El abogado que representa al ex intendente Jorge Corona “se refirió a que se habrían pinchado líneas telefónicas y que se solían hacer escuchas supuestamente con autorización del juez. Pero en el expediente no hay ningún comprobante sobre eso". El dato central es que la causa se inicio por una denuncia mediática del programa de Luis Majul.

En la última ronda de testigos convocados por la fiscalía fueron cuatro las personas que declararon en el juicio contra ex funcionarios de Perugorría que -desde el pasado 9 de junio- se desarrolla en el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes. Ayer fue el turno de una comisario de la Policía Federal, un ex integrante del área de Viviendas de la Nación y dos peritos contables del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El martes venidero se reanudará la audiencia de la causa en la que buscan determinar si se registró o no algún delito en la administración de los fondos nacionales enviados al Municipio.
Los dos primeros dieron su testimonio de forma remota. “En el caso de la integrante de la Federal, fue quien elevó el informe sobre el análisis contable que realizaron los peritos que ya declararon la semana pasada. Por lo que no hubo preguntas por parte de la defensa”, comentó José Gelmi, quien es el abogado que representa al ex intendente Jorge Corona.
Luego brindó su testimonio un ex funcionario del área de Viviendas de la Nación, quien “hizo un informe técnico en base a fotografías, algunas de las cuales tomadas con un dron. Es decir que no fue a la localidad a corroborar si estaban o no las obras”, indicó Marcelo Fernández, que está a cargo de la defensa del ex auditor externo, Ernesto Moray Mussio.
En diálogo con El Litoral, ambos letrados coincidieron en que los dos primeros testimonios no fueron extensos. “Las declaraciones de quienes realizaron la pericia contable por parte del STJ sí demandaron gran parte de la audiencia”, manifestaron. Es que además de las correspondientes exposiciones, los defensores de los imputados hicieron múltiples consultas.

“Tras ratificar su informe pericial, manifestaron que las rendiciones de cuentas de los fondos nacionales deben hacerse ante los organismos de ese estamento, que no vieron ningún tipo de documentación que tenga que ver con la extracción de esos recursos, que no inspeccionaron físicamente las obras y que, por lo tanto, no podían afirmar o negar si se hicieron”, afirmó Gelmi. A lo que agregó que “una de las cuestiones más importantes que dijeron las peritos es que no tuvieron ningún expediente administrativo original para hacer su informe, sino que lo hicieron sobre algunos proyectos y en base a planillas, sin firmas ni sellos. Es decir, realizaron su pericia con los documentos suministrados por la fiscalía.
“Nuevamente quedó claro que Moray Mussio no tenía cómo saber de la existencia del envío de fondos nacionales porque su firma no está en ningún documento sobre la recepción de esos recursos y además porque las profesionales ratificaron que la auditoría de ese tipo de recursos la realiza la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y el Tribunal de Cuentas de la Provincia”, afirmó Fernández a este diario. A la vez, señaló que “por ejemplo, se pretende sostener que hubo algún tipo de irregularidad porque los $173 mil abonados para la compra y limpieza del terreno donde se hicieron las casas salieron de la entidad bancaria provincial. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que esa adquisición no estaba incluida en el proyecto aprobado por Nación. Por lo tanto, los fondos que mandó no tenían como objetivo comprar el predio sino solventar las edificaciones”.

“Y tampoco se tuvo en cuenta la inflación, porque el precio del cemento no era el mismo cuando se hizo el presupuesto que cuando -efectivamente- se recibió el dinero y se pudo comprar”, concluyó Fernández.

Miércoles, 22 de julio de 2020