 LAWFARE EN CORRIENTES
El caso que dejo al desnudo la persecución judicial para meter presos a opositores en Corrientes
En octubre de 2019, en Corrientes, el ex concejal del Frente de Todos de la ciudad de Goya, Ariel Pereira, se presentó en la comisaría tras enterarse de que se había librado una orden de detención en su contra. Ni bien pisó la dependencia policial fue arrestado y, desde entonces, permanece detenido. La condena por la que apresan a Pereira inicia con un hecho de 2009, se denuncia en 2014, la sentencia se dicta en 2017 y se ejecuta en octubre de 2019. De las 20 personas en la misma situación, el fallo solo avanzó contra Pereira, quien en definitiva terminó con prisión efectiva por 2 años e inhabilitado de por vida para la función pública tan solo percibir una mala liquidación de haberes que totalizan poco más de 4 mil pesos.
Pereira había sido acusado de “fraude a la administración pública con la modalidad de delito continuado”, porque que percibió un plus por título universitario que no le correspondía. El monto que menciona el fallo es de poco más de 4000.
Es decir, un poco más de 238 pesos mensuales. Esa irregularidad ocurrió durante el año 2010 – fue detectada en julio de 2011- y alcanzó a más de un centenar de personas, y tras un informe del Tribunal de Cuentas, el número se redujo a 20. Entre esa veintena estaba Pereira.
Sin embargo, y por esto, solo Ariel Pereira fue condenado en diciembre de 2017 por el Tribunal Oral Penal de la ciudad de Goya, Corrientes, a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones o empleos públicos accidentales o permanentes, ya sea por elección popular o nombramiento de autoridad competente.
En este marco, Pereira denunció que el proceso estaba plagado de irregularidades y que existe una persecución judicial en su contra por parte del oficialismo radical de la Municipalidad y la Provincia.
¿Justicia?
Hay dos hechos que son necesarios aclarar para entender cómo se construyó el lawfare en la Corrientes gobernada por el radicalismo de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.
Aquel error de 2010, la mala liquidación de haberes, ocurrió bajo la gestión de Darío Ortiz, quien se desempeñó como Jefe de Personal de la Municipalidad.
Es decir que Ortiz era el responsable de la liquidación de sueldos y, en consecuencia, quien dio la orden de pagar los 4238 pesos mensuales a Pereira y al resto de los 20 vinculados en la causa.
El dato destacado en esta causa es que es el mismo Ortiz, quien estaba a cargo del juzgado de Instrucción N°3 de Goya, y quien en 2013 recibe la denuncia de fraude a la administración pública basada en esa mala liquidación. La denuncia la realiza la, en ese entonces, concejala radical Geraldine Calvi.
Pereira, participó activamente de la campaña de 2014 en favor de Camau Espinola, candidato a gobernador por del Frente de Todos por Corrientes – se indicaba que competiría contra el actual intendente de Goya, Ignacio Osella de Juntos por el Cambio, en las próximas elecciones-.
Es justo en el año 2014 que se hace la presentación por parte de un grupo de concejales del Concejo Deliberante y por la cual se inicia la causa judicial por la mala liquidación en los sueldos.
En diciembre 2017, la causa avanza con la condena dictada contra Pereira, y aunque parezca increíble, es el mismo Darío Ortiz , el responsable de las malas liquidaciones por estar al frente de la Jefatura de personal de la Municipalidad, el juez que condena a Pereira a dos años de prisión.
Además, de los 20 imputados en la causa, sólo el caso de Pereira avanza en la justicia, mientras que los otros 19 que estaban en la misma situación fueron sobreseídos también el propio Ortiz.
PPV se comunicó con Pablo Fleitas, abogado de Pereira, quien dio detalles sobre la situación de persecución política que atraviesa este caso.
“La condena es de diciembre de 2017, después de eso, nosotros realizamos lo que se llama recurso de casación y vamos directamente al Superior Tribunal de Justicia; el Superior Tribunal no analiza el recurso, directamente refrenda la sentencia del Tribunal Oral Penal de Goya, a consecuencia de eso interponemos el recurso extraordinario federal para ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación- informó el abogado y agregó- No querían que el tema salga de la provincia, es por eso que el Tribunal Superior niega el recurso, esa sentencia es de 28 de julio de 2019”.
