Otorgan cautelar a la Asociación Civil Proyecto Goya. Cae la Ordenanza Nº2018 impulsada por el intendente Ignacio Osella, que desprotegió el centro fundacional de la segunda ciudad de Corrientes. Se reconoce la permanente vigencia de la Ordenanza Nº1.965 que lo había protegido definitivamente en octubre de 2017 durante la gestión anterior.
El intendente deberá ordenar la inmediata clausura de todas las obras en altura superior a siete metros que avanzan en las zonas protegidas - las 72 manzanas comprendidas entre las calles Luis Agote, 9 de Julio, Agustín P. Justo y el río - y de todas las demoliciones de casas anteriores a 1930.

La Comisión Nacional de Monumentos, que renunció a ejercer su tutela preventiva, presionada por el intendente Osella, para permitir la desprotección de un patrimonio nacional, deberá explicarse ante el nuevo ministro de la Cultura que asume la semana que viene.

En una decisión histórica, y un caso destinado a hacer jurisprudencia, la justicia federal acaba de hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil Proyecto Goya, otorgando protección integral al Casco Histórico de la Ciudad de Goya y a su Area de Amortiguación, un lugar de memoria nacional que cuenta 72 manzanas sobre un total de 900 de la ciudad y posee un patrimonio cultural de incalculable valor, testigo de dos siglos de historia argentina: numerosos monumentos del siglo XIX, entre ellos el Teatro más antiguo del país (1873), el Puerto de la Escuadra de la Liga de los Pueblos Libres (1815-1820), los solares de Giuseppe Garibaldi (1842) y Camila O'Gorman (1848), y que fue testigo de los inicios de la Guerra del Paraguay (1865) y de la Conquista del Chaco Austral (1872-1883) sobre los pueblos originarios.

El juez subrogante a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1, Enrique Lavié Pico, resolvió "ordenar la suspensión de la Ordenanza Municipal Nº 2018/18, de la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, y disponer la prohibición de demolición de edificios anteriores al año 1930 y la construcción de obras que superen los siete (7) metros de altura en el Casco Histórico y en el Área de Amortiguación de dicha ciudad –de conformidad con lo dispuesto por la anterior ordenanza nº 1965/17–, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa".

Esta medida cautelar “aparece como la única posibilidad de evitar el posible gravamen que se produciría en el delimitado entorno urbano de la ciudad de Goya por el desarrollo de emprendimientos edilicios, decisión que se adopta a la luz de los principios preventivo y precautorio, propios de la naturaleza ambiental, consagrados expresamente por la ley 25.675”, agrega el juez Lavié Pico, confirmando así que la ley nacional de ambiente, que exige la realización de estudios de impacto ambiental, se aplica al patrimonio urbano cultural de Goya.

Con respecto al argumento del "empleo" y del "desarrollo" de la ciudad esgrimido por el lobby de la construcción, la resolución recuerda que la Asociación Civil Proyecto Goya "sostiene que la medida peticionada no implica una paralización de la construcción ni del desarrollo urbano de la ciudad de Goya habida cuenta que sólo tiene por objeto el 8% de su ejido, es decir, 72 manzanas protegidas sobre un total de 900".

En el marco de la Ordenanza n° 1965 votada por el Concejo Deliberante de Goya, precisa el juez federal, "respecto de las obras en altura mayor a siete metros, proyectadas o en construcción ya autorizadas, que no hubieran presentado en forma previa a su ejecución la Evaluación de Impacto Ambiental Obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.675, debían hacerlo en un lapso de 90 días desde su publicación. A su vez, estableció que en las zonas protegidas y en los entornos de los monumentos, dicha evaluación debía contar con un capítulo detallado de impacto histórico, cultural y paisajístico".

"Si bien no está vedado al Municipio adecuar sus normas urbanísticas en función de nuevas decisiones públicas, ello supone un examen y justificación razonables de los cambios introducidos así como de los impactos que ellos habrán de causar, extremos que, como se ha visto, no han sido

observados adecuadamente", explica el juez federal, constatando que no aparece "acreditado que la normativa impugnada hubiese priorizado acaso los propios objetivos a los que dice apuntar y busca afianzar".

Por todo ello, “se advierte el interés jurídicamente protegido de la accionante y la verosimilitud del derecho invocado”, enfatiza el magistrado federal, estimando "prioritaria la protección del patrimonio urbano de la ciudad de Goya" y ordenando se libren "sendos oficios a la Municipalidad de Goya, Provincia de Corrientes, y a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, a fin de ponerlas en conocimiento de la medida adoptada".

"Es una inmensa alegría para los goyanos, los correntinos y todos los argentinos ver que la justicia federal protege un casco histórico que pertenece a todos y estaba a punto de ser destruido”, declaró la Asociación Civil Proyecto Goya, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, de Francia, de España, de Italia, de la Unesco, de numerosas personalidades, entre ellas el obispo emérito de Goya monseñor Luis Stockler y de más de 7.700 ciudadanos en las redes sociales.

