El intendente de Goya arremetió con todo y acusó al actual Gobernador, de operaciones judiciales en su contra y afirmó que denunciará al juez Darío Ortiz (ex director de Transporte de la Provincia de Ricardo Colombi) ante el Consejo de la Magistratura por prevaricato.

Ante el procesamiento por parte del juez Darío Ortiz, quien antes de asumir en el Poder Judicial, era director de Transporte del Gobierno Provincial de Ricardo Colombi; el intendente Gerardo Bassi aclaró que no solo apelará el fallo sino que también denunciará a Ortíz ante el Consejo de la Magistratura por prevaricato, porque esto se trata de una persecución política que realiza Ricardo Colombi, no solo a su persona sino a todos los intendentes justicialistas”.

“En Goya, todos nos conocemos. El Juez Ortiz es un dirigente radical que fue funcionario del Gobierno Provincial desde el año 2001; luego, durante la gestión de Ignacio Osella, asumió como Jefe de personal de la Municipalidad de Goya en el año 2007. Posteriormente fue nombrado Secretario de Transporte de la Provincia y renunció a su cargo para asumir como Juez de Instrucción de la 2ª Circunscripción Judicial de Corrientes; con la gravedad de que no estaba en la terna de los candidatos a ocupar dicho cargo. Una barbaridad que solo ocurre en nuestra Provincia.”

“Sin dudas Darío Ortíz está en ese lugar porque es manejado políticamente por el Gobernador Ricardo Colombi.”

“Este actuar del Gobernador Colombi ya lo venimos sufriendo con la retención ilegal e indebida de fondos de coparticipación; también en el atropello institucional hacia el Intendente Fabián Ríos; asimismo en el intento de burlar la voluntad popular del pueblo de Mercedes, cuando pretendió impedir la asunción del Intendente legítimamente electo en los comicios del 2013; por solo mencionar algunos casos.”

PREVARICATO

La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.


Viernes, 25 de noviembre de 2016