Con esta afirmación, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, se refirió al proyecto del gobierno nacional de traspasar las universidades a las provincias y reflotar el proyecto menemista de la década del noventa.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, sostuvo que “si el gobierno nacional decreta la provincialización de las universidades al día siguiente debe dejar de existir la Secretaría de Educación porque ya no tendría sentido su existencia porque no tendrá nada que hacer”, y agregó que en la década del noventa cuando se traspasaron las escuelas secundarias nacionales y los institutos terciarios a las provinciales al Ministerio de Educación se lo denominó popularmente como "el ministerio sin escuelas". “Sería una locura”; afirmó el rector universitario

“Ya no tienen las escuelas primarias, secundarias ni los institutos terciarios que fueron provincializadas. Si se traspasa las universidades un Ministerio de Educación no tiene sentido”, expresó en diálogo con Ámbito. En una charla telefónica con este medio el rector de la Universidad Nacional de San Luis sostuvo que el traspaso de las universidades “debe ser aceptado por las provincias y a la vez las legislaturas provinciales deben aprobarlo”.


“De última si yo fuera gobernador y me plantean la provincialización universitaria le diría al presidente Javier Milei: 'Pasame las universidades, pero también el dinero necesario para su mantención'; y a los 10 minutos también le digo que me pase la Afip porque si la Nación puede mantener las universidades, tampoco los caminos o atacar como se debe el incendio en Córdoba que la Nación deje de cobrar los impuestos nacionales y que cada provincia se arregle como pueda", cuestionó.

Marcha catalizadora de la realidad
Moríñigo ratificó la marcha en defensa de la educación pública el martes próximo. “En todas las provincias se realizará la marcha en defensa de la educación pública que seguramente será catalizadora de otros problemas que existen en la Argentina. “Marcharemos sin enojos, sin violencias y preparándonos para el día después para encontrar una solución al problema educativo”, dijo Moriñigo.

Respeto a la posibilidad de que se sumen por ejemplo los jubilados en reclamo del veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, el académico dijo que “todos son bienvenidos, la marcha debe ser catalizadora de la realidad, no vamos a dejar a nadie fuera de la marcha al Congreso de la Nación”. “Nosotros no le cerramos la puerta a nadie yo no soy un cínico para cerrarle la puerta a alguien, sean políticos, gremios, asociaciones, que deseen defender la educación pública”, añadió.

Volver a los noventa
En medio del conflicto por el presupuesto universitario, se filtró que desde el equipo del presidente Javier Milei analizan la posibilidad de traspasar la educación universitaria a las provincias.

Según detalló el periodista Lautaro Maislin de C5N, la idea es transferirlas y “que sean las provincias las que definan si arancelan”. “Ellos eligen a sus autoridades, sus planes de estudios y los gastos como quieren, pero después, las facturas se las tiran a Nación", expresó un miembro de la mesa chica del presidente Javier Milei.

La propuesta contempla que el Estado transfiera fondos mínimos a las provincias, dejando que cada distrito maneje el resto de los recursos. De esta manera, se abre la posibilidad de implementar un arancelamiento en las universidades, si la propuesta estatal se implementa, que generaría un cambio en la forma de financiamiento de estas instituciones.

De concretarse el proyecto, sería un gran revés para las finanzas de las provincias y podría perjudicar a gobernadores como Axel Kicillof y al jefe de la Ciudad, Jorge Macri y demás gobernadores , quienes se verían obligados a asumir una carga financiera significativa.

La idea se contempla en medio de un conflicto presupuestario con las universidades que llegó a su punto más alto con el anuncio presidencial del veto a la Ley de Financiación Universitaria, votada por las dos Cámaras, que obliga al Ejecutivo a una actualización de las partidas presupuestarias con el objetivo de cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión universitaria. Además, fija que cada dos meses el Gobierno debería actualizar por inflación los presupuestos de las entidades educativas.

"Reafirman que el veto es un hecho y que saldría después de la negociación de paritarias. La marcha es el 2, el veto tiene límite hasta el 3 para publicarse", detalló Maislin, en un conflicto que no parece tener fin.

Proyectos menemistas
El gobierno de Carlos Menem produjo profundas reformas en el sistema educativo en todos sus niveles. Iniciadas a principios de los 90, las más importantes se enmarcan en las leyes de: la Ley 24049 (Ley de Transferencia de Establecimientos), sancionada en 1991, y complementada por la Ley 24195 (Ley Federal de Educación) y de Educación Superior (1995), entre otras medidas constituyeron las medidas de descentralización educativa más importante ocurridos en la Argentina.

La transferencia de escuelas secundarias e institutos terciarios a las 24 provincias (las otras transferencias habían ocurrido durante el gobierno de Arturo Frondizi y las dictaduras de 1966 y 1976) se llevó a cabo sin ningún otorgamiento de presupuesto de la Nación a las jurisdicciones, lo que provocó numerosas críticas de diferentes sectores. Las jurisdicciones tuvieron que hacerse cargo material y administrativamente de las instituciones educativas de su territorio lo que generó desigualdad entre los sistemas provinciales en sus posibilidades de financiación y en el acceso a recursos por falta de financiamiento de Nación.

Por tal razón, el Ministerio de Educación comenzó a ser llamado un “ministerio sin escuelas”. La transferencia de las escuelas a las jurisdicciones implicó una notable multiplicación y fragmentación de los modelos educativos en el país y resaltó las desigualdades ya existentes en el sistema educativo nacional.

Respecto a las universidades nacionales fueron años conflictivos, no solamente por el escaso presupuesto sino también por la pretensión de recortar la autonomía universitaria a partir del llamado decreto 1111, por el que el Ministerio se constituía como tribunal de alzada frente a las decisiones de las universidades.
















Jueves, 26 de septiembre de 2024