La iniciativa no logró el apoyo unánime pero sí los votos de la mayoría. El PJ mantuvo su negativa haciendo foco en el sistema de control. El expediente pasó con la sanción respectiva al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La Cámara de Diputados aprobó en su sesión de ayer el proyecto de ley de contratos de participación público-privada manteniendo las modificaciones introducidas en el Senado. Ahora pasó al Poder Ejecutivo para su respectiva promulgación.
La decisión se tomó después de un fuerte debate en el que el oficialismo se dedicó a señalar las bondades de este “instrumento de cooperación entre el sector público y el privado”, mientras los legisladores del PJ volvieron a plantear sus reparos, haciendo especial hincapié en los modos de control.

El proyecto de ley aprobado por los diputados se mantuvo fiel a los cambios hechos por el Senado, que agregó 4 artículos al texto original, relacionados al contralor por parte de la Legislatura y otros “de forma”, sumado a la “invitación” a los municipios.

Es así que en la adhesión a la normativa nacional se establece taxativamente que “el Poder Legislativo designará una Comisión de Seguimiento de los Contratos de Participación Público-Privada, la que estará integrada por tres senadores y tres diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas que los componen”.
También se delega en el Ejecutivo la designación de los respectivos órganos de contralor y de seguimiento.

Durante el encuentro parlamentario, desde el bloque del PJ se manifestó la negativa a la iniciativa. El diputado Tito Meixner dijo que esta herramienta ya fue desacreditada en otros países, por ejemplo, porque significan un costo financiero más alto, y al igual que varios de sus pares de bloque, expresó que “no está el sistema de control”.

“Se habla mucho del control. Hay que hablar de los beneficios”, reflejó por su parte la diputada María Eugenia Mancini, que destacó que se trata de un importante instrumento de cooperación entre el sector público y el privado. “Tiene beneficios directos e indirectos a sectores sociales y productivos. Uno de ellos es la creación de trabajo genuino para los correntinos”, destacó.

Varios legisladores oficialistas se sumaron a señalar las bondades de esta ley. Finalmente, el tema se puso a consideración del cuerpo y logró el voto de la mayoría, por lo que el expediente pasó con la sanción respectiva al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Jueves, 15 de marzo de 2018