El ex concejal de Goya, Ariel Pereira está detenido hace casi cinco meses, 150 días encarcelado por una condena judicial ordenada políticamente. Hoy 3 de marzo cumple 43 años. No habrá festejos encerrado en un calabozo de una comisaría goyana. El viernes último el Estado Argentino (Secretaría de Derechos Humanos) desde un Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en el expediente con una dura crítica a la justicia de Corrientes, apuntado directamente a la cabeza del Poder Judicial de la provincia.

En menos de tres días el país se enteró del caso del ex edil del PJ Frente para la Victoria, que fue sentenciado a dos años de prisión efectiva por el mal cobro de un adicional por título universitario, que casi una veintena de personas incluidas el Defensor de los Vecinos de Goya, también percibieron irregularmente, pero que nunca fueron llevadas a juicio.
En las próximas horas el urticante tema para el gobierno radical local ingresará oficialmente al Congreso de la Nación, insólitamente no fueron los diputados del justicialismo correntino, quienes se interesaron en el increíble encarcelamiento de Pereira. Los más antiguos, José Pitín Ruiz Aragón y Jorge Antonio Romero, jamás se expresaron, ni abrieron la boca para hablar de lo que, para la mayoría de los medios nacionales, es algo inescrupuloso e injusto.
Pereira nunca falsificó documentación para cobrar el plus mensual de $238 por título universitario, por el contrario, presentó el analítico en el que consta, qué materias adeudaba. Y el jefe de personal que estaba a cargo de las liquidaciones del municipio goyano era precisamente el actual juez Darío Ortíz, quien luego lo condenaría, aunque antes decidió sobreseer a las otras 19 personas que estaban en similar situación. Entre los irregulares estaba incluido el actual Defensor de los Vecinos de Goya, Juan Luís López, quien cobró también un doble adicional. López en ese momento, era empleado del bloque liberal, agrupación política hoy en alianza con el radicalismo gobernante.



LOS OTROS 19

El cobro irregular no se dio solo con el ex concejal Pereira, en el lapso que va desde fines del 2009 a agosto del 2011, se daría también en esos otros 19 empleados municipales, que el Tribunal de Cuentas informó oportunamente al Concejo Deliberante. A ellos nunca se los investigo.
En una nota remitida por el Tribunal de Cuentas de la comuna con fecha 26 de junio de 2014, se detalla la lista completa de los cobros irregulares. Todos estos casos fueron absueltos al considerarlos un error administrativo.
Sandoval de Debortoli Norma, Quiroz Ramón, Esmay Pablo Luis, Flores Romina Vanesa, Godoy Pablo Prudencio, Gomez Ramón Alberto, Grandinetti Jorge Luis, Insaurralde Elizabeth, Lago Felipe Ramón, Madina Fabian, Median Leonida, Morato Oscar Aníbal, Rinaldi Rodolfo Oscar, Scofano Gustavo Adolfo, Silva Sergio Antonio, Godoy Ana María, López Juan Luis Gerardo, Gamarra Jorge Luis, Romero Mirta Fidelina, son quienes integraban la nómina de aquellos, quienes junto a Pereira, percibieron irregularmente sus adicionales por título universitario. Solo el ex concejal justicialista fue enjuiciado, sentenciado y encarcelado, por una condena, que en casos similares de toda la historia judicial argentina, fueron en suspenso por ser menores a tres años de prisión.



Ortiz, el juez partidario

Darío Ortiz, el actual juez de instrucción de Goya que pidió el juicio de Pereira, se desempeñó como funcionario del gobierno radical ocupando la secretaria de transporte de la provincia, nombrado por el entonces gobernador Ricardo Colombi, además fue abogado y jefe de personal de la municipalidad de Goya durante la gestión de Ignacio Osella (UCR).
Ortíz, antes de ser titular del Instrucción y Correccional N°3 de Goya, era un afiliado y militante radical con un fuerte trabajo proselitista callejero panfleteando la propaganda partidaria en las distintas campañas eloectorales



Martes, 3 de marzo de 2020