Se trata de un comisario y un oficial que, según la denuncia, no depositaban el dinero en el Fondo Especial de Seguridad. Tal irregularidad fue descubierta después de una investigación iniciada en el Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, a cargo de Martín Vega, donde se logró establecer a través de pruebas directas que la plata nunca ingresó en la cuenta del Banco. Ambos efectivos están acusados de Peculado.

En las últimas horas se conoció un caso de corrupción policial que involucra a dos oficiales de la Comisaría de Perugorría, a quienes la Justicia procesó y separó de sus cargos por quedarse indebidamente con el pago de fianzas de detenidos por contravenciones. Todo comenzó a principios de 2013, cuando un hombre que reside en la localidad de Perugorría contó al entonces fiscal subrogante, Ricardo Larreteguy Saloj, sobre un caso de presunta corrupción que habría ocurrido en la jurisdicción de la Comisaría de esa localidad.
Según el denunciante, llegó a su conocimiento que funcionarios policiales de jerarquía en el ámbito de dicha dependencia policial se habrían apropiado del importe de multas que cobraron a personas que habían sido sancionadas por faltas contravencionales. Por ello se dio intervención al juez de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Martín José Vega, quien sin perder tiempo se abocó a la investigación del caso.
Con el transcurrir de la pesquisa se pudo determinar que efectivamente en abril de 2013, dos personas fueron detenidas en carácter de contraventores en la dependencia policial de Perugorría, siendo el jefe a cargo de la misma por esa fecha el comisario Gerardo Oscar Medina, quien labró las actuaciones junto al oficial auxiliar Sergio Adrián López.
Para recuperar su libertad, ambas personas debían abonar una suma de dinero que rondaba los 5.000 pesos en total o purgar la sanción de arresto por varios días. Un familiar de los mismos consiguió el dinero y lo entregó en propias manos a los funcionarios policiales un domingo de dicho mes de abril, y era obligación de dichos efectivos depositar el dinero en el Banco de Corrientes al día siguiente (lunes), ya que esos fondos pertenecen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Jefatura de Policía de la Provincia, habiéndose creado un fondo especial a tal efecto denominado Foese (Fondo Especial de Seguridad).
El Juez logró establecer a través de pruebas directas que el dinero nunca fue depositado en el Banco porque los dos efectivos se lo habían quedado indebidamente, hecho por el cual esta semana (el miércoles precisamente) dispuso dictarles a ambos el procesamiento y prisión preventiva por el delito de "Peculado", que se encuentra previsto en el artículo 261 del Código Penal y reprime con pena de reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.

LIBRES, PERO
PROCESADOS

Entre los fundamentos de la medida se destaca la manifestación de voluntad irrenunciable del Poder Judicial para luchar contra la corrupción, en aras de consolidar valores republicanos de primer orden y velar por el fiel acatamiento de la ley por parte de los funcionarios públicos.
Si bien se les otorgó la excarcelación a ambos imputados, en razón de no comprobarse la existencia de riesgos procesales, el magistrado les trabó un embargo preventivo por la suma de 20 mil pesos a efectos de garantizar el futuro eventual pago de las indemnizaciones del caso y los gastos del proceso.
Para ello tomó en consideración el menoscabo ocasionado a las arcas del Estado provincial, que destina esos recursos a satisfacer necesidades de primer orden, debiendo garantizarse que el ilícito no rinda provecho a los autores y se resarza a la sociedad por el daño ocasionado.
Por la misma resolución, el juez Martín José Vega dispuso comunicar lo actuado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Jefatura de Policía de la Provincia en razón de tratarse de los organismos oficiales directamente afectados por la irregular actuación de los oficiales involucrados.

Viernes, 1 de abril de 2016