El Foro Multisectorial por la Justicia en un diario nacional denunció que presuntamente el Estado no le dio la asistencia necesaria para que 5 familias retuvieran a sus hijos. Escobar dio su versión de los hechos. Aseveró que actuaron correctamente y que algunos vivían como “animalitos”. “Nadie interpuso una apelación o recurso”, aclaró.

Justicia de Menores de Goya sacó a 19 chicos de sus hogares” fue el título de la nota publicada el pasado miércoles por el diario Página 12. Allí, desde el Foro Multisectorial por la Justicia denunciaba que supuestamente el Estado no otorgó la asistencia necesaria para que cinco familias puedan conservar a sus hijos, vulnerando así la ley de protección que prioriza la integración del niño con quienes son sus progenitores. Sin embargo, la magistrada a cargo del mencionado juzgado, Silvia Escobar aseguró que lo denunciado es infundado porque se siguieron los pasos legales correspondientes y que los niños fueron trasladados a hogares o con familias sustitutas para poder precisamente proteger a los chicos.

Fue en diálogo con el programa “Al que madruga” de FM Norte que la magistrada se refirió al informe publicado. “Antes de dar mi opinión personal, quiero contar como actúa el Juzgado de Menores frente a la vulneración de los derechos del niño”, comenzó diciendo. Tras lo cual explicó “cuando recibimos una denuncia de maltrato, abuso, descuido, abandono y lo primero que hacemos es tomar una audiencia informativa a los padres para ver qué está pasando, damos intervención a la psicóloga, a la asistente social, al Poder Judicial, y aparte solemos dar intervención a la asistente social y psicólogos de la Red Infancia Robada. Damos intervención también a la Municipalidad, para que nos den su asistencia tanto médica, psicológica, para que nos den un verdadero informe de lo que está pasando en la familia, no es que ante una denuncia se procede a sacarle el niño, todo lo contrario: lo primero que se trata de detectar es si existe o no una vulnerabilidad de los derechos; una vez detectado eso se busca una familia extensa que pueda asumir el cuidado”.

A su vez, continuó “cuando no hay familia extensa y sigue el peligro latente, como medida excepcional se procede a la institucionalización por un término máximo de 3 meses, ese es el procedimiento que se sigue. Se da intervención a la Asesora de Menores, quien dictamina y en todos los casos ha dictaminado en forma favorable, lo cual me ha ayudado a esa decisión”. Sin dejar de aclarar eso fue en base a “los informes incorporados en el expediente, no es un sólo , son varios. Estoy hablando de expedientes del 2005, 2007, 2011,”.

Detalles
Mientras que ya sobre la publicación, más precisamente sobre el párrafo “Ramón Rojas, de 42 años, clava unas maderas y las chapas de cartón que le dio la municipalidad para hacer dos habitaciones más: le dijeron que si arregla la casa, “por ahí” le devuelven los hijos. “Vino una camioneta, después de las 8 de la noche, y se los llevaron”, cuenta Delicia, la madre de los chicos. “Las criaturas lloraban a los gritos”, relata”; la jueza explicó que “el papá y la mamá nunca vinieron al tribunal, fueron citados muchas veces. Y fue el Copnaf que sugirió la internación porque muchos chicos no estaban escolarizados, tenían garrapatas en el cuerpo, estaban viviendo como animalitos”.

Por considerar que no era adecuado que vivieran así “se corrió vista a la Asesora de Menores, que también dictaminó que se proceda como lo había sugerido el órgano administrativo que es el encargado de proteger y de aplicar los derechos del niño, por eso se procedió a la institucionalización. Cuando eso sucedió, vinieron los padres al Juzgado, pero solamente para firmar el poder al abogado, que jamás interpuso un recurso contra la decisión, jamás pidió algo. Procesalmente, el abogado sabe que puede interponer recursos y puede acudir a la Cámara para que se revoque una decisión tomada en primera instancia. En el expediente no hay ningún recurso, ningún pedido formal”, aseguró la jueza.

Abuso
Con respecto a otra familia citada en el artículo periodístico, “un caso similar es el de la pareja que integran Yésica Rolón, de 21 años, y Gerardo Aranda, de 26, a quienes les quitaron cinco hijos: la mayor, de seis años, uno de 4, las mellizas de dos y un bebé”, Escobar indicó a la emisora goyana que “tenemos niños que han sufrido”. Precisando que una de las nenas habría sido abusada y el culpable de ello estaría identificado. “Esta nena cuando estuvo institucionalizada en el hogar, se ponía cosas en su zona genital y eso lo pueden atestiguar las personas encargadas del hogar que la cuidaban. O sea que hubo un abuso. La nena más grande tenía dislexia y andaba por la calle, la madre no sabía por dónde andaba. Es más, yo institucionalicé una de las nenas porque la madrina me la trajo y la cito a la madre y le digo vos sabes donde está la nena? y me dice “no, está con la madrina”. Hace una semana que estaba institucionalizada, y la madre no había tomado conocimiento, o sea no estaba donde estaba su hija, se enteró cuando yo la cito para contarle cuál era la situación de su hija. Las otras nenas tenían la cola quemada, llena de granos, con un soplo de corazón, no estaban siendo atendidas. O sea: son situaciones extremas, no se llega a una decisión así porque sí”.

Por otra parte, la jueza de Menores de Goya aclaró que el caso “Cardozo”, es un “expediente del 2005. Estos chicos, todos los días tenían que salir corriendo, con todos los hermanitos para la comisaría, por las discusiones, el alcohol, hasta el día de la fecha siguen siendo alcohólicas estas personas. Tenemos una menor 17 años que un día me dijo, en febrero de este año, “no me voy de mi casa porque tengo que cuidar a mis hermanas”. Buscamos familia y solamente se hicieron cargo de las tres mas grandes, y las cuatro siguientes se fueron en adopción. Sentencias que se encuentran firmes y consentidas. Nadie interpuso un recurso, una apelación”.

Apelación
Sobre el abogado José Luis Aguirre, quien aparece en el escrito, Escobar dijo a FM Norte que “yo puedo mostrar los escritos que hace; son muy poco serias sus presentaciones, jamás interpuso un recurso. Son escritos solamente pidiendo vistas y nada más, nunca pidió algo conducente al interés de los niños”.

No obstante remarcó que “acá vino la hermana Martha Pelloni, por la Red de Infancia Robada, la secretaria Mabel Barrile de la Municipalidad, a hablar conmigo, de qué es lo que estaba pasando: yo le mostré los expedientes”. Y la magistrada aseveró que “jamás objetaron algo de mi trabajo”.


Lunes, 17 de septiembre de 2012