“Si bien el fiscal pidió dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua, los jueces del TOP finalmente resolvieron que la prisión sea efectiva. Consideramos que eso terminó de ratificar que este caso responde a cuestiones políticas”, manifestó Fleitas, quien basó su consideración en que “pese a que quedó demostrado que Pereira no fraguó documentación, igual lo condenaron y sólo a él, a pesar de que existen otros 19 casos similares. A eso se suma que uno de los jueces que emitió el fallo tendría que haberse inhibido”.

Al igual que su asesor legal, el ex edil -en reiteradas oportunidades- atribuyó su juicio a un intento de evitar que participe en la actividad política. “El martes venidero leerán los fundamentos del fallo. Cuando eso se concrete iremos al STJ hoy estamos esperando lo que resuelva la Corte Suprema”, concluyó la defensa de Pereira.
El TOP consideró que el concejal con mandato cumplido cobró en forma indebida un plus por título universitario. En el 2014 el caso fue desestimado en el Concejo pero un juez lo procesó en octubre del 2015. Ayer fue condenado, aunque su defensa insistió con presuntas anomalías en el juicio y ratificó que irán hasta la Corte Suprema.
En el Tribunal Oral Penal (TOP) de Goya dictaminó que el ahora ex edil Ariel Pereira, cometió fraude contra la administración pública cuando -entre fines del 2009 y junio del 2011- con su dieta cobró un adicional por un título universitario que aún no tenía. Por ello, lo condenó a “dos años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones o empleos públicos”. Tras conocer este veredicto, la defensa de quien hasta el último domingo integraba el Concejo, ratificó que él no fraguó ninguna documentación para percibir un adicional y por ello, de ser necesario, irán hasta la Corte Suprema.
Esta causa tiene su origen en un planteo realizado hace más de tres años por un concejal que derivó en la conformación de una comisión investigadora en el recinto goyano. En una ajustada votación, la mayoría resolvió absolver a Pereira por considerar que no fue su responsabilidad que le acreditaran un adicional de aproximadamente $240 por mes por un título universitario. Argumentaron que el entonces edil, al asumir, presentó todas sus documentaciones, entre ellas un título analítico, pero que no habría manifestado que ya egresó de la carrera y menos aún solicitó cobrar por ese estudio.
En aquella misma sesión, renunció el concejal que había denunciado el caso y luego la mencionada comisión investigadora elevó el caso a la Fiscalía para que esta investigara si existió o no delito. Un paso que supuestamente se había cumplido y por ello, en octubre de 2015 el juez de Instrucción Nº 2 resolvió procesar a Pereira por presunto fraude.
El proceso judicial avanzó y en octubre del 2017, el TOP fijó el inicio del juicio para el pasado 1 de diciembre.

En aquella primera audiencia, tal como informó este diario, la defensa de quien aún integraba el cuerpo deliberativo, objetó a uno de los miembros del TOP porque sería parte de una causa vinculada al caso. Un planteo que le fue rechazado. Luego, Pereira expuso su versión de los hechos e insistió en que no fraguó documentación para cobrar el adicional. Mientras que dos empleados del legislativo explicaron cómo se liquidan las dietas.
Tras estos testimonios, se pasó a un cuarto intermedio hasta ayer cuando se escucharon a cuatro testigos de la defensa. La primera en hacer uso de la palabra fue Stella Maris Ginocchi, quien era la presidenta de la comisión investigadora conformada en el Concejo en el 2014. “Previamente pedí que se exhiba la denuncia en base a la cual se inició la causa contra Pereira pero rechazaron el requerimiento”, expresó el abogado del ex edil, Pablo Fleitas. Al mismo tiempo acotó: “Consideramos que lo grave fue lo que sucedió después: Ginocchi explicó que nunca firmó la denuncia, que en realidad ella firmó papeles en el marco del trabajo de la comisión pero no esa denuncia”.
“Por eso queríamos que se exhiba el documento ya que en realidad sólo eran dos hojas. En la primera, escrita de ambos lados, se exponía la presunta denuncia y en la segunda, donde estaba la rúbrica de Ginocchi, sólo decía: ‘Sin otro particular, me despido de usted atentamente’”, expuso el letrado, quien en base a eso pidió la nulidad del juicio y que el caso volviera a Fiscalía. “Debatieron un rato y después manifestaron su rechazo al planteo”, completó Fleitas.
Luego, la audiencia continúo con el testimonio de Pablo Monzón y Cesar Kalemberg, quienes también integraron la comisión investigadora del Concejo y la prosecretaría del recinto goyano. Una vez finalizada la ronda de testimonios, ya se escucharon los alegatos de la querella y la defensa.


Jueves, 10 de octubre de 2019