El tubo de gas de 10 kilogramos pasará a costar desde mañana casi 300 pesos en las distribuidoras, y esta suba se trasladará a los comercios barriales, en donde en promedio ya se está cobrando casi $350. El Gobierno sólo puede controlar a las fraccionadoras.

Luego de que la Secretaría de Energía oficializara el lunes pasado la suba del precio tope para la venta de garrafas de gas, los usuarios ya se encuentran sacando cálculos para saber cuánto les costará adquirir un tubo en su kiosco del barrio o mediante el envío a domicilio. Es que si bien el producto pasará de 220 pesos a casi $300 en las plantas distribuidoras, la regulación no rige para los revendedores ni para el servicio de “delivery”.
Luego de que El Litoral publicara la noticia del incremento, el mismo día que fue anunciado por Nación, varios vecinos se quejaron por la medida, y además reflejaron la diferencia de más de 100 pesos que abonan cada vez que compran un tubo de 10 kilogramos en los negocios barriales. De acuerdo a lo consignado por vecinos de distintas zonas, en promedio cada garrafa de este tamaño les cuesta unos $350, y se da en distintos lugares: Pirayuí, Chiquita, Laguna Seca, Serantes, Quintana y Libertad. El importe máximo registrado entre estos testimonios fue de $390, mientras que el menor quedó en $320.
Teniendo en cuenta el valor promedio cobrado de 350, se puede considerar que la diferencia entre la planta distribuidora y el pequeño comerciante es de aproximadamente $130. Con la suba oficializada, el importe en las fraccionadoras sube a $301, por lo que, teniendo en cuenta la tendencia mencionada, el gas envasado en los kioscos podría pasar a costar alrededor de $460.

Controles
Por intermedio de la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor, la Provincia se encarga de inspeccionar que las plantas distribuidoras cobren por el expendio de garrafas, en el lugar, el precio estipulado por Nación. De hecho, cuando se anunció la intención de subir los importes, varias de las empresas locales comenzaron a aplicar esta medida a pesar de no estar oficializada, y por ello recibieron actas de infracción.
El problema es que, por más que se quejen los ciudadanos, este organismo no puede controlar los valores de venta en los negocios barriales, ni tampoco el que las distribuidoras cobren por el envío a domicilio. “El cobro en estos casos es libre, nosotros no podemos sancionar a estos comercios”, dijo a El Litoral el titular del área, Juan José Ahmar.
De igual forma, adelantaron que continuarán con el contralor para las fraccionadoras, incluyendo el seguimiento a las actas labradas a aquellas firmas que cobraron precios mayores a principios de enero. Según informaron, cuatro de las cinco empresas incurrieron en esta infracción, y luego de las advertencias bajaron los importes, salvo una que siguió ofreciendo las garrafas de 10 kilos a 295 pesos.
Vale recordar que en el primer día hábil del año, estas firmas habían aumentado el tubo de gas en un 40%.

Miércoles, 30 de enero de 2019