En una jornada violenta, se multiplicaron los actos de protesta en Caracas: hubo al menos dos heridos y unas 243 personas fueron detenidas por la policía.

Un efectivo de la Policía Nacional de Venezuela murió este jueves, poco después de haber sido baleado mientras reprimía uno de los múltiples actos de protesta que se efectuaron en Caracas como reacción al desmantelamiento de cuatro campamentos y la detención de 245 manifestantes opositores.

La muerte de ese efectivo, identificado como Jorge Colina, de 27 años, fue confirmada por el subdirector de la fuerza, Eduardo Contreras, y elevó a 42 la cantidad de víctimas fatales en el contexto de las protestas cotidianas iniciadas el 6 de febrero pasado.

Según testigos, el uniformado fue alcanzado por un proyectil cuando, como parte de una brigada de la Policía Nacional, intentaba disolver una manifestación en el sector Los Palos Grandes. Fue llevado a una clínica cercana, donde falleció. También se reportaron dos civiles y tres policías heridos, dos de estos últimos por disparos, así como "varios" detenidos.

Ese incidente fue el más grave de una jornada especialmente tensa, en la que las manifestaciones de protesta se multiplicaron en Caracas y en las principales ciudades del interior, luego de que el gobierno apresara a 243 estudiantes que mantenían campamentos de protesta en la capital, y a otras dos personas en una marcha contra esas detenciones.

Unos 900 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Nacional (policía militar) desmantelaron este jueves por la madrugada cuatro campamentos en sendas zonas de los municipios caraqueños Baruta y Chacao, y capturaron a 243 personas, anunció el ministro de Interior y Justicia, general Miguel Rodríguez Torres. El oficial explicó que los detenidos -entre los que "había menores de edad que estaban siendo manipulados", dijo- fueron llevados a un cuartel de la Guardia Nacional, a fin de "clasificar quiénes deben ser presentados ante el Ministerio Público y los tribunales".

Más tarde, el ministro exhibió armas, explosivos, alimentos, dinero, equipos de comunicaciones, drogas y otros elementos supuestamente incautados en los campamentos, y se esmeró en subrayar que "están garantizados los derechos humanos de los 243 detenidos", informó la agencia noticiosa estatal AVN.

Por la noche, el presidente Nicolás Maduro sostuvo que en el operativo se hallaron "armas que están involucradas en gente que está herida y en algunos muertos", y se aprehendió a "gente que quemó hace tres días, a los incendiarios de la plaza Altamira".

El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, había reportado más temprano que al menos dos personas fueron detenidas por efectivos de la Policía Nacional que dispersaron con gases lacrimógenos otra de las varias protestas que tuvieron lugar en Caracas.

Esas 245 detenciones se sumaron a la del presidente de la ONG humanitaria Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), reportada el jueves por la noche en Twitter por esa entidad y por el alcalde del municipio caraqueño El Hatillo, David Smolansky.

A la tensión contribuyó asismismo que la Justicia resolviera aplazar sin fecha conocida la audiencia en la que debía resolver, este jueves por la mañana, si el líder opositor Leopoldo López, preso desde el 18 de febrero, debe ser procesado o recuperar la libertad.

Además de las protestas callejeras, esos hechos causaron la reacción de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que reúne a 29 partidos opositores, así como la de sus principales líderes –tanto los moderados como los radicales-, luego de que el miércoles se anunciara la postergación, hasta la semana próxima, del diálogo con el gobierno.

La MUD reclamó en una declaración "la inmediata liberación" y "el debido respeto a los derechos humanos" de los detenidos, y sostuvo que "sorprende el despliegue de fuerza implementado por el gobierno nacional para este propósito, lo que no ha mostrado ante el creciente índice delictivo en todo el país", reportó el canal Globovisión.

En tanto, el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles afirmó que "la protesta pacífica es un derecho que está en la Constitución, y los derechos no se negocian; mientras haya problemas, el pueblo seguirá pronunciándose y eso hará que el gobierno se siga desgastando".

La tensión generada por los hechos de las últimas horas llevó a algunos analistas a poner en duda la continuidad del diálogo con que el gobierno y la oposición buscan superar la crisis causada por las protestas, que dejaron 42 muertos, 813 heridos, miles de detenidos y decenas de denuncias de violación de derechos humanos.

En medio de declaraciones de voceros oficialistas críticas hacia algunos sectores de la MUD, el gobierno anunció el miércoles que la cuarta sesión del diálogo fue aplazada para la semana próxima.

Viernes, 9 de mayo de 2014