Todo comenzó en 2014. La Red de DDHH gestionó ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, la solicitud de un detenido que quería trabajar y obtener el monotributo social, algo que la AFIP rechazó por su condición.

Poco más de cinco años después, la Red de DD HH recibió una notificación que, si bien no resuelve la petición de 2014, abre la puerta para su análisis: ya se discute el país la problemática del trabajo en las cárceles.



Esta apertura a debatir la problemática del trabajo carcelario fue iniciada en Corrientes, en 2014, por la Red de Derechos Humanos provincial, siempre acompañada por la gestión del abogado Facundo Leguizamón.



El planteo realizado en 2014 fue hecho por Marcello Doria, condenado alojado en Unidad Penal N 1 de la capital correntina. Pese a que en aquella oportunidad se dieron todas las razones que justificaban la medida, la AFIP la rechazó.



Se había argumentado que “el derecho al trabajo está reconocido y garantizado en Arts 23-24-25 de la Declaración Universal DDHH Art 7 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la Constitución de la Nación Argentina está contemplado en los artículos 14, 14 bis y 75 inciso 19”.



Además, en respuesta a la AFIP Corrientes, se había consignado que:



“1- El que no haya una reglamentación especifica no quiere decir que no se tenga derecho a tramitar la inscripción.


“2.- Se trata de trabajo independiente, no una actividad comercial, y además no sirve para la acumulación de bienes, sino para mera subsistencia y para salir de la economía precaria como lo establece el cupo de facturación de $4000 al mes, que sirve para cubrir necesidades básicas propias y de los familiares a su cargo.



“3. El tema de la inscripción personal y el cumplimiento de los datos biométricos es de fácil resolución. Se debería aplicar el mismo criterio que para la tramitación del DNI, es decir, se solicita la autorización judicial y con la debida custodia van a la sede administrativa que corresponda, previa tramitación del turno por parte del área social penitenciaria”.



En otra parte de las reflexiones dadas acerca de la negativa al detenido para obtener el monotributo social, se indicó, entre otras cosas: “Estas restricciones son francamente contradictorias hasta con el espíritu ‘resocializador de la pena’.



Las prisiones argentinas- y Corrientes no es excepción- están pobladas mayoritariamente por jóvenes y adultos en edad económicamente productiva (entre 18 y 34 años un 61%), un 75% con escolaridad primaria entre completa e incompleta, que estaban desocupados, o con trabajo precario al momento de su detención, que en un 50% tenían oficio o profesión previa, que mayoritariamente NO participa de programas de capacitación laboral intramuros, por falta de falta o falla en los mismos. (Datos SNEEP Corrientes, 2012)”.




Tras idas y vueltas y tiempos interminables, Marcello Doria nunca obtuvo su monotributo para poder trabajar.



Pero por estas horas se conoció un giro en esta situación que, si bien no responde –por ahora- a la petición de Doria –y de tantos otros-, abre un camino para el debate: su caso fue el puntapié para debatir sobre la inclusión de las personas privadas de su libertad en el monotributo social, para trabajar en blanco.



Así, la defensoría del Pueblo de la Nación remitió una notificación -hace solo unas horas recepcionada-, a la titular de la Red de DD HH, Hilda Presman; la resolución que habilita la mesa de diálogo, data de agosto de 2019.



“Informo a usted que en marzo 2019 se inició el proceso de diálogo promovido por esta Institución Nacional de Derechos Humanos con el objeto de garantizar la inclusión de las personas privadas de libertad al Monotributo Social”, comienza la nota recibida. “Considerando que la mayor parte de la población penal del país se encuentra bajo custodia de autoridades penitenciarias federales y bonaerenses, se convocó inicialmente a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, al Servicio Penitenciario Bonaerense y al Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social”, aclara.



Finalmente indican que “durante las rees mantenidas a lo largo de estos meses, se acordó trabajar de manera articulada por medio de capacitaciones, teniendo en cuenta especialmente los índices de reincidencia mínimos de quienes egresan de los establecimientos penitenciarios habiendo recibido formación en oficios.



“Asimismo, en virtud de las recomendaciones formuladas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la ‘Hoja de ruta para la elaboración de programas de rehabilitación en las cárceles’ y las buenas prácticas allí citadas, se decidió ampliar el objeto de trabajo inicialmente propuesto a los efectos de contemplar distintas alternativas de inserción laboral, entre las que se destacó la conformación de proyectos productivos o de servicios y/o de cooperativas de trabajo”.



El proceso de diálogo culminó con el inicio de la Actuación Número 15718/19, a partir de la cual se conformó la "Mesa Interinstitucional para la inclusión laboral de las personas privadas de libertad" (Res. Número 92/19).

Miércoles, 5 de febrero de 2020