Ante la violencia institucional del gobierno nacional sobre los trabajadores y el conjunto de la sociedad; el 27 de junio, día del Trabajador Estatal Nacional, los trabajadores asumen como una jornada de lucha, ampliando la denuncia penalmente contra el presidente Macri y sus funcionarios.

Comunicado:

En el marco de la movilización de la CTA “por el trabajo, contra el veto presidencial de la Ley anti-despido arbitrario y contra el Ajuste” realizado el 2 de junio pasado, con la firma del secretario general de la CTA Corrientes, Juan Gonzálezse presentó una denuncia penal contra el Presidente Macri y sus funcionarios al fiscal federal en Corrientes. Que, ahora, ampliamos por la continuidad de la conducta de gobierno, exponiendo nuevos hechos que se desarrollan en el escrito, considerando que el jefe de gobierno nacional y sus funcionarios incurrirían en los delitos de ASOCIACION ILICITA (Art. 210 del Cód. Penal). ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (Art. 248 del Cód. Penal). Y tano,el presidente como sus funcionarios designados (Ministros, Secretarios, Subsecretarios, presidentes de Entes Autárquicos)están en abierta violacióndel art. 13 de la Ley 25188 de ETICA de la FUNCIÓN PUBLICA.

El escrito realizado en la primera presentación partía de la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a las condiciones dignas de trabajo; protegiendo del despido arbitrario a los trabajadores privados y la Estabilidad del Empleo público, definido en el artículo 14 bis de la Constitución. Por lo cual, todos los despidos sin causa en el Estado son inconstitucionales.
Demostramos en la primera presentación, tomando un área del Estado, el Ministerio de agricultura, que los ajustes del Estado tiene que ver con las transferencias de recursos a los sectores concentrados, representados por ellos mismos. Y que, la reducción de la ejecución de políticas públicas, de las políticas de derechos sociales,cuya responsabilidad es del Estado según están establecidas por la Constitución y las leyes, comportan las conductas de Abuso de Autoridad y falta a los deberes de funcionario público.

Sostenemos en la ampliación de la denuncia que estas políticasno son producto de decisiones circunstanciales, de simples ajustes por déficit del Estado sino quetienen el objetivo “asociativo” de estos funcionarios, utilizando sus funciones en el Estado, para beneficio privado empresarialen contra del interés público, en contra el interés del pueblo.

Se demuestra, en los hechos presentados, que la reducción de recursos del Estado y los ajustes al conjunto de la sociedad vía devaluación, inflación, tarifazos de servicios, aumento del desempleo y la pérdida salarialtienen por objetivo la transferencia de riqueza a los sectores concentrados de la economía y las finanzas.Las conductas delictivas tipificadas surgen del incumplimiento de los deberes de funcionario público en todos los puntos del artículo 2º de la Ley de Ética Pública que denunciamos, cuya consecuencia es el ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. Esta situación, no son nuevas en cuanto a los actores y su instrumentación política, económica, financiera y administrativa.
Estos delitos, fueron investigados y comprobados,utilizando la manipulación del endeudamiento externo sumado a la especulación financiera interna y la fuga de capitales con el interés particular del enriquecimiento.

Por la violación sistemática a los Derechos Humanos generada por la dictadura cívico militarsurgieron los reconocimientos de reparación social y las necesarias leyes, que garanticen el funcionamiento republicano democrático como la Ley de ETICA de la FUNCIÓN PUBLICA, las Leyes de Convenciones Colectivas de Trabajo para los trabajadores del Estado y también, la más reciente Ley de Reparación histórica de la Agricultura Familiar.

Mencionamos a la Dictadura cívico militar de 1976 puesto que con ella se inició la violencia institucional contra los derechos humanos con el objetivo de generar una transferencia de recursos financieros y naturales a corporaciones empresariales. Utilizando los mecanismos de la deuda externa, los tratados de libre comercio y el achicamiento del Estado para hacerlo funcional al interés privado de acumulación de riquezas. Estas políticas realizadas, son las que denunciamos, son desarrolladas por el presidente Macri y sus funcionarios.

Surge de los escritos presentados, que este gobierno de empresarios tienen como objetivo explícito su interés de enriquecimiento privado a costa del interés público.

