Llamadas telefónicas desde la Secretaria General de Gobierno de la Provincia de Corrientes, rees informales y documentación oficial incautada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, confirmaron la existencia de vínculos muy estrechos entre los integrantes de una organización criminal que explotaba mujeres y menores de edad en prostíbulos de la ciudad de Paso de los Libres con funcionarios locales, provinciales y federales que los protegían.

La cadena de connivencias que incluye funcionarios administrativos locales, llega hasta el mismo gobernador, Ricardo Colombi quien está sospechado de hacer valer su situación en el Poder para garantizar la continuidad de las actividades de los burdeles donde fueron rescatadas 38 víctimas en el contexto de una causa judicial tramitada en el Juzgado Federal de Paso de los Libres por iniciativa de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Desde el punto de vista de los investigadores las actividades no habrían sido posible sin la anuencia de las autoridades municipales locales que autorizaron el funcionamiento de los locales y que expedían habilitaciones comerciales de los locales, realizaban inspecciones, y hasta coordinaban horarios de funcionamiento de los prostíbulos.

Esta situación llevó a iniciar una investigación exhaustiva respecto al rol que cumplía cada uno de los funcionarios del municipio que estuvo encabezado por Eduardo Vischi y luego por Raúl Tarabini.

Es por ello que el pasado 4 de septiembre el Juzgado Federal se solicitó la nómina completa de funcionarios y empleados municipales y del Concejo Deliberante, pero esta requisitoria aún no fue respondida.

Este informe podría ser de utilidad para desentrañar el grado de responsabilidad de la Municipalidad de Paso de los Libres para que funcionen los prostíbulos ya que “la referida documentación permite inferir la realización de los tramites de habilitación de los locales investigados, por lo que incluye los contratos de comodato y boletos de compraventa relativos a los inmuebles en los que los mismos funcionaban, como así las actas donde se asentaron los controles edilicios y bromatologicos practicados oportunamente en los mismos”.

Los funcionarios judiciales y la fiscalía sostienen que “resulta relevante el informe del Director de Bromatología y Medio Ambiente, según el cual dicha dependencia expidió libretas sanitarias referidas al local Tropical Pub (que, según la referida documentación, se trataría de uno de los nombres dados al local Balizas)” donde funcionaba uno de los prostíbulos.

La existencia de documentos oficiales “implica que, o bien esta actividad fue tolerada por el Estado o bien que desde el Estado no se realizaron los debidos controles para conocer qué es lo que sucedía dentro de los lugares habilitados”, dice el expediente.

Esto está en línea con lo que sostuvo el fiscal federal general de Corrientes, Carlos Schaefer –quien interviene en la causa- en una entrevista a un medio periodístico. “Los funcionarios municipales auto­rizan el funcionamiento de estos lugares y son los que deberían tomarse más en serio esta cuestión. Al mo­mento de habilitar estos lu­gares, deben realizar las ins­pecciones correspondientes y, al advertir simplemente que hay prostitución, deben cerrarlo”, había dicho.

Pero existe otro detalle que vincula a la red de trata de personas con los funcionarios locales: Los imputados acordaban con el intendente pautas para el funcionamiento de los prostíbulos.

Es posible que hasta se les advertía de los horarios en los que se realizarían las inspecciones a esos lugares.

Según la transcripción de una conversación incorporada a la causa, en una conversación entre dos de los imputados uno de ellos revela que“tuvimos una reunión con el Intendente recién y dice que no quiere que salgan más los menores en Paso de los Libres”.

El jefe comunal les había aclarado que “hay controles estrictos. Si te encuentran un menor adentro del lugar la multa son de 15 mil pesos y te clausuran el lugar. No puede haber más nada”.

Consta en la causa que “si bien no se tiene conocimiento hasta el momento del contacto que habría remitido tal audio, debe destacarse que tampoco se ha tenido noticias respecto de que el imputado posea algún boliche bailable (que funcione como tal y no como prostíbulo)”.