"Agradecemos a todos los ciudadanos y a todas las instituciones que nos han manifestado permanentemente su apoyo y a quienes han aportado generosamente a nuestra asociación civil para permitirnos hacer frente a los primeros gastos de abogados y lograr así esta primer victoria", agregó Proyecto Goya. "La batalla judicial será larga y es vital no bajar los brazos: próximamente estaremos lanzando una campaña solidaria para que todos los que no quieren perder este centro histórico de inmenso valor puedan participar en la medida de sus posibilidades".

“Es increíble, sin embargo, pensar que en nuestro país la Comisión Nacional de Monumentos, en lugar de proteger nuestro patrimonio nacional, estuvo dispuesta a permitir su destrucción a pedido de un intendente”, afirmó la asociación. “La ciudadanía, reunida en nuestra asociación civil, llama al nuevo ministro de Cultura a poner fin a este escándalo impulsando de manera decisiva el decreto de declaratoria del Casco Antiguo de Goya que se encuentra detenido sin razón”.

"¿ Y qué decir de nuestros concejales ?", continuó Proyecto Goya. "Lorena Pérez Carballo, Luis Alberto Ramírez y Daniel Lesteime fueron los únicos que resistieron, mostrándose dignos de representar a la ciudadanía. Los demás se dejaron dictar por el lobby de la construcción una ordenanza ilegal -hoy impugnada- que pretendía autorizar obras en altura y demoliciones de casas históricas, destruyendo el centro fundacional que resume nuestra identidad y es nuestro gran potencial, capaz de ofrecer a toda la comunidad una salida económica basada en el turismo cultural".

Las autoridades municipales deberán ahora ordenar la inmediata clausura de todas las obras en altura y de todas las demoliciones que desfiguran las zonas históricas protegidas, entre otras la clausura de un edificio de al menos ocho pisos de un empresario de la obra pública de la provincia de Corrientes.

Esta obra avanza en el histórico solar de la Casa de Amalia Mohando, esposa del gobernador Santiago Baibiene, héroe de la batalla de Ñaembé, en Alvear casi Colón, - y amenaza un predio rodeado de casas históricas como la morada del piloto de Garibaldi Pasquale Lodola - primer presidente del Concejo Municipal de Goya -, la del Comandante de Goya Estanislao Lemos -que detuvo a Camila O'Gorman y a Uladislao Gutiérrez el 14 de junio de 1848-, la del gobernador de Corrientes Gregorio Pampín o las antiguas pulperías de tiempos de Camila: la Casa Canevaro y la Casa Preve, todas aún hoy en pie y situadas a metros de esta obra.

El Centro Histórico de Goya y su Area de Amortiguación habían sido doblemente protegidos en 2017 en idéntico perímetro: por ordenanza municipal n° 1965/17 y por acta ejecutiva del 19 de noviembre de 2017 de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMLYBH). Un decreto nacional de declaratoria (EX-2017-30700941-APN-DMED#MC) había sido enviado el 15 de enero de 2018 al ministerio de Cultura para ser firmado por el presidente Mauricio Macri.

Pero la Comisión Nacional de Monumentos, presionada por el entonces nuevo Intendente de Goya Ignacio Osella y por el secretario de Cultura de la provincia de Corrientes Gabriel Romero – a su vez vocal de la Comisión –, en lugar de impulsar la declaratoria como era su deber, decidió renunciar a su tutela sobre un bien que gozaba ya de su protección preventiva, para permitir la derogación de la protección impulsada por el Intendente de Goya.

Ante la justicia federal, la Comisión Nacional de Monumentos declaró que recién “decidió detener el curso del expediente, iniciando gestiones tendientes a destrabar el conflicto” tras la derogación de la declaratoria municipal en octubre de 2018. Pero no fue capaz de aportar la prueba de ninguna “gestión” que hubiese llevado adelante en Goya en todo el año 2018 y tampoco pudo explicar por qué tras haber asumido su rol de Superintendencia activamente durante siete años de golpe renunció a él y dejó de actuar durante un año.

Peor aún, la Asociación Civil Proyecto Goya presentó ante el juzgado federal la prueba que en abril de 2018, seis meses antes de la derogación ilegal de la Ordenanza n° 1965, la Comisión Nacional de Monumentos, interrogada por Casa Rosada, reconocía que "el expediente por el proyecto de decreto estaba detenido por indicación del Intendente de la ciudad de Goya Ignacio Osella".

Una anomalía que tenía claramente por objetivo permitir al Concejo Deliberante de Goya derogar la declaratoria local para volver a autorizar demoliciones de casas históricas anteriores a 1930 y nuevas obras en altura totalmente prohibidas en las zonas doblemente protegidas: entre ellas la del empresario de la obra pública.


Viernes, 6 de diciembre de 2019