Tras la desmentida del diputado provincial Eduardo Vischi, en el sentido de que la camioneta secuestrada con un contrabando de cigarrillos de origen paraguayo no pertenece al ministerio de Corrdinación que el encabezaba hasta el 10 de diciembre, subyace un mar de fondo en el mundillo político correntino. En general pocos creen que el libreño sea totalmente inocente en esta causa. Tanto en la oposición como en el oficialismo.

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Esta no es la primera vez que Vischi aparece mencionado en delitos. El camión de Tecnofood, con cientos de miles de raciones de comida destinados a niños y viejos pobres de Libres, que “Peteco” le robó al Hospital San José en 2005, fue el primero conocido; delito que si el entonces intendente Rubén Eduardo Verón hubiese tenido el coraje de denunciar, nos hubiese ahorrado 12 años de desfalco a las arcas del municipio.

Tampoco es la primera vez que Peteco queda en medio de una investigación de la Justicia Federal por delitos tan graves. Le pasa con el caso de “Trata de Personas y Lavado de Dinero”, pues la justicia investiga por qué, cuándo él era Intendente (2012), el municipio sancionó una ordenanza prohibiendo los prostíbulos y al mismo tiempo siguió habilitando esos mismos lugares de explotación de mujeres que acababa de prohibir, algo que se repitió hasta 2016 cuando la jueza Cristina Pozzer Penzo los clausuró definitivamente.

Tampoco es la primera vez que el gobierno radical queda involucrado en una situación de tráfico de este tipo y magnitud. En setiembre de 2005, dos policías cercanos al entonces subsecretario de Seguridad Manuel “Colorado” Aguirre fueron detenidos con un cargamento similar de cigarrillos cerca de la ciudad de Itatí. Según consignaba el siempre oficialista diario El Litoral entonces, “Uno de los uniformados fue identificado como Juan Carlos Barrios, un sargento que cumple funciones de custodio en el Ministerio de Gobierno y que habría desempeñado labores de secretario personal del ‘Colorado’ Aguirre”.

Pocos meses después, en abril de 2006, un auto que figuraba a su nombre fue encontrado con más de treinta kilos de marihuana. Dos meses después Aguirre fue echado de Seguridad. Casualmente la misma área que años después manejó Horacio Ortega (quien reemplazó a Vischi al frente del ministerio de Coordinación).

En tal sentido vale recordar que las acusaciones sobre Ortega, por vínculos con el tráfico de estupefacientes, pesan desde que ocupaba la cartera de Seguridad y tenía a la policía a su cargo. Los casos de “narcopolicías” se multiplicaron exponencialmente durante su mandato. Su nombre “sonó” hasta hacerlo tambalear tras el resonado “Caso Itatí”, en el cual fueron presos el intendente, Roger Terán, su viceintendente y el jefe de Policía de esa ciudad. Por esa razón, su “amigo” Gustavo Valdés no lo confirmó en el mismo cargo con el cambio de Gobierno.

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El diario capitalino Norte Corrientes publicaba el 15 de marzo del año pasado “La seguidilla de hechos delictivos que involucra a efectivos de la fuerza de seguridad provincial, dejaron en falsa escuadra al titular del Ministerio de Seguridad Horacio Ortega. Policías involucrados en casos de cuatrerismo, coimas y connivencia en un caso de homicidio que fue resonante en Mercedes, efectivos sindicados por la población por su vinculación con el narcotráfico en Goya, el comportamiento de oficiales en la Comisaría de Ramada Paso hace algunos meses atrás, la participación de un efectivo penitenciario en un caso de arrebato en la Capital, y la nunca investigada por el Departamento de Asuntos Internos de las vinculaciones con el narcotráfico del personal policial de la Comisaría de Itatí, sumado a la falta de controles camineros efectivos para combatir el tráfico de vehículos con estupefacientes, sumaron la peor nota a uno de los ministerios con más bajo índice de efectividad”.

Sin embargo, quien se lleva todos los laureles en cuanto a acusaciones de delitos es el jefe de todos los radicales correntinos. Ricardo Colombi. En los códigos Penal y Civil prácticamente no existen tipificaciones por las que no haya sido señalado, aunque al tener a todos los jueces provinciales en su agenda el ex gobernador logra vivir bastante tranquilo. entre otras imputaciones el mercedeño suma tráfico de influencias, protección judicial a narcotráficantes y tratantes de personas, enriquecimiento ilícito, entorpecimiento de causas federales por narcotráfico, evasión impositiva, asociación ilícita; y, sin dudas sobresale entre todas una causa “paradigmática”, en la que un empleado del PAMI le “regaló” al entonces gobernador dos propiedades en la capital correntina, por un valor de casi un millón de dólares, escrituradas en Santo Tomé un extraño “31 de noviembre”.

En esa causa el ex gobernador es investigado por enriquecimiento ilíci­to, incumplimiento de deberes de funciona­rio público, asociación ilícita, infracción a la Ley Penal Tributaria, abuso de autoridad y evasión tributaria agravada. La denuncia la realizó en 2009 el periodista Hernán González Moreno, quien, “casualmente”, dos semanas después fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza. En su teléfono quedaron los mensajes amenazantes que había recibido un rato antes con fotos de sus hijitos, tomadas desde otro auto, mientras estos viajaban a Buenos Aires.

Miércoles, 14 de febrero de 2018