Debida a esto, “que un conocido le refiera que tuvo una reunión en la Municipalidad, en la que se estableció que a partir de ese momento los controles serian rigurosos y estrictos, y que no se podría tener más menores en locales o sobre ellos recaería una multa y la consecuente clausura de lugar, pareciera indicar que es en razón de la presencia de menores en los locales que si explota, el prostíbulo Roxi y el hotel Momentos”.

Estas pruebas serían la base para iniciar una investigación de las responsabilidades de los funcionarios locales en relación a la explotación de mujeres y niñas en prostíbulos.

Llamada anónima

La causa tuvo inicio el 21 de octubre de 2015 con una denuncia en la linea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion en la que se denunciaba la existencia de prostíbulos en los que explotaban sexualmente a mujeres oriundas de Centroamérica, Paraguay, Brasil y de las provincias del Nordeste Argentino.

La denuncia fue elevada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, que constató que, en el marco de una investigación por lavados de activos, el 10 de mayo de 2013, el Tribunal Oral Federal de Corrientes había condenado a los propietarios y explotadores comerciales de la whiskería “Roxi” y del motel “Momento”.

La justicia ordenó a la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (UESPORJUD) de la Gendarmería Nacional, la realización de una serie de tareas de investigación que determinaron que el local comercial había sido renombrado como “Puro Movimiento”, pero que seguía siendo regenteado por las mismas personas, al tiempo que también se comprobó, a unos cincuenta metros, la existencia de otros dos prostíbulos denominados “Kilómetro de Oro” y “Balizas”.

El 4 de septiembre pasado el Juzgado Federal de Paso de los Libres, en línea con lo solicitado por los fiscales Carlos Schaefer, Fabián Aníbal Martínez y Mirian Benítez, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, ordenó el procesamiento de 14 imputados.

Se trata de Rosana Estela Rodriguez, Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre y Maria Clelia Spada, Juan Ramon Carpe, Dionisio Velazco, Sinvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos, Claudia Do Santos, Jorge Barboza, José María Viero, Benito Pont, Monica Alberti, Juan Manual Schell, Rosalía Lanatta, María Ponce, Rafael González y Jore Lisasoain, quienes están sospechados de ser parte de una red criminal con vínculos políticos y judiciales.

Están acusados de integrar diferentes organizaciones dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual en tres prostíbulos.

Los imputados habrían explotado al menos a 38 mujeres en situación de vulnerabilidad en diferentes locales nocturnos ubicados en dicha ciudad correntina, bajo la “protección” y “blindaje judicial” del ex fiscal Benito Pont, quien se encuentra acusado de desviar y dilatar de las investigaciones que tenía a su cargo.

Asimismo, la justicia dispuso el procesamiento de un abogado y de un ex comandante de Gendarmería Nacional por participar en la organización.

Los procesados, además, están considerados coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaño.

Por su parte, a otros cuatro, entre los que se encuentra Pont, se les imputa ser partícipes de esos delitos.

A Pont se lo procesó también por hallarlo presunto autor de los delitos de encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Finalmente, al abogado también fue procesado por hallarlo presuntamente autor material del delito de amenazas.

Por otro lado, la jueza dispuso el embargo preventivo de todos los imputados por distintas sumas: tres de ellos hasta alcanzar la suma total de $22.345.678; otros ocho hasta cubrir la suma de $500 mil pesos y los siete restantes la suma de $250 mil.

La resolución mantuvo los embargos decretados sobre los tres prostíbulos, a fin de asegurar el decomiso de los instrumentos y productos del delito, que deberán ser destinados a la reparación de las víctimas.

La jueza Cristina Pozzer Penzo, a cargo de la causa también resolvió dictar la falta de mérito de otros seis imputados, el sobreseimiento de una de ellas y la indagatoria de un hombre, así como la extracción de testimonios a fin de que se investigue a otra persona por la posible comisión del delito previsto en los artículos 256 bis del Código Penal.


Miércoles, 27 de septiembre de 2017