Los represores fueron de los pocos grupos beneficiados durante el gobierno macrista: desde 2015 se ha duplicado la cantidad de procesados y condenados por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar que están en libertad, mientras que se ha incrementado en un 50 por ciento la cantidad que cumple condena o prisión preventiva en su casa, según cifras actualizadas de la Procuración General.

Actualizado a principios de diciembre, el adelanto del informe anual de la Procuración en relación con el estado actual del proceso de juzgamiento de crímenes contra la humanidad cuenta que hay 962 condenados por delitos de lesa humanidad; 606 procesados y 576 imputados. 29 involucrados en la comisión de secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos y robo de bebés permanecen prófugos, mientras que 627 han fallecido.

"Cambió la lectura política que se le da a las personas investigadas y juzgadas por delitos de lesa humanidad en perjuicio, principalmente, de la responsabilidad que tiene el Estado argentino frente a organismos internacionales sobre el tema", evaluó el abogado Santiago Bereciartua, que integra el Colectivo Nacional Mario Bosch de letrados vinculados a causas por violaciones a los derechos humanos. A priori, advirtió "algo muy grave: hay muy pocos detenidos" por esta clase de hechos.

Por un lado, la balanza entre represores detenidos y libres involucrados en causas de lesa se dio vuelta entre 2015 y 2019. En 2015, los detenidos eran 1070 y los libres 791. A día de hoy, 1590 represores se encuentran el libertad y el número que se duplicó en los últimos cuatro años sigue creciendo al calor de fallos y resoluciones judiciales que habilitan excarcelaciones en base al cumplimiento de los dos tercios de la pena.

Una primera lectura, según Bereciartua, es positiva: "Más personas vinculadas al terrorismo de Estado fueron captadas el último tiempo", apuntó en relación a que si en 2015, entre detenidos y en libertad, no sobrepasaba las 2000 personas, en 2019, el número total ascendió a 2474. Sin embargo, "el criterio sobre qué hacer con ellas cambió. Se les quiso dar políticamente la libertad a estas personas, cuando antes se los detenía", señaló.

En ese sentido, el abogado que representó a la filial rosarina de Abuelas de Plaza de Mayo en varias oportunidades, especificó que los represores "son gente que aún cuenta con una red cívico militar que los protege y que incrementa el peligro de fuga en esos casos, gente que cometió los delitos más graves tanto nacional como internacionalmente, por los que el Estado argentino tomó la responsabilidad de investigar, sancionar y controlar que el cumplimiento de la pena sea efectiva". Entonces "el beneficio que se les está dando acaba poniendo en riesgo al Estado completo. Para estos delitos la regla era la cárcel y ahora ya no lo es. ¿Qué pudo haber cambiado? El contexto político de discursos negacionistas que circularon los últimos años permearon en el Poder Judicial", completó.

El otro cambio "drástico" que evidencia el análisis de las cifras del proceso de juzgamiento de crímenes contra la humanidad de los últimos cuatro años es el incremento de personas investigadas en esos expedientes que goza del beneficio de prisión domiciliaria. En 2015, 603 cumplían condena en cárceles y 439 en sus casas. Hoy, con 884 detenidos, la cuestión es al revés: 608 represores cumplen arresto domiciliario, mientras que solo 200 lo hace en cárceles y dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

"En cuatro años se invirtió la situación y la regla es ahora el arresto domiciliario", indicó el abogado, quien aclaró que, de nuevo, "se trata de una decisión" y no de un cumplimiento del Código Procesal Penal. "El argumento de la edad (más de 70) y de las cuestiones de salud no son indicaciones obligatorias para que una persona reciba el beneficio de la prisión domiciliaria, sino que son elementos que un juez o jueza puede tener en cuanta a la hora de definir si lo otorga o no", explicó. "Y acá vuelve a pesar el tipo de delitos de los que estamos hablando: en le caso de detenidos por delitos de lesa humanidad, debería otorgarse la prisión domiciliaria solo cuando se trate de cuestiones de salud que no pueden atenderse en el Servicio penitenciario", concluyó. Hay muy pocos detenidos con el cumplimiento efectivo de la pena.

La Procuración también informó que hay 589 causas en trámite, de las cuales 260 permanecen en instrucción y 238 cuenta con sentencia. Solo 21 están en instancia de juicio oral, mientras que 70 esperan que se den las condiciones para poder iniciarlo. De las 238 sentencias que fueron dictadas desde que comenzaron los juicios de lesa humanidad, solo 61 están plenamente firmes, con fallo de Corte Suprema de Justicia. Otras 96 fueron revisadas por la Cámara de Casación Penal y 81 cuentan tan solo con sentencia de Tribunales orales federales.

Aquí, la "lentitud" que las cifras evidencian en el avance de los expedientes tanto en su período de investigación, como después de haber sido juzgados y emitidas las penas es, según el integrante del Colectivo Mario Bosch, "responsabilidad del Poder Judicial que no asigna recursos, no imprime celeridad, no le da la importancia que estas casuas merecen". Los procesos se estancan en instrucción, a la espera del debate oral y en las instancias superiores de revisión de condena "ayudando a ablandar los límites de las detenciones y abriendo grietas para que los argumentos de los represores para obtener la libertad ingresen".

Martes, 17 de diciembre de 2019