El juicio oral y público contra el ex intendente fue prorrogado en marzo del 2005 y en igual mes pero de 2009. La defensa insiste en la prescripción de la causa.

Se retrasó una vez más el inicio del juicio contra el ex intendente Raúl Rolando “Tato” Romero Feris, principal acusado en la causa denominada Santa Catalina, en la que se lo acusa, junto a la ex viceintendenta Lucía Ortega, de peculado de fondos públicos por más de 400 mil pesos. Ayer su defensa presentó, minutos antes del debate, un certificado médico en el que se adujo que el imputado padecía un cuadro de hipertensión que le impedía por 5 días presentarse ante el tribunal. La audiencia se retomará el próximo lunes 13.


El fiscal de la causa Santa Catalina, Gustavo Schmidtt, solicitó a los jueces que se disponga un cuerpo médico en la sala para evitar nuevos “infortunios” que retrasen el juicio que es postergado desde 2002, luego de que los abogados del ex mandatario presentaran un certificado médico que trabó el inicio del proceso.

Ante la sorpresa de los magistrados por lo sucedido, que retrasó por tercera vez el juicio, se decidió enviar al domicilio de “Tato” un médico forense que constató la veracidad del certificado médico presentado por la defensa.

Otra de las maniobras de los abogados defensores de am-bos imputados fue presentar un recurso de garantía de doble instancia con el que se insistió en la prescripción de la causa y solicitó al tribunal que el debate sea suspendido hasta que el Superior Tribunal de Justicia se expida sobre el tema.

En tanto, para el fiscal Schmidtt los argumentos de la defensa “no tienen razón de ser”, ya que la causa no prescribió y “no existe fallo alguno que diga lo contrario”, por todo eso entendió que “no se vulneraron los derechos de los imputados y que el debate debe retomarse lo antes posible”.

“Ellos plantean la nulidad por la nulidad misma, insisten en la prescripción de la causa, pero no hay razón de ello. También ayer (por el martes) presentaron un Habeas Corpus en el que solicitaban la prescripción, pero se les rechazó el planteo”, dijo el fiscal.

La causa por peculado fue elevada a juicio oral y público en 2002, pero un sinnúmero de incidentes procesales, recusaciones e inhibiciones de 18 magistrados, derivó en una demora de casi 10 años.

Por el tiempo transcurrido, la causa prescribió para los ex funcionarios municipales Jorge Isseta, asesor legal del Servicio Jurídico de la Municipalidad, y Julio Magrán, asesor legal de la Secretaría de Economía y Hacienda, imputados como partícipes secundarios.

La supuesta malversación de fondos públicos se originó en 1998, cuando el ex intendente creó un fondo de 420 mil pesos para la adecuación de las instalaciones del ex predio militar Santa Catalina, destinadas a mitigar contingencias climáticas por una inundación. Sin embargo, las obras no se realizaron e incluso la rendición de fondos se hizo con facturas apócrifas.

Según la Justicia, se violaron expresas disposiciones de la Ley de Contabilidad, ya que se autorizó la afectación de partida y libramiento de pagos por 420.000 pesos sin que exista una resolución del Ejecutivo respaldatoria. Se constató además que el 27 de mayo de 1998 se libraron las órdenes de pago a nombre de Lucía Plácida Ortega, entonces viceintendenta.

La Cámara del Crimen, constituida por los doctores Juan José Cocchia Breard, Carlos Benítez Meabe y Gustavo Sánchez Mariño, resolvió ayer que el debate se retomará el próximo lunes 13, en la que el imputado, “Tato” Romero Feris, asistirá con su médico personal.

Jueves, 9 de junio de 2011