El proyecto que enviará al Congreso la presidente Cristina Kirchner prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos, y adopta un modelo de justicia acusatoria.

El proyecto de Código Procesal Penal que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará al Congreso prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos, y adopta un modelo de justicia
El Gobierno avanzará en la reforma del código procesal penal
El Gobierno avanzará en la reforma del código procesal penal
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acusatoria, en el que el fiscal investigue, el defensor defienda y el juez resuelva, frente al actual sistema mixto acusatorio e inquisitorio.

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El texto elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación recoge y actualiza las iniciativas del anteproyecto de Código Procesal Modelo para Iberoamérica elaborado por el jurista Julio Maier, el anteproyecto de Alberto Binder (INECIP) y retoma aspectos de los textos elaborados por el Ministerio en 2007 y en el Congreso de la Nación en 2010, a iniciativa del diputado Oscar Albrieu, según destacó el portal Infojus.

El Código Procesal Penal vigente fue implementado en 1991, y aunque incorporó el juicio oral, mantuvo el trámite escrito e inquisitivo en la etapa de instrucción, de forma tal de que hoy los jueces investigan y controlan la legalidad de su propio trabajo.

El texto que la Presidenta enviará al Congreso incorpora los principios de celeridad, oralidad, publicidad y "desformalización" de las decisiones; sus reglas cumplen con el núcleo de garantías procesales de la Constitución Nacional; prevé que ningún proceso podrá durar más de tres años; y agiliza la revisión de las decisiones.

El proyecto anunciado ayer por la Presidenta en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada además reconoce la tutela judicial de la víctima e incorpora la participación de la ciudadanía en el proceso de administración de justicia a través de jurados –que tendrán que ser regulados mediante una ley especial–.

La iniciativa introduce el principio de oportunidad procesal, que habilita al Ministerio Público a desistir de la acción pública por insignificancia u otras causales, aspecto que permitirá que los fiscales puedan aplicar una política criminal estratégica, de forma tal de dar preponderancia a la persecución de delitos más graves y la complejidad del crimen organizado.

También prevé la posibilidad de convertir la acción pública en privada para determinados delitos, y regula la conciliación como una forma alternativa de resolución, destacó la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Los jueces dejarán de investigar y pasarán a transformarse en jueces de garantías: serán quienes deban autorizar o denegar determinados requerimientos de parte del fiscal, que tendrá a cargo la instrucción de la causa y la persecución penal integral.

El Ministerio Público de la Defensa también tendrá mayores facultades para intervenir en el proceso, generar investigaciones propias y establecer mecanismos de organización útiles para el servicio de defensa pública oficial.

Las asociaciones y fundaciones podrán ser querellantes en las investigaciones de delitos de lesa humanidad o en causas por violaciones graves a los derechos humanos, en tanto que además se garantizará que las costumbres de los pueblos originarios sean tenidas en cuenta cuando los hechos involucren a sus miembros.

Las víctimas tendrán herramientas para intervenir en caso de que se sobresea al imputado; los riesgos procesales como el de entorpecer la investigación y el peligro de fuga de los imputados estarán regulados con pautas objetivas; y la investigación no podrá durar más de un año.

Miércoles, 8 de octubre de 2014