A cargo de la Fiscalía General del Poder Judicial durante la feria, Alejandro Chaín tomó intervención en el caso de la niña goyana que padece un grave estado de desnutrición debido a una enfermedad crónica, la cual la obligó a permanecer internada por más de tres meses en el Hospital Zonal “Camilo Muniagurria” de esa ciudad.

La Resolución fue dictada el 13 de julio pasado, luego de un pedido de informes sobre las actuaciones a la asesora de Menores de Goya, Isabel del Carmen Passarello. En ella se dispone encomendar a la funcionaria que “se interese en la condiciones de salud y asistencia de recursos materiales de la menor”, además de solicitar al magistrado interviniente la adopción de medidas adecuadas a fin de garantizar su bienestar.

Asimismo, Chaín dispuso recomendar a la asesora de Menores e Incapaces la adopción de todas las medidas procedimentales, de acción y recursivas previstas en el ordenamiento vigente, a fin de garantizar al interés superior de la niña, velando por lograr la máxima satisfacción, integral y simultanea de sus derechos y garantías, adecuados a su situación.

Además, en su artículo 3º dispuso hacer saber a la asesora interviniente que deberá informa a la Fiscalía General qué acciones de carácter administrativo se implementaron a fin de dar cumplimiento a la tarea de lograr un nivel de vida adecuado a las circunstancias de salud que padece la menor.

En los considerandos de la resolución, Chaín fija pautas claras para los funcionarios del Ministerio Público en materia de derechos de los niños. Sostiene en ese sentido que “en procesos como el presente, muchas veces se pretende justificar y habilitar el ejercicio arbitrario de mecanismos de control social, resultando ser una intervención inquisitiva por parte de la justicia, al pretender decidir sobre la vida del menor, ejecutando una ‘política social judicial‘ para las familias con carencias materiales; todo ello sin agotar todas las acciones positivas tendientes al fortalecimiento familiar y consiguiente permanencia en el núcleo fundamental de origen, lesionando groseramente las garantías constitucionales de los padres y de los niños”.

En este sentido, el documento concluye “qué entiende este Ministerio Público Fiscal, que corresponde garantizar el interés superior de la menor a través de la adopción de todas las medidas procedimentales, de acción y recursivas previstas en el ordenamiento vigente, para asegurar su bienestar, velando por lograr una asistencia adecuada a su situación, todo ello sin separar a la niña de sus legítimos padres, quienes sin lugar a dudas no han elegido vivir en la marginalidad y la pobreza”.


Jueves, 28 de julio de 2011