La Justicia federal en Corrientes y Paso de los Libres lleva nueve años sin determinar si el radical Ricardo Colombi será sobreseído o procesado por los supuestos delitos de evasión y enriquecimiento ilícito, en una causa en la que ni siquiera se abrió la investigación para dictar las primeras medidas.

El caso deja expuesto a los magistrados federales en medio de los permanentes cuestionamientos que recibe la Justicia de la Nación por el tratamiento que le otorgan a las causas que involucran a funcionarios públicos y, en este caso, a un exgobernador y actual senador provincial aliado del presidente Mauricio Macri.



Ahora, el fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaefer, aguarda que la jueza de Paso de los Libres, Cristina Pozzer, responda al pedido que le cursó recientemente para que retome el caso contra Colombi en la denuncia presentada hace casi 9 años, a mediados de 2009, y que fue ampliada en 2010 por el bloque de legisladores provinciales del PJ.



Pero además, la jueza Pozzer debe responder al pedido de nulidad planteado por el fiscal para que se deje sin efecto la decisión de la magistrada de evitar que se investigue una posible conexión de las acusaciones contra Colombi con el caso de la financiera Pyramis, donde quedó salpicado Marcelo Laslo, el supuesto testaferro del exgobernador.



El hecho de que desde 2009, cuando el entonces empresario ya fallecido Hernán González Moreno presentó la primera denuncia, no se determine si existen o no pruebas para encausar a Colombi levanta sospechas porque significaría que existen elementos para procesarlo. De lo contrario, la Justicia hubiese declarado la inexistencia de delito.



Ahora, la pelea del fiscal Schaefer con la jueza Pozzer es porque la magistrada decidió en febrero pasado que la denuncia debe pasar a la Justicia provincial de Corrientes porque Colombi está señalado por enriquecimiento ilícito, un delito de instancia ordinaria. Pero la fiscalía considera que pudo haber cometido un delito complejo de evasión impositiva y, también por ello, reclama que se mantenga la conexidad con el caso de la financiera Pyramis.



Es decir, siguen pasando los años y la Justicia federal todavía no determina en qué fuero debe investigarse al tres veces gobernador de Corrientes.



La denuncia de 2009 y su ampliación en 2010 piden que se investigue a Colombi por dos casas adquiridas en 2006 cuando él era diputado nacional por la UCR, una ubicada en la esquina de Perú y 9 de Julio, en el barrio Libertad, y otra en Irigoyen y Chaco, en pleno Cambá Cuá.



El hecho de haber recibido esas supuestas donaciones cuando era diputado nacional es otro motivo por el cual el fiscal Schaefer considera que es la Justicia federal la que debe investigarlo.



Los denunciantes, en aquellos años, acusaron a Laslo de comprar las viviendas y regalárselas al entonces diputado Colombi. Se preguntaron: con qué dinero lo hizo siendo que el comprador era en ese momento empleado del PAMI en Corrientes.



Los papeles probatorios presentados por los denunciantes son los documentos de escrituras del traspaso de las propiedades en cuestión y están en el juzgado Federal de Libres. Serían esos los elementos de pruebas más contundentes para que al menos pueda iniciarse una investigación.



Según fuentes judiciales, en el supuesto caso de que la causa siga en manos de la Justicia federal, el fiscal Schaefer podría encontrar otros delitos si avanza en su investigación sobre una supuesta conexión con involucrados en la financiera Pyramis.



Es que esa extinguida financiera fue allanada en noviembre de 2015 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. En 2017, la Cámara Federal de Corrientes confirmó el procesamiento de los principales directivos de esa firma por el delito de intermediación financiera no autorizada.



En su pedido a la jueza Pozzer, el fiscal general Schaefer señaló que “lo que se intenta es lograr una concreta y correcta investigación integral de los hechos que se vinculan al patrimonio de Ricardo Colombi, como así también del matrimonio conformado por el funcionario público nacional del PAMI Marcelo Laslo y María Elena Haddad”, ello porque en el expediente “no se ha verificado la hipótesis de la posible evasión tributaria, como tampoco se ha indagado por el posible enriquecimiento ilícito, para luego –ante el pedido de acumulación de otra causa que tiene por objeto investigar el patrimonio de Laslo y Haddad, y que claramente este ministerio pretende juntar a los fines de un mejor y más rápido entendimiento-, se intente segmentar la cuestión”.



Según entiende el fiscal, el rechazo a la conexidad con la investigación seguida contra Laslo y Haddad –la cual fuera iniciada a consecuencia de testimonios extraídos de la causa “Cooperativa Pyramis” que tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Corrientes- el fiscal Schaefer señaló que “este Ministerio Público Fiscal, acreditó que el funcionario respecto del cual se viene solicitando se investigue su presunto enriquecimiento ilícito, era al momento de los hechos, diputado nacional por la Provincia de Corrientes, por lo cual, conforme fallos de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe intervenir el fuero federal”.

Jueves, 5 de abril de 2018