Ante esa negativa es que, finalmente, mediante un recurso de queja, se presentó el recurso extraordinario para acudir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es necesario aclarar que mientras se realiza el trámite de ese recurso ante la corte, ocurre que, en octubre de 2019, el Tribunal Oral ejecuta -intempestivamente- la condena que tenía Ariel Pereira.
El ex concejal, avisado de la situación extrajudicialmente -por un medio que lo consulta por la orden- se presenta en la comisaría y es detenido.
Persecución
Fleitas, también manifestó que “El Superior Tribunal mandó a ejecutar la sentencia bajo un procedimiento ilegal. Sin remitir las actuaciones, mágicamente aparece la causa y el expediente en el TOP de Goya y, mágicamente, aparece una orden de detención”.
El letrado aclaró cómo debió haber sido el funcionamiento correcto: “Todo ese procedimiento es ilegal, el ST tiene que sacar una orden para remitir las actuaciones al TOP de Goya, esa orden nunca existió. A la vez el TOP tiene que hacernos saber que ya está la causa para ejecutarse la sentencia en Goya, y hacer lo que se llama un cómputo de la pena. Tienen que corrernos traslado de cómputo de la pena. Nosotros tenemos 3 días para oponernos. Esa resolución puede ser a su vez recurrida, una vez que termina todo ese procedimiento, recién ahí pueden ordenar la detención.
Todo esto fue salteado por la aparición mágica de esa orden librada para octubre”.
Además, la detención de Pereira -que ocurre el 4 de octubre de 2019- sucede justo para el día que estaba programada una visita de Alberto Fernández -durante la campaña- a la provincia, la cual finalmente se suspendió por un paro en Aerolíneas Argentinas.
Ante esta situación, es inevitable sospechar las irregularidades que se sucedieron para detener ese día a Pereira tenían que ver con la intención de que la misma ocurriera durante el acto de campaña que llevaría adelante Alberto Fernández.
En ese acto, estaba pactado que Pereira obraría como anfitrión junto a otros políticos del armado provincial que apoyaban la candidatura presidencial de Fernández.
El abogado de Pereira también detalló lo inédito del fallo: “Además, la sentencia de Ariel Pereira, lo llamativo que tiene, independientemente de las irregularidades, es que es la primera en la República Argentina en la cual un tribunal funda su fallo en razones de pertenencia política e ideología política del imputado.
Tanto para encontrarlo responsable, tanto para descartar las pruebas, como así para agravar la condena y mandándola para que sea de cumplimento efectivo y no de suspenso como sucede en cualquier otro caso. Ariel no tiene antecedentes penales, y estamos hablando den que el evento no constituye un perjuicio mayor de que la totalidad de la percepción, que no debió percibir, asciende a 4200 pesos. Pero uno de los fundamentos para agravar la condena, y decir que la condena debe ser de cumplimiento efectivo, es que la esposa de Ariel trabaja en el mismo partido político y en el mismo bloque partidario.
Ese fue un fundamento pertenecer al PJ provincial”.
Finalmente, el abogado indicó: “Esta forma de actuar es como acciona el Poder Judicial en Corrientes, y es la manera por la que se tiene al 90% de la dirigencia del Partido Justicialista judicializada, o como bien se dice rehén jurídico, si bien las causas tienen distintos grados de avance. El caso de Ariel, es el caso testigo, por las particularidades de la causa, por las características de la condena.
En su caso el fin es proscribir, el fin es ese. Estamos a la espera de ver qué tipo de respuesta da la corte, máxime esta presentación del propio Estado Nacional”.
A raíz de lo expuesto por Pereira, el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -que se presentó como “amicus curiae”-, denunció ante la Corte Suprema de Justicia la existencia de numerosas irregularidades.
Anteriormente, en enero de este año, integrantes del Foro por la Democracia y la Libertad de lxs presxs políticxs visitaron Goya y se reunieron con integrantes de MEDEHS (Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad) y definieron que el caso representa uno más que se suma a la larga lista de ex funcionarios políticos -opositores al macrismo- que fueron víctimas de la persecución política bajo el gobierno de Mauricio Macri y que terminaron detenidos arbitrariamente.
FUENTE REVISTA PPV
Martes, 10 de marzo de 2020
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