La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que sean sometidas a juicio oral y público en el fuero federal dos escribanas procesadas por su vinculación con supuestas maniobras para eludir el pago de impuestos en la compra de dos inmuebles por parte del ex gobernador de Corrientes Ricardo Colombi, informaron fuentes judiciales de los tribunales de Retiro. Es por la denuncia de Hernán González Moreno.

Las dos profesionales están procesadas por supuestas maniobras para eludir el pago de impuestos.

La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma del juez Juan Carlos Gemignani, determinó que las escribanas Gladys Dionisia Báez y Roxana Edith Cabral sean sometidas a juicio en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que se había declarado incompetente. Luego de que el tribunal federal de Corrientes soltara el expediente indicando que era materia de atención para la Justicia provincial, el fiscal Carlos Schaefer apeló la medida, que comprende una investigación iniciada en 2009 por el fallecido empresario de medios Hernán González Moreno ante la supuesta evasión tributaria del ex diputado nacional y gobernador Ricardo Colombi. Según el fallo emitido ayer en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, se trata de abrir un debate por “la presunta participación que les cupo en las operaciones de escrituración en las que intervinieran en su carácter de escribanas de dos inmuebles cuya adquisición (...) se atribuye a Horacio Ricardo Colombi, ex gobernador de la provincia de Corrientes y diputado nacional al momento de los hechos, falseando datos para que tales bienes no figuraran en el patrimonio del nombrado, disimulando así su incremento”. Las imputadas fueron indagadas, procesadas y elevadas a juicio, en el caso de Cabral, por haber certificado las firmas de las partes en un contrato de seña “indicando como fecha cierta del acto el 31 de noviembre de 2006, fecha inexistente en el calendario”, señaló la resolución. Y, a Báez se “le atribuyó el hecho de haber insertado datos falsos en las escrituras” de la compraventa de dos casas por parte de un empleado del Pami Corrientes y su esposa, una funcionaria del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que luego, con la misma escribana autorizaron la cesión de derechos y acciones hereditarias de ambos inmuebles a favor de Colombi. Entre otros fundamentos, el juez Gemignani indicó que “si se toma en cuenta que la causa se formó en el año 2009 y que hasta su elevación a juicio estuvo radicada en un juzgado con competencia federal, la solución más aconsejable, a fin de no dilatar más el trámite de una ya muy demorada causa, es que las presentes actuaciones continúen radicadas en el Tribunal Oral Federal interviniente”.

Jueves, 28 de febrero de 2019