Se está elaborando una presentación para hacer efectiva cuando inicie el año judicial. Se considera que la resolución del juez fue prematura y que había elementos para profundizar la investigación, que involucra al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al exmnistro Guillermo Dietrich.

El año judicial iniciará con más de una novedad. Uno de los casos más resonantes en el que se esperan novedades es el del Paseo del Bajo, donde el juez federal Claudio Bonadio en los últimos días del 2019 sobreseyó a todos los funcionarios macristas involucrados en la causa. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, está trabajando junto a la fiscal Alejandra Mangano en la apelación de esa polémica decisión, que benefició al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

“El plazo para esa presentación comienza a correr después del 1° de febrero”, precisaron fuentes judiciales. Según pudo reconstruir este medio, cuando termine la feria (el año judicial reanuda este lunes, 3 de febrero), los fiscales Rodríguez y Mangano tienen pensado presentar el escrito que estuvieron trabajando durante el inicio del verano.

Para los fiscales, el cierre de la causa por parte de Bonadio fue prematuro. Sostienen que había sobrados elementos de prueba para profundizar la investigación. Por ejemplo, le reprochan al magistrado que no haya tomado ninguna de las declaraciones indagatorias que le habían solicitado.

¿Qué se investiga en la causa del Paseo del Bajo? El supuesto direccionamiento del tramo más caro de la obra, que le fue adjudicado a Iecsa, la empresa que entonces estaba en manos de Angelo Calcaterra, el primo de quien era el presidente de la Nación, Mauricio Macri, al momento de los hechos. Esa firma luego fue adquirida por Marcelo Mindlin, quien la rebautizó Sacde.

El expediente, que pone en jaque a una de las obras más importantes del macrismo, se inició en diciembre de 2018, tras un dictamen de Mangano. Fueron clave para este impulso fiscal una investigación de la PIA y un informe de la Auditoría General porteña, que resaltaron las irregularidades del proceso. Concretamente, la denuncia apuntó a una presunta manipulación del proceso de licitación para que Calcaterra y Mindlin se quedasen con el tramo más jugoso de la obra, un negocio de más de 3.000 millones de pesos. Todo se remonta a una serie de circulares de AUSA con las que se modificó el orden de otorgamiento de los tramos de los trabajos, enroque que terminó beneficiando a Iecsa.

El Paseo del Bajo tenía tres tramos, A, B y C. El pliego de la licitación establecía que la empresa que ganara un tramo no podía competir en los otros y que se licitarían del más caro al más barato. Es decir, del C al A. Pero se cambió la secuencia y primero se abrió el sobre A. ¿Y qué pasó? La oferta más barata en ese tramo la hizo de Corsan-Conviam, a la que le adjudicaron obras por 1.547 millones de pesos. De esta forma quedaba excluida de las siguientes licitaciones, aunque tuviera la oferta más baja. Iecsa también había ofertado en este tramo, pero quedó segunda. Esto la dejó en competencia.

Cuando abrieron los sobres del tramo C, Corsan-Corviam también apareció con la oferta más económica, pero ya había ganado el tramo A. Una vez más, la segunda oferta más barata fue realizada por Iecsa, que finalmente se quedó con la obra más cara del Paseo del Bajo. Le adjudicaron trabajos por 3.183 millones de pesos. Si no se hubiese alterado la apertura de los sobres, el tramo más importante hubiese sido adjudicado a Corsan-Corviam.

A pesar de que el expediente acumuló caudal probatorio que compromete a los funcionarios que estaban imputados, el pasado 27 de diciembre Bonadio resolvió que no hubo actos irregulares o ilícitos. Es más, a pesar de las pruebas recolectadas, llegó a considerar que “nada indica que se haya favorecido a Iecsa”. Nunca citó a la funcionarios a prestar declaración indagatoria.

Además de Dietrich y Rodríguez Larreta, este expediente también involucra a Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, y a dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la firma a cargo de la licitación: Carlos María Frugoni (presidente) y Natalia Bustos (jefa de compras). La imputación que hubo tanto de funcionarios porteños como nacionales se debió a que la Ciudad realizó la licitación y el ministerio de Transporte impulsó los trabajos.

La manipulación de la causa por parte del controvertido juez federal se dio desde el primer momento. Durante la pesquisa se realizaron procedimientos judiciales en el domicilio de Iecsa, la empresa que era del primo presidencial, y el material que recabó Doctor Glock (Verbitsky dixit) le fue retaceado al titular de la PIA, a pesar de los sucesivos pedidos que hizo este fiscal general. Con el paso del tiempo, poco a poco, esas cajas con datos fueron llegando a la fiscalía anticorrupción, que tuvo un rol centra para el inicio de este expediente, al igual que Magnano, que le dio impulso a las denuncias. Ahora se espera que ambos fiscales vuelvan a tener un rol central para evitar que se cierre.

Lunes, 3 de febrero de 2020