Se trata de 243 estudiantes que mantenían campamentos de protesta en Caracas, a los que acusó de perpetrar "actos terroristas", y también a otras dos personas en una marcha contra aquellas detenciones y al presidente de una ONG.

Por otra parte, la Justicia aplazó sin fecha conocida la audiencia en la que debía resolver, esta mañana, si el líder opositor Leopoldo López, preso desde el 18 de febrero pasado, debe ser procesado o recuperar la libertad.

Tras esas noticias, recrudecieron las protestas callejeras en las principales ciudades y también la acción de las fuerzas policiales y militares para disolverlas.

Todo ello causó la reacción de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que reúne a 29 partidos opositores, así como la de sus principales líderes -tanto los moderados como los radicales-, luego de que ayer se anunciara la postergación, hasta la semana próxima, del diálogo con el gobierno.

Unos 900 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Nacional (policía militar) desmantelaron esta madrugada cuatro campamentos en otras tantas zonas de los municipios caraqueños Baruta y Chacao, y capturaron a 243 personas, anunció el ministro de Interior y Justicia, general Miguel Rodríguez Torres.

El oficial explicó que los detenidos -entre los que "había menores de edad que estaban siendo manipulados", dijo- fueron llevados a la sede del Comando Regional Nro. 5 de la Guardia Nacional, a fin de "clasificar quiénes deben ser presentados ante el Ministerio Público y los tribunales".

Más tarde, el ministro exhibió armas, explosivos, alimentos, dinero, equipos de comunicaciones, drogas y otros elementos supuestamente incautados en los campamentos, y se esmeró en subrayar que "están garantizados los derechos humanos de los 243 detenidos", informó la agencia noticiosa estatal AVN.

Rodríguez Torres volvió a acusar -lo había hecho el viernes pasado- a la esposa de López, Lilian Tintori, de apoyar los campamentos. "Se la pasaba metida en esas carpas, les lleva cosas y está pendiente de la logística", dijo.

Los alcaldes de Baruta y Chacao, Gerardo Blyde y Ramón Muchacho -opositores al gobierno central-, aclararon que no fueron notificados de los operativos antes de que se produjeran y que no participaron de ellos las policías municipales.

Muchacho reportó que al menos dos personas fueron detenidas por efectivos de la Policía Nacional que dispersaron con gases lacrimógenos una de las varias protestas que tuvieron lugar en Caracas una vez conocida la noticia del desmantelamiento de los campamentos.

Esas 245 detenciones se sumaron a la del presidente de la ONG humanitaria Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), reportada anoche en Twitter por esa entidad y por el alcalde del municipio caraqueño El Hatillo, David Smolansky.

Asimismo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó ayer la salida del aire de un programa de radio que conducía Iván Ballesteros, mencionado el viernes por Rodríguez Torres entre quienes supuestamente tienen "nexos" con un sujeto detenido días antes, acusado de ser el "cerebro" de "las protestas para derrocar al gobierno".

La MUD reclamó en una declaración "la inmediata liberación" y "el debido respeto a los derechos humanos" de los detenidos, y sostuvo que "sorprende el despliegue de fuerza implementado por el gobierno nacional para este propósito, lo que no ha mostrado ante el creciente índice delictivo en todo el país", reportó el canal Globovisión.

En tanto, el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles afirmó que "la protesta pacífica es un derecho que está en la Constitución, y los derechos no se negocian; mientras haya problemas, el pueblo seguirá pronunciándose y eso hará que el gobierno se siga desgastando".

La tensión generada por los hechos de las últimas horas llevó a algunos analistas a poner en duda la continuidad del diálogo con que el gobierno y la oposición buscan superar la crisis causada por las protestas que dejaron 41 muertos, cientos de heridos, miles de detenidos y decenas de denuncias de violación de derechos humanos.

En medio de declaraciones de voceros oficialistas críticas hacia algunos sectores de la MUD, el gobierno anunció ayer que la cuarta sesión del diálogo fue aplazada para la semana próxima.
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Jueves, 8 de mayo de 2014