El uso de mecanismos judiciales con magistrados obedientes al poder político en Corrientes “me recuerda la época de la dictadura, cuando lograron imponer el miedo con la represión y las balas; en este caso lo hacen con el lawfare”, dijo Ricardo Vassel, integrante del Foro por el Cese de la Persecución Judicial en esa provincia.

Entrevistado por la Voz de la Capital FM 99.3, Vassel explicó que la entidad de la que forma parte fue creada el mes pasado “ante las dificultades que encontraban las víctimas de esa persecución para poder accionar ante una Justicia perversa”.

La implementación de la persecución a dirigentes y militantes opositores al Gobierno provincial cuenta además con un mecanismo de presiones que también “tiene cooptado el 80 o 90 por ciento de la prensa” en la provincia, sostuvo.

“Son capaces de hacer cualquier cosa”, dijo Vassel.

La manipulación y el silenciamiento de los medios, logrados en buena medida a través del manejo discrecional de la pauta publicitaria oficial, logran crear “la sensación de que la persona perseguida políticamente es un ladrón, un corrupto; así justifican la detención rápidamente” y logran ocultar la difusión de cualquier argumento en defensa de los acusados, reveló.

El Foro expresó hace unos días su «satisfacción por la presentación de un amicus curiae del Gobierno Nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las serias irregularidades que cometió la Justicia de Corrientes en el caso del ex concejal de Goya Ariel Pereira y de muchas víctimas que resultan ser militantes políticos opositores al actual régimen gobernante”.

Se refería al recurso presentado ante la Corte por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, para que el máximo tribunal del país tome cartas en el caso de Pereira, concejal por el Frente de Todos en la ciudad de Goya (bloque opositor al gobierno municipal) que fue destituido e inhabilitado de por vida a ejercer cargos públicos y desde octubre del año pasado está en prisión, cumpliendo una condena de dos años tras haber sido hallado culpable del cobro de un plus salarial por un título universitario que no tiene.

El destituido concejal había sido absuelto por ese mismo cargo en 2014, cuando se lo sometió a juicio político, pero la acusación fue reiterada el año pasado y la causa recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo de Darío Ortiz, quien anteriormente había sido jefe de Personal de la Municipalidad de Goya y por tanto también tenía responsabilidad en el error administrativo que pasó a considerarse delito.


Aunque durante las investigaciones se hizo público que otras 19 personas contratadas en el municipio habían cobrado ese mismo plus salarial a pesar de no poseer título universitario, en todos los otros casos se determinó que se trataba de un error administrativo. Pero a Pereira se lo condenó a dos años de prisión de cumplimiento efectivo, además de la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos electivos o por designación.

El Foro por el Cese de la Persecución Judicial en Corrientes sostiene que el caso de Pereira es una muestra de las maniobras de las que se vale el poder político provincial para apartar de la vida pública a sus opositores a través de manejos turbios con el Poder Judicial.

En ese sentido, Vassel citó el caso de Eduardo Ocampo, ex concejal y ex viceintendente de Curuzù Cuatià, que también estuvo detenido durante dos años “despuès de pelear mucho con el juez, porque su causa no avanzaba”.

Ocampo fue encarcelado tras la presentación de un pedido de investigación presentado ante la ex titular de la Oficina Anticorrupciòn Laura Alonso: allí se denunciaba que “desde 1997 la ciudad de Curuzù Cuatià es gobernada por un mismo entorno político ya arraigado y siendo fiel copia del sistema implementado por el kirchnerismo”.

Tras describir las presuntas maniobras ilícitas de Ocampo, el escrito señalaba que “por tratarse del jefe u organizador de la presunta banda” el caso del ex concejal de Curuzú Cuatiá debía investigarse con especial premura “en virtud de su carácter de ex presidente de la Repùblica”: “Era un ‘copio y pego’ de las acusaciones contra Cristina Kirchner, posiblemente tomadas de ‘El rincón del vago’”, ironizó Vassel.

El integrante del Foro comentó que además de los que se han hecho públicos hay muchos otros casos de dirigentes y militantes perseguidos con falsas denuncias y presiones judiciales por el solo hecho se ser opositores, pero que las víctimas no lo denuncian “por el miedo que genera el poder político en la provincia: durante los casi veinte años ininterrumpìdos que el radicalismo lleva ejerciendo el gobierno provincial no ha perdido ocasión de ubicar a sus propios candidatos en todos los cargos del Poder Judicial”, afirmó.

Viernes, 6 de marzo de 2020