El Tribunal Oral Penal de Goya condenó al exintendente Gerardo Bassi, a Marcos Bassi (su hijo que se desempeñaba como secretario de Gobierno) y al actual Concejal Juan Domingo González, a un año de prisión en suspenso y a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por incumplimiento de sus funciones. Desde la defensa del exintendente sostienen que todo se realizó de acuerdo a la legislación vigente, a la vez que señalaron que hay motivaciones políticas detrás de esta movida judicial "para sacar de la cancha a los Bassi"

El Tribunal Oral Penal de Goya condenó al exintendente Gerardo Bassi, a Marcos Bassi (su hijo que se desempeñaba como secretario de Gobierno) y a Juan Domingo González, a un año de prisión en suspenso y a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por incumplimiento de sus funciones.

Se trata de una de las cinco causas que llegaron unificadas a debate y generadas por la emisión de cheques de pagos diferidos. El debate concluyó ayer viernes e involucró a un total de cinco exfuncionarios.

De esta manera, el tribunal definió que Gerardo Bassi, Marcos Bassi y González (entonces titular del Concejo) sean condenados a un año de prisión en suspenso y a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por hallarlos responsables penalmente del delito imputado.

Para el caso específico del exjefe comunal peronista "El Profe" Gerardo Bassi, de las restantes cuatro causas fue absuelto en tres por falta de acusación fiscal "y por ende había una insubsistencia de la acción penal por falta de sostenimiento de acusación fiscal", explicaron desde la Justicia. En la cuarta también fue absuelto, por insuficiencia probatoria.

Por su parte, Marcos Bassi llegó a juicio con dos causas y fue absuelto de la imputación fiscal en la otra.

Asimismo, el actual Concejal de la alianza "Peronistas con Valdés" Juan Domingo Gonzáles y Carolina Elizabet Pedrozo tenían una sola causa, y en el caso de la exfuncionaria la condena fue de un mes de prisión en suspenso y dos meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pedro Raimundi fue absuelto por insuficiencia probatoria en una causa y por falta de acusación fiscal en otra.


Conocida la sentencia, el Diario época hoy detalla que pudo contactarse con la defensa de los condenados.
En este sentido anunciaron que van a apelar el dictamen en una instancia superior, a partir los fundamentos que se darán a conocer la semana que viene.

En este marco, sostienen que todo se realizó de acuerdo a la legislación vigente, a la vez que señalaron que hay motivaciones políticas detrás de esta movida judicial "para sacar de la cancha a los Bassi", graficaron en diálogo con este medio.

"Es importante aclarar que Gerardo Bassi fue absuelto en cuatro de las cinco causas. Y que ninguna de ellas es por corrupción, asociación ilícita o peculado, como se dojo desde un primer momento, dónde se realizaron allanamientos estando en sus funciones, haciendo ya una acusación pública ante los medios.

Todas las causas eran por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público", comenzaron diciendo desde el entorno de quien fue intendente de Goya. En este sentido, agregaron que se pretende cuestionar la emisión de cheques de pago diferido cuando "en realidad todo se hizo de manera correcta".

Con respecto a esto, recordaron que la emisión de ese tipo de órdenes de pago se concretó con el aval de los dos tercios del Concejo Deliberante. Y que la acusación se basaba en eso y en que habrían comprometido el presupuesto municipal del año siguiente, es decir, del 2018.

"Ellos (exfuncionarios) no cometieron incumplimientos de sus deberes porque primero tenían el aval de los concejales a través de una ordenanza y segundo, lo que emitieron desde mediados de julio de 2017, no representó más del 5% del presupuesto del 2018 que fue de $620 millones", explicaron.

A eso, indicaron, hay que sumarle otras cuestiones: "La ley de cheques aclara bien que el Ejecutivo puede emitir cheques de pago diferido si no supera los 360 días. Y la ley de administración financiera habilita un endeudamiento de entre un 20 y un 25%; y ellos no superaron el 5%".

"Es decir, que ellos cumplieron con esos requisitos y por lo tanto estaban amparados por esas normas. Por si esto fuera poco, el Tribunal de Cuentas aprobó las rendiciones del 2017 donde estaban los cheques de pagos diferidos y el Concejo -ya en el 2018- por unanimidad aprobó los balances del año anterior. Esto significa que los dos órganos de contralor municipal no objetaron la legalidad de ese sistema de pago", concluyeron.

Viernes, 9 de septiembre de 2022