El enfrentamiento del gobierno venezolano con sectores adversarios y disidentes escaló este lunes nuevos peldaños con la intervención a la policía del estado Miranda que gobierna el líder opositor Henrique Capriles y el rechazo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a un recurso presentado por la fiscal general, la chavista Luisa Ortega Díaz.

Todo ello tuvo lugar en medio de una jornada en la que militares y policías volvieron a reprimir protestas callejeras contra el gobierno en varias ciudades del país y una ONG denunció que desde comienzos de abril pasado fueron detenidas más de 3.000 personas en manifestaciones opositoras.

Por un lado, la Sala Electoral del TSJ declaró "inadmisible" por "inepta acumulación de pretensiones" el recurso presentado el jueves pasado por Ortega Díaz pidiendo la nulidad de la convocatoria a una asamblea constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro, reportaron el diario caraqueño El Nacional y la agencia EFE.




Ortega fundó su solicitud en que el decreto de convocatoria "no cumplía con los extremos legales" y el Consejo Nacional Electoral (CNE), que convalidó el llamado, "incurrió en violaciones de los principios de progresividad de los derechos humanos", entre otras supuestas irregularidades.

Poco después de que se conociera la decisión del TSJ, Ortega reveló que había solicitado a la máxima corte la "desincorporación" de 13 de sus jueces titulares y 20 suplentes, cuyas designaciones impugnó, según dijo a la emisora Unión Radio.

Esos magistrados fueron nombrados en diciembre de 2015 por la mayoría chavista saliente de la Asamblea Nacional (parlamento), fuera del período ordinario de sesiones y dos semanas después de que la oposición ganara holgadamente las elecciones para renovar el Legislativo.

Muchos de esos jueces -todos partidarios del chavismo- reemplazaron a otros a los que el gobierno había presionado para que renunciaran anticipadamente. En Venezuela, el mandato de los magistrados dura siete años.

La jefa de los fiscales afirmó que "la falta de legitimidad de origen" de los jueces afectó el desempeño del TSJ hasta convertirlo en "un obstáculo para la paz del país", consignó DPA.

Explicó que demoró un año y medio en presentar la impugnación porque "no fue fácil" para ella "acceder a las actas de designación".

Asimismo, Ortega Díaz aseguró que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) amenazaron a ella y a sus familiares directos mediante llamadas y seguimientos a bordo de camionetas.

"Yo quisiera hacer responsable a las autoridades del Estado venezolano, en especial al Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia; no es posible que mi familia sea objeto de amenazas, este es un tema que tienen que resolver conmigo, no con mi familia", advirtió.

Pese a su origen chavista, Ortega Díaz está enfrentada con el gobierno de Maduro desde comienzos de abril, cuando criticó los dos fallos del TSJ -limitando la inmunidad de los diputados y arrogándose la facultad de legislar- que originaron el comienzo de las protestas opositoras casi cotidianas que dejaron al menos 67 muertos y más de un millar de heridos.

Luego, la titular del Ministerio Público (MP) se pronunció en contra de la represión militar y policial de las manifestaciones de protestas.

El enfrentamiento se profundizó a partir de la decisión de Maduro de convocar a una asamblea constituyente "originaria", que debe redactar una carta magna nueva y no reformar la actualmente vigente.

La fiscal general cuestionó que Maduro impulse el fin de la vigencia de la actual Constitución, que es la que impulsó en 1999 -reforma mediante- el entonces presidente Hugo Chávez, y que parte de los constituyentes serán elegidos en representación corporativa de ciertos sectores de actividad.

En ese contexto, Radio Nacional Venezuela no emitió la semana pasada el programa del MP, aunque sostuvo que no se trató de un acto de censura, y el sitio web del MP salió de servicio este fin de semana y esta noche todavía permanecía inaccesible.

Mientras tanto, el gobierno central dispuso la intervención de la Policía de Miranda por haber hallado "suficientes elementos de convicción" sobre "la participación de funcionarios en violaciones de derechos humanos y redes delictivas", justificó el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.

"Es una respuesta absolutamente personal, enferma obsesión del señor Reverol y sus acompañantes; están obsesionados porque cada montaje que han hecho lo hemos desmentido", dijo Capriles sobre la decisión en conferencia de prensa.

Paralelamente, encapuchados prendieron fuego a oficinas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura -dependiente del TSJ- y de un banco privado en Chacao, en el este de Caracas, en uno de los varios disturbios registrados en medio de protestas opositoras.

El director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que en protestas ocurridas desde el 1 de abril fueron arrestadas 3.132 personas, de las cuales 1.350 continuaban privadas de libertad.

Martes, 13 de junio de 2017