Al fijar las prioridades de la nueva política económica, el flamante ministro insistió en que "para pagar la deuda, primero hay que crecer para recuperar capacidad de pago". No sería sencillo, para el público en general, encontrar en el primer discurso de Martín Guzmán como ministro, señales que indiquen el inicio de una etapa que les cambiará la vida. O de que los padecimientos de estos últimos cuatro años quedaron definitivamente atrás. No es que no exista un mensaje en tal sentido, pero el lenguaje y las explicaciones de esta primera exposición no estaban dirigidas a ese gran público. El destinatario, en esta ocasión, fueron los acreedores y los mercados financieros locales e internacionales, además de los organismos internacionales.

Aquellos actores ante los cuales deberá sentarse en las próximas horas para cerrar, en el menor tiempo posible, un acuerdo "amigable" para reperfilar los vencimientos de deuda y los compromisos de pago de 2020 y 2021, al menos. Tanto de capital como intereses.

"La misión que se me encomendó es frenar esta caída", dijo el flamante ministro en referencia a una recesión que ya lleva dos años consecutivos y arroja un cuadro social alarmante. Fue el aviso a los acreedores para que tomaran nota de las prioridades del nuevo gobierno. Redefinidas las prioridades, explicó, "en el centro queda la cuestión social". Y en ese cronograma, señaló que "para poder pagar, tenemos que recuperar el sendero del crecimiento, para así recuperar capacidad de pago".

Esa fue la cara más adusta del discurso para quienes están del otro lado del mostrador en la cuestión de la deuda. Pero enseguida planteó que "queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores", a quienes intentó tranquilizar señalando que la perspectiva de la nueva política económica será ir resolviendo, paulatinamente, el desequilibrio fiscal. "Lo que tuvimos hasta ahora fue una política irresponsable, el programa del FMI que ya está caído, establecía una meta de equilibrio fiscal primario para 2020 que sólo se alcanzaría con un ajuste brutal, profundizando la caída de la economía y la crisis social: no hay posibilidad de ajuste fiscal en 2020", enfatizó.

En cambio, les anunció a los acreedores: "Reconocemos el problema, Argentina tiene que converger a superavits fiscales primarios consistentes con una estructura de vencimientos de deuda modificada". Una estructura o cronograma que surgirá de una negociación con quienes, dijo, ya reconocen "el fracaso del programa anterior y la gravedad de la situación social". "Ahora falta que reconozcan la necesidad de un programa distinto, un programa nuestro y no diseñado desde afuera", que trace ese sendero y las señaladas prioridades. Este sería el estado actual de la negociación, en "instancia de consultas con los bonistas".

¿Aceptarán los acreedores ese plan? No hay mucho tiempo. Este jueves vencen 43.700 millones de pesos en Lecap y 275 millones de dólares en Letes, que seguramente se paguen para evitar caer formalmente en un default ya vigente de hecho pero no declarado. Pero vendrán más vencimientos en las semanas posteriores. Y esos pagos le quitan recursos a las políticas de reactivación, de resurrección de la economía.

"Queremos acordar desde una posición no confrontativa, pero no vamos a dilatar la discusión hacia un camino de más ajuste", dijo ayer el ministro. En noviembre pasado, en Ginebra, Martín Guzmán había planteado en una exposición que la fecha límite ("deadline") para alcanzar ese acuerdo era marzo de 2020. Al llegar a Buenos Aires se encontró con otras urgencias. Ayer reconoció que esa fecha "fue presentada como académico, sin la responsabilidad que hoy tengo como ministro, por lo cual mi idea de hoy no necesariamente tiene que ser la misma". El acuerdo, se entendió, ahora es más urgente.

Jueves, 12 de diciembre de 2019