Luego de un largo período de estudio, con varias idas y vueltas, el Gobierno busca avanzar en el ajuste de las pensiones por discapacidad, con el objetivo de transparentar su otorgamiento, pero al mismo tiempo de revisar los casos de aquellos beneficiarios que no cumplen con los requisitos. Por eso, en las próximas horas publicará una resolución con el objetivo de realizar una renovación progresiva de los certificados médicos de los titulares y los datos de más de un millón de personas.

Luego de un período de estudio, revisará el beneficio de más de un millón de personas. Lo haría caso por caso. La sospecha gira en torno al súbito crecimiento de la cantidad de pensiones por invalidez laboral otorgadas durante la década kirchnerista, cuando se pasó de unas 170 mil pensiones a más de un millón de beneficiarios.


“No se va a cortar con ninguna pensión de forma automática. Se comenzará a actualizar los certificados médicos que están actualmente en papel. Vamos a analizar cada caso en particular y, si hiciera falta, convocaremos uno por uno”, se atajan desde la Casa Rosada ante la consulta de Clarín. Es que se trata de un tema espinoso para el Gobierno porque el antecedente más reciente fue la experiencia fallida de 2017, cuando el por entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino; ordenó una quita masiva de pensiones por invalidez, sin aviso previo.

Tal fue el revuelo por aquel recorte abrupto de unas 60 mil pensiones que Badino fue desplazado, el Gobierno debió dar marcha atrás con la medida y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que en lo formal quedó bajo la órbita del secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis; y en términos políticos de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Pero en el Gobierno el tema se mantuvo en agenda: la sospecha gira en torno al súbito crecimiento de la cantidad de pensiones por invalidez laboral otorgadas durante la década kirchnerista, cuando se pasó de unas 170 mil pensiones a más de un millón de beneficiarios.

Actualmente, según información oficial aportada por la Agencia de Discapacidad; hay 1.044.000 beneficiarios que deben cumplir con los requisitos que establece el decreto 432/97 que complementó la Ley 13.478. Esto es poseer una incapacidad laboral total y permanente del 76%, no estar amparado por un régimen previsional u otra prestación no contributiva; o no contar -el beneficiario o su grupo familiar- con ingresos o recursos.

Los beneficiarios por la pensión por invalidez en febrero cobraron $6.516,37 y desde marzo recibirán $7.287,25.

El plan de transparencia, avisan en el Gobierno, se dará de forma progresiva pero constante.

La depuración implicará que a lo largo de este año la Agencia convoque a unas 120 mil personas para actualizar datos. “Va a ser fácil porque los que saben que no les corresponde el beneficio ni se van a presentar”, vaticinan.

Pero habrá otras dos medidas sobre las que se trabajará en paralelo. En principio, tras la emisión de la resolución 268/2018, que estableció un nuevo circuito de control de la información, la Agencia comenzó a relevar presuntas incompatibilidades económicas y a notificar a los beneficiarios involucrados para que hicieran su descargo en oficinas de ANSeS en un plazo de diez días hábiles, con un período de gracia de otros 30 días más.

En esta primera etapa de análisis, surgieron más de 10 mil casos de incompatibilidades, según confirmaron a Clarín desde la Agencia. “Muchos figuraban con trabajo registrado. Otros que ni siquiera estaban en el país. Y hasta hubo casos de beneficiarios que pasaban tres meses sin ir a cobrar que va en contra del requisito de estar en situación de vulnerabilidad social que se debe cumplir para gozar de la pensión”, repasaron desde el organismo, conducido por Santiago Ibarzábal. Este punto ya generó controversia en el pasado, cuando Badino dio de baja pensiones a personas con el argumento que tenían a su nombre un vehículo.

En 2017, un entrecruzamiento de datos permitió detectar unos 7 mil casos de beneficiarios que habían muerto pero igual se les seguía pagando la pensión. Aunque en un porcentaje menor, desde la Agencia admiten que también se detectaron casos y que una vez agotadas todas las instancias administrativas de control y revisión, serán dados de baja.

En el Gobierno apuntan que en parte esto se explica a partir del caos organizativo que heredaron. “Es muy difícil encontrar un expediente entre un millón de papeles”, grafican en relación a que todos los legajos se confeccionaban en formato papel y se guardaban en distintas dependencias.

Por eso, hacia adelante, la idea es terminar con el expediente papel: para las personas que deseen tramitar una pensión, el Gobierno ya puso en marcha el circuito de Certificados Médicos Oficiales (CMO) digital, que deberá tramitarse en hospitales públicos y en el que cada médico tendrá que validar en forma online la discapacidad de la persona que tramita el beneficio.

Esta digitalización, exponen desde la Agencia, evitará que no haya más documentos ilegibles, como sucede hoy en tantos expedientes afectados por el deterioro del formato papel. Y que ningún médico pueda desconocer que firmó un certificado de discapacidad sin que se cumplieran los requisitos.

Miércoles, 6 de febrero de 2019