Según el registro mensual que realiza el Poder Judicial de Corrientes, entre septiembre y octubre recibieron unas 153 denuncias de violencia doméstica y de género, superando la cantidad anotada entre julio y agosto. A la par de esto, la semana pasada finalizó la vigencia de la Ley de Emergencia por esta problemática, que en dos años no pudo aplicarse por falta de presupuesto.

Según el registro del Poder Judicial, entre septiembre y octubre anotaron 153 casos, superando los 131 que hubo entre julio y agosto.



La Oficina de Estadísticas y Registros de Juicios Universales y Acciones Colectivas del Poder Judicial reveló que entre septiembre y octubre recibieron unas 153 denuncias por violencia doméstica y de género. Se trata de una mayor cantidad respecto a julio y agosto, cuando anotaron unos 131 casos.
Según detallaron, el 95% de esos 153 casos corresponde a denuncias efectuadas por mujeres; y en cuanto a la relación entre la persona afectada y la denunciada, se indicó que el 36% corresponde a ex parejas; el 29% a concubinos; el 14% a cónyuges; en tanto que la relación filial entre uno y otro alcanza el 9%. Por otra parte, se observaron de manera simultánea varios tipos de violencia en cada caso, siendo la psicológica la de mayor número (132); física (88); ambiental (57); restricciones (53); económica (38) y sexual (13).

Sin emergencia
En este contexto, el domingo pasado finalizó la vigencia de la Ley de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, que había sido sancionada en 2014, tras pedidos de organizaciones civiles. Su duración sería de dos años, y contemplaría la construcción de refugios para las víctimas y un cupo de viviendas para mujeres con este tipo de problemas, entre otras medidas.
Sin embargo, la fecha límite llegó y la reglamentación nunca pudo ser efectuada por falta de presupuesto. A lo largo de estos dos años, el pedido por la implementación de esta ley estuvo siempre en las marchas de Ni Una Menos y movimientos similares, pero pese a la insistencia no hubo una decisión política para otorgarle un presupuesto a la norma.
Legisladores habían señalado a El Litoral que se ocuparían de que el texto no quede en el olvido, pero por parte de las ONG ya había poco optimismo al respecto.

Lunes, 5 de diciembre de 2016