En este sentido, debe entenderse los despidos y desmantelamiento del Estado, en áreas de control, como el Ministerio de Trabajo, cuya responsabilidad es proteger y garantizar los derechos de los trabajadores; como también, el control sobre los delitos de evasión fiscal, como la UIF, cuya función es monitorear e identificar delitos en el sistema financiero.

Todos los funcionarios designados por el presidente son millonarios, con Macri 110 Millones; Aranguren 94 millones, Melconían 77 millones, Quintana 61 millones, Prat Gay 53 millones; todos con gran parte de su fortuna en dólares y en cuentas extranjeras, beneficiados directos con la devaluación a partir de la liberación del cepo cambiario. La mayoría, y muy especialmente Melconian, fue beneficiada con el Acuerdo de pago a los fondos Buitres; beneficiarios, del pago de Deuda Externa con nuevo endeudamiento, sumado a la fuga de capitales; y que, ahora pretenden blanquear delitos, como evasión fiscal y lavado de dinero, mientras continúanrealizando negocios directos con las contrataciones del Estado.

Reproducen la dependencia financiera con el endeudamiento externo, reconocido internacionalmente como ilegal, ilegítimo e inmoral; tres afirmaciones, que se encuentran definidas en el testimonio del ahora Presidente del Banco Nación, que siendo tenedor de bonos buitres y demandante al Estado argentino fue parte de la negociación del acuerdo de pago en representación del gobierno. Estos millonarios empresarios-funcionarios, según sus declaraciones juradas han aumentado sus patrimonios, considerablemente, en los últimos doce meses; mientras, establecen políticas de ajustes sobre los trabajadores y la ciudadanía en general fundamentados por una crisis económica financiera por ellos generada.La mayoría de los hechos descriptos, tienen sus denuncias particulares, lo que nosotros denunciamos es que se trata de una asociación del presidente y sus funcionarios para cometer los ilícitos que le generan grandes ganancias personales y empresariales.

Lo concreto es que en cinco meses el Estado cedió al sector empresario 281.106 millones de pesos que equivalen a 19.383 millones de dólares. En el mes de diciembre, en solo catorce días sin restricciones salió del país el 23% de las divisas de todo 2015. Fue la mayor fuga desde 2011.
Además, en lo que va del año, Prat Gay elevó el pasivo en dólares por U$S 27.000 millones y en pesos por $ 52.000 millones. “La transferencia realizada, más que cuadruplica el presupuesto destinado a salud, equivale a nueve veces las partidas para vivienda y representa los fondos necesarios para financiar durante más de seis años la AUH”, según los investigadores del CECS.“Los bancos obtuvieron una rentabilidad extraordinaria sobre las inversiones financieras que realizan con los recursos de los ahorristas. La Transferencia de ingresos, durante los primeros cinco meses del gobierno del presidente Macri equivale a 1762 dólares por trabajador ocupado, 451 dólares por habitante, que fueron apropiados por los sectores empresarios”.

La Ley de ética pública y las declaraciones juradas, no es para saber cuánto patrimonio tienen sino para evitar estas conductas delictivas, para garantizar el interés público, el interés general al interés privado; evitar y combatir el negocio particular de los funcionarios-empresarios.

Nosotros, los trabajadores ya vivimos esta historia iniciada con la Dictadura, profundizada en la década de los noventa y ahora, con una tercera ofensiva de estas políticas, que sumergen al mundo en una crisis terminal, ya que ponen en peligro la vida del planeta. No queremos esperar ser damnificados dentro de unos años, como ocurre cada vez que finaliza los ciclos de desposesión y destrucción.

Nosotros los trabajadores y los pueblos empobrecidos: Somos Acreedores de una deuda social histórica, ecológica y cultural, que está reconocida en nuestra constitución y las leyes, como también, en normas y convenios internacionales. Como trabajadores requerimos la urgente necesidad de restitución plena del Estado de Derecho, del funcionamiento republicano democrático y federal para evitar el incremento de la Deuda Social y poder avanzar en las reparaciones históricas de nuestros derechos violentados.

Martes, 28 de junio de 2016