ministerio de Seguridad de la Nación, tienen "carácter trasnacional y debería ser investigado por la justicia federal".

Entrega exprés: "El potencial cliente recibe el dinero sin necesidad de presentar avales o garantías, prácticamente a sola firma. Sin mayores precauciones ni trámite, el capital otorgado –que puede oscilar entre los $2.000 a los $60.000– se entrega rápidamente, lo que actúa como un incentivo para la persona que tiene necesidad de acceder a esa suma de dinero".

Fuera de toda regulación: "Quienes otorgan este tipo de préstamos actúan al margen de la legalidad, fuera de la órbita del Banco Central de la República Argentina –único organismo encargado de autorizar la intermediación financiera- o cualquier regulación estatal. De este modo, no existen límites a la imposición de condiciones, todo ello en perjuicio del acreedor.

Fachada: "La totalidad de los casos registrados en el ámbito local tiene como denominador común el ofrecimiento de pequeñas sumas de dinero por parte de vendedores ambulantes de muebles –en algunos casos la práctica incluye la entrega de éstos en cuotas-, actividad que actúa como fachada para el ingreso de la víctima".

Tasas abusivas: "La cancelación del préstamo se realiza a través de cuotas periódicas –pueden ser diarias, semanales o mensuales- por una tasa excesiva que, en algunos casos, quintuplica a la oficial. El cobro lo realiza en forma personal el prestamista o un emisario de éste".


En causas que están en trámite en la localidad bonaerense de Quilmes, en Córdoba y Corrientes, el cobro de las cuotas se realizaron a través de los denominados "rompehuesos", es decir, matones contratados por las organizaciones para castigar hasta llegar casi a matar a los humildes clientes que se vieron estafados en su buena voluntad y no pueden de ninguna manera pagar los abusivos intereses del préstamo. Según las causas judiciales, varias de esas personas, apenas comprendían lo que firmaban.

Publicidad: "Los préstamos 'por goteo' son ofrecidos por personas o firmas sin más estructura que una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Utilizan como canal de publicidad las redes sociales y, en muchos casos, personas que integran la red se hacen pasar como clientes 'satisfechos' con el servicio financiero recibido". Pero todo es un engaño.

Violencia: la Procelac también hace hincapié en que "la persona que accede a este tipo de préstamos queda 'atrapada' en medio de un circuito usurero y, ante el incumplimiento, la organización despliega una metodología de cobro no exenta de violencia, que incluye hostigamientos, amenazas y hasta el uso de violencia física".

Extorsión: "Ante la imposibilidad de cancelar el préstamo, la activa un mecanismo de coacción, es decir, el deudor debe 'conseguir' el ingreso de un nuevo cliente para poner fin a la cadena de hostigamiento de la que es víctima".

Los expedientes judiciales demuestran que estas organizaciones mafiosas están regenteadas por colombianos que reportan –al menos la mayoría de ellos- a sus jefes en Colombia.

Delitos asociados: la Procelac y la Dirección Nacional de Investigaciones ya recabaron datos suficientes que indican que "existen indicios para establecer que los fondos provenientes para desplegar este lucrativo negocio provienen de actividades ilícitas ejecutadas por la propia organización delictiva, tales como la trata de personas con fines de explotación laboral".

Usura mortal. La usura, la extorsión y sangre están detrás de los préstamos "gota a gota". Así quedó acreditado, por ejemplo, en uno de los casos más dramáticos de estos préstamos con el sello del narcotráfico colombiano importado a nuestro país.


El hecho ocurrió en Salta. La víctima se llamaba Dalma, apenas tenía 20 años y dos hijos. El acoso de los prestamistas "por goteo" fue tal que la joven terminó con su vida ahorcándose en la habitación que compartía con sus nenes, de cinco y un año, en un asentamiento de la zona este de Tartagal.

Dalma, para intentar salir a flote de su magra situación económica –tenía un puesto de venta callejera- tomó un préstamo de 15.000 pesos a uno de los vendedores de muebles colombianos. Pero a los tres meses comprendió que no podrían cumplir con las condiciones que le pusieron los acreedores: con intereses usurarios y pagos semanales. A la segunda vez que la mujer no pudo abonar la suma demandada, la mafia la extorsionó con matar a uno de sus hijos.

