En la audiencia en la Cámara Federal de Rivadavia presentaron los planteos por prejuzgamiento y algunas arbitrariedades contra el juez federal de Esquel. El Ministerio Público Fiscal respaldó la recusación.

La continuidad del juez federal Guido Otranto en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, con dos recusaciones y una denuncia penal sobre sus espaldas, entró en cuenta regresiva. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia escuchó ayer los argumentos de la familia del joven y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que pretenden sea apartado por falta de imparcialidad, entre varios otros cuestionamientos. El fiscal ante el tribunal, Norberto Bellver, adhirió a la recusación del CELS y los camaristas se habrían comprometido a resolver la cuestión en las próximas horas.

“Mantuvimos los argumentos que presentamos la semana pasada para recusar a Otranto, y ampliamos en relación a las arbitrariedades de las que fue objeto Sergio por parte del juez: la falta de información, el maltrato, el desprecio que dijo Sergio que manifestaba el juez hacia él”, dijo al salir de la audiencia la abogada Verónica Heredia. Y agregó que “el Ministerio Público Fiscal apoyó la recusación. Así que esperamos que en las próximas 48 horas tengamos un nuevo juez en la causa”. Una fuente allegada al caso especuló ante PáginaI12 con que la decisión de los camaristas podría conocerse hoy. De hecho, Bellver consideró que las pruebas aportadas por la familia son “contundentes”. “El doctor Otranto ha prejuzgado y a mi criterio hay que apartarlo”, dijo.

El pedido de recusación también está basado en el nulo avance de la causa. En este sentido Heredia planteó “el accionar del juez, una y otra vez, descarta la única seria y objetiva realidad que hay, que es la desaparición forzada de Santiago”. Otranto declaró al diario La Nación que según su parecer “la hipótesis más razonable es que Maldonado se ahogó” y que “no le encuentro consistencia a la versión de que fue capturado por la Gendarmería”, una confesión que deja en evidencia hacia dónde apunta su investigación y da la razón al planteo de Heredia. En ese sentido, el CELS planteó que el magistrado habría incurrido en prejuzgamiento y pérdida de imparcialidad.

La abogada también planteó la importancia de contar con un juez imparcial para poder avanzar en las responsabilidades de “autores materiales e intelectuales de los hechos” en referencia a Gendarmería y a los funcionarios del Gobierno como la ministra Bullrich y su segundo Pablo Noceti, quien tuvo a su cargo la dirección política del operativo represivo del 1 de agosto en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen que terminó con la desaparición de Maldonado”.

Heredia agregó que ante los hechos de violencia y criminalización que se vienen sucediendo sobre las comunidades, como la quema de rucas que sufrió anoche la comunidad mapuche tehuelche de Vuelta del Río, han solicitado “una medida cautelar a la Comisión Interamericana para la protección de los testigos”.

Los jueces Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman escucharon con atención los argumentos, pero el magistrado contaría con el aval de los camaristas para continuar a cargo del caso, algo de lo que se habría asegurado durante el fin de semana pasado, antes de encabezar el desmesurado operativo intimidatorio del lunes, que incluyó episodios de torturas a los mapuches de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, que no arrojó ningún resultado salvo el secuestro de dos mochilas y dos celulares.

Viernes, 22 de septiembre de 2017