Se trata de la abogada María Esther "Marita" Medina, quien se desempeñaba dentro del Juzgado Correccional N° 1 a cargo de Gabriela María Alejandra Aromí de Sommer. La mujer se hallaba prófuga desde 2013 y ayer fue localizada en la provincia de Córdoba.

Una ex funcionaria judicial, que se hallaba prófuga desde 2013 tras ser denunciada por devolver autos secuestrados a cambio de dinero, fue detenida ayer en la provincia de Córdoba donde se habría mantenido oculta los últimos años.
Se trata de la abogada María Esther "Marita" Medina, quien estaba siendo buscada por la Justicia local por una causa en la que se la investigaba por mal desempeño de sus funciones como funcionaria pública.
Medina fue suspendida en 2013 por alteración de actuaciones, omisión de registraciones, confección de documentos apócrifos, requerimiento a particulares de sumas de dinero, y utilización en beneficio propio de vehículos secuestrados en causas penales. En esa época trabajaba con la titular del Juzgado Correccional Nº 1, la juez Gabriela María Alejandra Aromí de Sommer.
La funcionaria había sido suspendida en el mes de octubre de ese año, tras una denuncia por irregularidades en el manejo de vehículos secuestrados. La Corte ordenó en ese momento la formación de un sumario administrativo, que dio por resultado la cesantía.
El criterio del área sumarial es que la funcionaria se valió de esa condición y "alteró actuaciones, omitió realizar registraciones, falseó datos, confeccionó documentos apócrifos, utilizando al efecto los sellos identificatorios del Juzgado, requirió a particulares sumas de dinero, utilizó en beneficio propio vehículos secuestrados en causas penales".
Contó para ello con la autonomía que le confería su cargo, la antigüedad y la experiencia en el mismo y su accionar se vio facilitado por la falta de verificación o control superior del trámite de las causas, especialmente con referencia a los vehículos secuestrados. Medina no compareció a prestar declaración, no ofreció pruebas de descargo, ni efectuó alegato de defensa.
Las irregularidades imputadas comprometieron la responsabilidad de su superior, la doctora Gabriela María Alejandra Aromí de Sommer, a quien se le impuso la sanción administrativa de una multa equivalente al 30 por ciento de la retribución que percibe en forma mensual. Ello, en virtud de que, del análisis de los elementos probatorios obrantes en la causa, se desprende que no ejerció el control que correspondía sobre el funcionamiento del Juzgado a su cargo y sobre su personal o lo hizo de forma insuficiente.
La Corte expresó que "la doctora Aromí suscribió muchos de los decretos y oficios que ordenaban el traslado de vehículos secuestrados a la sede del tribunal, en algunos casos sin invocar causa alguna, en contraposición a las disposiciones legales vigentes en la materia y -si bien es posible conjeturar ello no fue advertido por la magistrada, quien fue inducida a suscribir dichas resoluciones y oficios por Medina- ello obedeció precisamente la aludida falta de control".

Jueves, 20 de abril de 2017