La desesperación y el temor la cegaron

En Colombia a este sistema de crédito que llevó a la muerte a Dalma también lo llaman "gota a gota" o "pagadiario". Diarios colombianos como El Tiempo recuerdan que este sistema usurario fue "gestado por las oficinas de cobro armadas en las décadas del 80 y 90 por los carteles de la droga de Medellín y Valle del Cauca" y que fueron inspirados en las organizaciones mafiosas italianas.

Informes de inteligencia de ese país revelan que el mecanismo que comenzó a azotar, sobre todo al norte de la Argentina, y muy especialmente a la provincia de Salta, fue un sistema de financiamiento entre narcos que no tenían dinero suficiente para adquirir la cocaína y despacharla al exterior.

Ya en nuestras fronteras, la Procelac, junto a la fiscalía federal correntina a cargo de Flavio Ferrini, la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y Gendarmería Nacional, investigaron un caso emblemático en la localidad correntina de Caá Catí.

En el allanamiento a la propiedad de dos ciudadanos colombianos, que serían los organizadores en la Argentina de una de estas mafias, se secuestraron contratos realizados a personas humildes a las que se les prestó dinero a altísimos intereses abusando de su desesperación: cartas de ingreso al país, cuadernos, celulares, constancias de transferencia de dinero a Colombia –a través del servicio Western Union- y 200 mil pesos en efectivo.

La causa se inició por una denuncia de extorsión y amenazas recibida en el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. El expediente, que quedó en manos del fiscal Ferrini, finalmente descubrió que se trataba de una organización delictiva –encabezada por ciudadanos colombianos y dedicada a los préstamos "gota a gota"-, que también, como en otros puntos del país, utilizaba como fachada la venta de muebles en cuotas para efectuar préstamos de dinero en efectivo -de manera informal y con intereses usurarios- y que recurriría a métodos violentos para lograr su cobro. El dinero obtenido era girado a sus presuntos jefes en Colombia.

Delito complejo. "A partir de la detección en nuestro país de la problemática de 'gota a gota', en la cual ciudadanos de origen extranjero se dedican a otorgar préstamos inmediatos informales a tasas usurarias, tomando así de rehenes a personas de muy bajos recursos, en zonas humildes de todo el país, el ministerio de Seguridad de la Nación reconoció este fenómeno delictual, a prima facie de índole ordinario, como un 'delito complejo' dado su vinculación con el crimen organizado y trasnacional (como ser la trata de persona, lavado de activos y financiamiento al terrorismo)", explicó Bonini a Infobae para argumentar que el "gota a gota" debe ser investigado y perseguido por la justicia federal y no la ordinaria.

Por esa razón, agregó el titular de la Dirección Nacional de Investigaciones, el organismo que conduce aporta a "jueces, fiscales y fuerzas federales, la visión estratégica de abordaje a la problemática en cuestión como crimen organizado".

La complejidad de este delito y de estas organizaciones es la razón por la cual hasta ahora la usura de la "gota a gota" que chupa la sangre de los presuntos beneficiarios de los préstamos se mantuvo en las sombras.

La alarma tanto de la Procelac como del ministerio de Seguridad está basada, además de los casos propios, en los antecedentes internacionales.

En Colombia, por ejemplo, comenzó como un movimiento de hormiga que arrancó con las tomas territoriales –al igual que las bandas y carteles narcos- y se fueron quedando con los negocios de la zona, como los "tianguis", que es el equivalente a las "saladitas" del conurbano bonaerense, y las vidas de quienes no podían pagar los intereses usurarios.

Para comprender la magnitud de estas organizaciones solo basta mencionar que en la provincia de Salta, en los últimos seis meses, fueron demorados 86 colombianos (68 hombres y 18 mujeres de entre 16 y 27 años) vinculados presuntamente a esta modalidad delictiva. Todos ingresaron al país por pasos no habilitados y sin documentos. Cincuenta de ellos ya fueron deportados.

Martes, 28 de agosto de 2018