El Correo Argentino, la empresa del Grupo Macri que tiene una deuda millonaria con el Estado, quedó al borde de la quiebra como consecuencia de una decisión de la Cámara Comercial, que ordenó iniciar el “cramdawn” o salvataje.

El fallo llegó tras la insistencia de la fiscal Gabriela Boquín, reclamó a fines de noviembre la apertura de este procedimiento que, en rigor, estaba ordenado desde el año 2004 pero permanecía apelado en el propio tribunal de alzada desde hace casi una década. En el ínterin, durante la presidencia de Mauricio Macri, la empresa y el Estado firmaron un acuerdo que licuaba casi la totalidad de lo adeudado, pero una denuncia de la fiscalía llevó a frenarlo. Hasta ahora no sólo no había un nuevo acuerdo sino que se abrieron investigaciones por las maniobras de vaciamiento y desvío de fondos dentro del proceso concursal. Además hay una causa penal en trámite.

La apertura del “registro de cramdawn” es una convocatoria para que se postule alguna empresa para comprar las acciones y activos del Correo y ofrecer alternativas para el pago de sus deudas. El expediente volverá a la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, que deberá dar inicio a esta etapa y abrir un registro. El llamado público se hace por cinco días hábiles, y en caso de que no aparezca ningún oferente, se producirá la declaración de la quiebra según establece la ley de Concursos y Quiebras. Los Macri siempre apostaron al paso del tiempo y a eludir una declaración de quiebra. Es porque si se concreta deberá ser asumida por la controlante del Correo, Socma (que adquirió acciones de Sideco), clave en el grupo empresario.

El expediente concursal lleva 18 años. El único cambio de estrategia ocurrió en 2016, cuando intentaron acordar con el gobierno macrista una fórmula para diluir la deuda. Pero Boquín lo denunció y eso quedó abortado. Luego volvieron las dilaciones, con representantes estatales que en lugar de reclamar lo que le debían le hacían el juego a la empresa de los Macri. Ahora el escenario es otro.

La resolución de la Cámara, firmada por las juezas Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini, asume que están los plazos vencidos, que se terminó el llamado “período de exclusividad” (durante el cual la empresa deudora puede ofrecer formas de pago y llegar a un acuerdo) y que se debe abrir el salvataje porque los acreedores no dieron conformidad a la última propuesta del Correo para saldar lo que debe. Ofrecía pagar lo mismo que debía en 2002, es decir 296 millones de pesos, y los intereses solo si ganara los juicios que inició contra el Estado tras su expropiación.

Cuando la fiscal Boquín reclamó semanas atrás, advirtió que ya se “han dilapidado cuantiosos activos a lo largo de la inusitada extensión que se le ha dado al trámite del concurso…” También señaló que en estos años el Estado fue funcional a la estrategia de la empresa, “dilatando” los tiempos. Para la fiscalía la deuda es de 4500 millones de pesos y ya se produjo un daño por la “licuación del pasivo concursal”. Pero en la presentación recordaba que existen otras deudas posconcursales que hacen el panorama más complejo. También planteaba que se deben revisar las conformidades truchas que se presentaron para el acuerdo de 2016, luego anulado. Los acreedores estaban representados por estudios de abogados ligados al Correo o a su directorio.

En el fallo, la Cámara rechazó todos los reclamos del Correo. La firma Correo Argentino, está declarada inactiva en el expediente, aunque al haber hecho a una oferta quedó en evidencia que podía hacerse cargo de pagar. Aunque como está cargada de sospechas de fraude y maniobras de desvío de dinero en el concurso de acreedores, además de estar altamente endeudada, no resulta una propuesta de lo más atractiva. Igual, no se descarta que aparezca algún oferente afín. El propio Correo podría postularse en el salvataje si tiene con quien competir. Quien quiera que sea, deberá también acordar con los acreedores el pago de las deudas. Todo este proceso de “cramdawn” no puede durar más de 120 días por ley. Aunque el Correo apele el fallo, el trámite continuará.

Será clave en esta etapa el control de la Procuración del Tesoro, como representante del Estado. Por ejemplo en que se cumplan los plazos (que nunca se respetaron) o el monitoreo de los oferentes y que se anoten en el registro que deberá abrir la jueza. El nuevo procurador, Carlos Zannini, puede pedir medidas para impulsar la causa, impugnar informes, cuestionar a los síndicos, intervenir en el legajo sobre vaciamiento y desvíos, que es fundamental porque existe la sospecha de fraude concursal, otro elemento que podría abonar la declaración de quiebra. En paralelo, sigue en trámite la causa penal sobre el acuerdo con que se intentó beneficiar al Correo, donde está pendiente un peritaje contable que el juez Ariel Lijo le a la oficina de escuchas con facultades ampliadas que depende de la Corte. Esto hace que siga indefinida la situación procesal de cuatro indagados, entre los que se encuentra el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Resta ver si la causa avanza sobre el ex presidente Macri.



Jueves, 19 de diciembre de 2019