El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó hoy que ofrece una recompensa de 2 millones de pesos en cada caso, para quienes aporten datos fehacientes que favorezcan la captura de los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, quienes se fugaron del Hospital Militar.

Al respecto, la resolución firmada por el ministro Julio Alak explica que la recompensa es por “información determinante para la detención” de cada uno de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Según señaló el Ministerio de Justicia, Olivera recibió una condena a cadena perpetua, mientras que De Marchi fue condenado a 25 años de prisión al cabo del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en la provincia de San Juan.

Alak solicitó hoy que se investiguen en profundidad los hechos, ya que “ambos internos habían sido trasladados del Complejo Penitenciario Federal Nº II en el horario matutino hacia el hospital Militar Central, en carácter de `Tránsito`, provenientes del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan”.



El motivo del traslado, según detalla el comunicado de esa cartera, era para cumplir con tratamientos médicos ordenados por el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, a cargo de Miguel Ángel Gálvez.

Luego de ser llevados a los consultorios médicos, se advirtió que los represores no se encontraban en la sala donde debían estar, según consta en la denuncia realizada ante la justicia por el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel.

El ministro de Justicia afirmó que “los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos (San Juan) ya que no existía riesgo de vida”.

En ese sentido, el Ministerio cumplió la resolución del juez Gálvez, aunque la calificó como “injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad”.

Viernes, 26 de julio de 2013