La tabacalera que está trabajando en Goya para instalarse allí, tal como lo venía anunciando, recurrió a la Justicia Federal y presentó la querella el jueves 26 de diciembre pasado, se informó a momarandu.com. Acusa a la multinacional Philip Morris - Massalin Particulares, por supuestas maniobras realizadas junto a funcionarios de la administración del expresidente Macri, para aprobar la reforma impositiva al tabaco que reduce alícuotas para grandes corporaciones e introduce un impuesto mínimo, indican.

En una querella presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 por la causa Nro. 5076/2019, Tabacalera Sarandí asegura que, Massalin Particulares -que tiene más del 70% del total del mercado-, y funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ministerio de Hacienda, y secretaría de Salud, utilizaron reportes e información desactualizada y falsa para impulsar el sistema impositivo, incluido en la reforma tributaria de la Ley 27.430. Los querellados: Macri, Marcos Peña y Dujovne.

La compañía denunció irregularidades en el proceso al afirmar que dichos funcionarios del Estado Nacional “omitieron dar intervención a la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria – ley 27.260 – para que se analizara y evaluara el proyecto de ley”, señalaron a momarandu.com

La reforma, dice el documento de TS, fue “armada como traje a medida” para empresas multinacionales -en particular Massalin Particulares-, y “perjudicó directamente al sector Pyme de esta rama de la industria y desfinanció el sistema de salud”.

“El mensaje del Poder Ejecutivo número MEN 2017-126 APN-PTE de fecha 15/11/2017, ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación el mismo día, fue suscripto por Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda, Marcos Peña, ex jefe de Gabinete de Ministros y Mauricio Macri, expresidente de la Nación”, finaliza la introducción del documento presentado por la compañía ante la Justicia federal.

la reducción de la alícuota a la que hace referencia TS, indicaron a momarandu.com, “benefició exclusivamente a las grandes empresas que son las que comercializan las marcas más caras, por ejemplo, Marlboro; Phillip Morris; Benson & Hedges; Parliament; Virginia; L&M, todas de la firma Massalin Particulares”.

“Los precios de las tres marcas de cigarrillos que comercializa Tabacalera Sarandí, en diciembre de 2017, eran de $ 19,00, $ 24,00 y $ 25,00, respectivamente, y los impuestos contenidos y determinados a tasa general en esos precios eran de $ 9,56, $ 12,38 y $ 12,95, respectivamente”, detallan a modo de ejemplo.

SOSPECHAS DE TS
Periódicamente las tabacaleras presentan informes a distintas dependencias de la Administración Pública (Secretaría de Agroindustria, Dirección General Impositiva), los cuales contienen los precios de venta por marca y la cantidad de paquetes vendidos.

Así, TS interpreta que el Poder Ejecutivo sabía, al momento de presentar la reforma, “que los precios de venta de las PyMe no superaban en ningún caso los $ 25,00 y que sólo las grandes corporaciones tenían precios superiores a $ 51,69, por lo que la decisión de la reforma de la ley fue propuesta conociendo que la reducción de la alícuota sólo beneficiaría a éstas últimas”, enfatizan desde la tabacalera y destacan que “el aumento de impuestos establecidos por la ley no sólo no es un aumento de carácter general, sino que afectó exclusivamente y en forma desproporcionada a los cigarrillos de menores precios, y a las marcas más caras les redujo su tributación al reducir la tasa general del 75% al 70%”.

De este modo, TS reitera que es una PyMe nacional y que esta situación les ha generado “una situación de quebranto porque, a diferencia de las grandes corporaciones, el impuesto interno absorbe completamente los ingresos obtenidos por las ventas”.

LOS PASOS JUDICIALES PREVIOS A LA QUERELLA
El impacto negativo de la medida llevó a Tabacalera Sarandí, y otras PyMes, a presentar una medida cautelar para no tributar el impuesto mínimo y, a principios del mes de diciembre, la jueza federal Cecilia Gilardi de Negre falló en favor de la compañía al considerar “inconstitucional el cobro de este impuesto a las pequeñas y medianas empresas del sector”.


Martes, 31 de diciembre de 2019