El presidente interino de Brasil, Michel Temer, afronta su primer problema en el frente externo, tras la decisión de Venezuela de llamar a Caracas a su embajador en Brasilia por lo que califica de "golpe" contra la mandataria suspendida, Dilma Rousseff, que se suma a las críticas al proceso de suspensión que expresaron Ecuador, Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua, y la Unasur, cuestionada por el flamante canciller brasileño.

La decisión del Congreso en Brasil, que instauró un juicio político con miras a la destitución de Rousseff, separó a la mandataria del cargo durante 180 días y llevó al poder al hasta ahora vicepresidente Temer, que se encontró con una fuerte reacción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En su primer día efectivo de Gobierno, sus ministros anunciaron las líneas de su gestión, que pasan por un fuerte ajuste fiscal, una reducción del tamaño del Estado y una revisión de los programas sociales implantados desde 2003 por Rousseff y su padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los anuncios de corte liberal no despertaron hasta ahora a las fuerzas de la izquierda que han mostrado una tímida reacción a lo que califican de "golpe", y fueron más los movimientos populares los que se congregaron en algunos puntos del país, como las calles de San Pablo y Rio de Janeiro denunciando al gobierno de Temer por “ilegitimo”.

En un discurso trasmitido en televisión, Maduro afirmó que la suspensión de Rousseff, que calificó abiertamente de "golpe", es una "canallada contra ella, contra su honor, contra la democracia, contra el pueblo brasileño".

También anunció que pidió regresar a Caracas al embajador en Brasilia, Alberto Castellar, que de hecho ya estaba en la capital venezolana y quien ya se había reunido con Maduro y con la canciller, Delcy Rodríguez.

Casi al mismo momento en que Maduro hacía su anuncio, sin aclarar si era una "llamada a consultas", el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, emitía las primeras dos notas de su gestión.

La primera fue dirigida a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, a los que acusó de "propagar falsedades" sobre el proceso político brasileño, del que dijo que "se desarrolla en un cuadro de absoluto respeto a las instituciones democráticas y a la Constitución".

El segundo comunicado se refirió exclusivamente al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien consideró que el proceso contra Rousseff podía violar "el principio de separación de poderes", al otorgar al Parlamento "la posibilidad de criminalizar actos administrativos".

Serra, el primer canciller político que tiene Brasil desde 2002 y un declarado crítico del ala "bolivariana" regional, manifestó su "repudio" a la posición del secretario general de la Unasur y alertó de que pudiera ser "incompatible" con su cargo.

Fuentes oficiales dijeron hoy que Brasil aún no ha decidido si responderá al regreso a Caracas del embajador venezolano y que, por el momento, ese asunto sólo es "analizado", citó la agencia EFE.
El conflicto entre Maduro y Temer puede traer tensión en el mapa regional, sobre todo porque Venezuela ostenta desde el pasado abril la presidencia temporal de la Unasur y en julio asumirá la misma responsabilidad en el Mercosur.

De ese modo, Venezuela presidirá ambos bloques en el segundo semestre, en medio de su propio conflicto interno y de los intentos de la oposición por celebrar un referendo para revocar el mandato de Maduro.

El dilema ahora será si Venezuela, Bolivia y Ecuador pueden escalar más allá de sus propios conflictos particulares con el Gobierno de Temer, y si hay consenso para trasladarlos al escenario regional.

En el Mercosur, Uruguay manifestó sus dudas sobre el proceso contra Rousseff, pero no lo calificó de "golpe" como Venezuela, mientras que Argentina y Paraguay fueron cautelosos y hablaron de “respeto”.

En esa línea, la ministra argentina de Exteriores, Susana Malcorra, expresó su "dolor" y "preocupación" por el trance que vive Brasil, pero consideró que el proceso cumple "las pautas establecidas dentro de la legalidad", aunque "muchos" dudan de su "legitimidad".

También dijo que espera conversar este mismo fin de semana con José Serra, pues "obviamente" Argentina establecerá "los vínculos institucionales que correspondan" con el nuevo Gobierno de Brasil.

A estas reacciones se sumó hoy la del presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, quien aseguró que su país "no reconoce al gobierno provisional instalado en Brasil" tras la suspensión de Rousseff al frente de la Presidencia, en un proceso que calificó como "contrario a la voluntad popular".

Además, informó que "como parte del proceso anunciado" se ha llamado a consultas a la embajadora salvadoreña en Brasil, Diana Marcela Vanegas, para abordar la crisis que se desarrolla en dicho país.

"Nosotros, como país somos respetuosos de otros países y tenemos el principio de no intervención, pero también somos respetuosos de otras democracias y somos respetuosos de la voluntad popular", dijo el mandatario durante el programa Gobernando con la Gente.

Del mismo modo, el partido opositor de Guatemala Winaq expresó su condena por la decisión "ilegítima" de suspender a Rousseff, un hecho que ve como "un golpe a la democracia".

"Constituye un golpe a la democracia y a los procesos de liberación de los pueblos de América Latina", manifestó el partido en un comunicado, donde explica que la suspensión de Rousseff responde a "acciones coordinadas" de poderes "fácticos tradicionales y conservadores", nacionales e internacionales, que se unieron en contra del pueblo brasileño.

Lunes, 16 de mayo de 2016