Declararon cinco de los ocho testigos planteados inicialmente por los abogados defensores. En paralelo, a la tarde, estaba previsto que se efectivizara la prisión domiciliaria otorgada por el TOP a Moray Mussio.

En el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes, ayer a partir de las 8 se desarrolló una nueva audiencia del juicio contra cinco exfuncionarios de Perugorría: Jorge Corona y Angelina Lesieux (intendentes); Ernesto Moray Mussio (auditor); Patricia Vera (tesorera) y Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno).
“Quien fue integrante e inclusive presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia explicó de forma detallada cómo es el proceso de auditorías para recursos provenientes de Nación. Entre otros conceptos, indicó que no es facultad del auditor externo analizar la administración de esos fondos, sino que es una tarea que efectúa la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Y si bien ese organismo hizo un convenio para que lo hiciera el Tribunal de Cuentas de la Provincia, tampoco esta última entidad está autorizada a auditar todas las partidas giradas a la Comuna. Es la Sigen la que le solicita lo que debe analizar”, explicó detalladamente Marcelo Fernández, abogado del exauditor municipal.

Tras lo cual, en diálogo con El Litoral, continuó: “Hasta ahora no hay ningún elemento que pruebe que Moray Mussio cometió algún tipo de irregularidad. Los testimonios que se escucharon, inclusive de testigos aportados por la Fiscalía, demuestran que él no tenía ni siquiera conocimiento de la existencia de esos fondos nacionales porque no constaban en los balances y el presupuesto. Una cuestión no menor porque son los papeles en base a los cuales luego realiza la auditoría”.

Si bien había otra persona que Fernández había solicitado que declare, finalmente “no se la pudo ubicar, así que desistimos”, acotó. Similar medida adoptaron los defensores de Lesieux con respecto a dos de sus cuatro testigos.

Por lo que, luego en la audiencia prestaron declaración las cuatro personas restantes que habían sido convocadas por las defensas tanto de Corona como de Lesieux.

Consultado sobre esto, el letrado José Gelmi comentó a El Litoral que las dos adjudicatarias del plan de viviendas explicaron que les entregaron las casas casi terminadas. “Y sólo fueron a vivir antes de que se concluyeran las obras porque tomaron conocimiento de que otras personas tenían intenciones de usurpar las viviendas. No obstante, aclararon que después el Municipio se hizo cargo de las tareas que faltaban concluir, añadió el abogado defensor.

Después prestaron declaración dos proveedores. Si bien ambos habían sido objetados por la Fiscalía, durante la audiencia, pasaron a un cuarto intermedio. Y el TOP finalmente resolvió escucharlos. “En el caso de ellos explicaron cómo era el procedimiento administrativo y que en ningún momento cometieron algún tipo de irregularidad. En este sentido, indicaron que no dieron facturas en blanco al Municipio”, señaló el letrado Marcelo Hanson ante la consulta de este diario.

A esto agregó que “inclusive el exintegrante del Tribunal de Cuentas cuando declaró, señaló que Nación envía fondos sólo si vos presentás las rendiciones de la partida que te mandaron anteriormente. Por lo cual, si la Comuna seguía recibiendo recursos, es porque estaba cumpliendo con ese requisito”, añadió Hanson.

Miércoles, 29 de julio de 2020