En menos de 24 horas concluye el peor gobierno democrático de la historia moderna en este país. Los intentos postreros de construir un relato que haga más ligero el juicio de la historia chocan de frente con la realidad. No importa con qué vara se lo mida, Mauricio Macri dejará el país con más pobres y más hambre, con menos empleo y de peor calidad, con la salud en crisis, la educación abandonada y el desarrollo científico y tecnológico relegado de cualquier lista de prioridades. La institucionalidad, tan cara a la mitología republicana, sufrió durante los últimos cuatro años dobleces y contorsiones inéditas. El asedio a adversarios políticos y empresarios díscolos terminó con muchos de ellos en la cárcel; la prensa crítica fue castigada con cierres de medios, despidos, listas negras y represión; la titular de la Oficina Anticorrupción termina envuelta en al menos media docena de investigaciones por corrupción; hubo ciudadanos presos por insultar a Macri; policías condecorados por matar por la espalda; jueces y fiscales desplazados a dedo para montar en el Poder Judicial una máquina de perseguir.

Haber llegado al final de su mandato es una cucarda por la que el Presidente debe agradecerle a la sociedad por la que tanto desprecio ha demostrado, y a una oposición que se comportó de forma madura y se preocupó más por ser una alternativa electoral exitosa que por aprovechar la debilidad de su rival. No está de más recordarlo: Macri estuvo match-point abajo muchas veces en el tramo final de su gobierno y el peronismo nunca dio el paso que faltaba para sacarlo de la cancha antes de tiempo. Hay pocas medallas más que pueda prenderse en el pecho. El saneamiento del INDEC es una que nadie discute, aunque medir la pobreza no es excusa para que aumente, argumento que sostienen de manera recurrente los panelistas del PRO en programas periodísticos. En materia de infraestructura, los avances reales no fueron sustancialmente distintos a los del período anterior. Un gobierno que se jacta de haber revolucionado la obra pública se despide sin dejar un solo mojón. Demasiado poco para la generación que creía haber venido a cambiar la historia. Menos mal.


Las cifras que dio a conocer la UCA en la última semana del mandato de Macri son aterradoras: según este observatorio, en septiembre un 40,8 por ciento de los argentinos no superaban la línea de la pobreza. El número será peor a fin de año, por el impacto en el bolsillo de la inflación de octubre, noviembre y diciembre. El mismo indicador, en diciembre de 2015, marcaba 29 por ciento. Otros métodos de medición muestran conclusiones similares: la proyección de los datos del Indec saneado ponen la pobreza en 27 puntos al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al igual que los índices ponderados de los institutos de estadística provinciales. Todavía no están los datos oficiales de cómo quedará al final del gobierno de Cambiemos, pero todos los especialistas descuentan que no será debajo del 40 por ciento. En cualquier caso estamos hablando de un aumento cercano al 50 por ciento. Por cada dos pobres que había en Argentina en 2015, ahora hay tres. El diagnóstico se agraba cuando se hace foco en los niños. Seis de cada diez, en la argentina de Macri, habitan en hogares donde no están satisfechas las necesidades básicas.

Cuando Macri asumió, todos los estudiantes secundarios en la escuela pública recibían una computadora. Hoy, ese programa ya no existe. El de Cambiemos fue el gobierno que menos escuelas construyó desde 1983. En la provincia de Buenos Aires, por primera vez en la historia, un mandato concluye con menos escuelas que las que había al comenzar. Desde hace más de un año, los argentinos no tenemos ministerio de salud. Desde hace veinte días ni siquiera tenemos una secretaría: tras la renuncia de Adolfo Rubinstein, su sillón quedó vacante. El Presidente no consideró necesario designar un reemplazo, aunque sí realizó nombramientos en el cuerpo diplomático. Prioridades. “Generar trabajo es la única forma genuina de salir de la pobreza”, había dicho. Durante su mandato, se duplicó el desempleo y se perdieron alrededor de ciento cuarenta mil puestos de trabajo genuino en la industria. “La inflación es algo simple de resolver”. Dejará al país con la peor marca desde la última hiper. “Quiero que me juzguen por si puedo o no reducir la pobreza”, propuso al comienzo de su mandato. Su fracaso fue completo.

Ante la imposibilidad de dar siquiera excusas respecto a la performance económica, la estrategia de Macri viró a plantear su legado como una cuestión de salto de calidad institucional. Con ayuda inestimable de algunos medios y comunicadores, instaló en un sector de la sociedad que su gobierno fue “más republicano” y “menos corrupto” que los anteriores. Tampoco hay evidencia de que esto haya sido así. Al contrario, Cambiemos a cruzado varias veces una línea que en 1983 la sociedad argentina había acordado no pisar. El lapidario informe de Naciones Unidas sobre la falta de independencia judicial alcanza para echar por tierra cualquier pretensión de institucionalidad ejemplar. Entre otras cosas, pide explicaciones por el hostigamiento a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, nombramientos arbitrarios, manipulación del Consejo de la Magistratura y el desplazamiento de fiscales en causas sensibles al gobierno. El abuso de las prisiones preventivas como herramienta de coacción de “arrepentidos” y para encarcelar a dirigentes opositores no tiene precedentes en la historia de la democracia reciente en el país.

Tampoco hubo más libertad de expresión. Por el contrario, durante los últimos cuatro años se perdieron cuatro mil quinientos puestos de trabajo en la industria periodística. Representan un 30 por ciento de los puestos de trabajadores bajo convenio, según un informe de Sipreba sobre los cuatro años de macrismo. El hecho más oscuro fue la toma de Radio América y Tiempo Argentino en manos de una patota protegida por la Policía Federal. Las presiones y prisiones a dueños de medios críticos esconden tramas de extorsión y negocios sucios que recién están empezando a salir a la luz. Horacio Verbitsky, Roberto Navarro y Víctor Hugo Morales, las voces más fuertes contra el gobierno, perdieron sus trabajos. Durante la cobertura de la represión social, la mira policial estuvo puesta en los trabajadores de prensa: desde 2016, 28 fueron detenidos y 55 resultaron heridos por balas de goma. La persecución no se limitó a los periodistas: hubo ciudadanos procesados en la justicia por insultar al Presidente en las redes sociales y una mujer fue detenida por hacerlo durante una de las recorridas de campaña. Su marido había perdido el empleo días antes.

Por último, el gobierno de Cambiemos se va envuelto en una serie de denuncias de corrupción que alcanzan a una buena parte del gabinete macrista, empezando por el propio Presidente. Hay por lo menos cuatro causas donde la evidencia lo complica: la compraventa presuntamente irregular de parques eólicos, la deuda de Correo Argentino, la adjudicación de beneficios indebidos a empresas de peajes vinculadas con su empresa familiar y la venta de dos centrales eléctricas. Otros funcionarios que deberán pasar por los tribunales son los exministros de Energía, Juan José Aranguren y Javier Iguacel; el ministro de Defensa, Oscar Aguad y el de Justicia, Germán Garavano. Si prospera la denuncia que sostiene que el acuerdo con el FMI fue ilegal, buena parte del gabinete económico deberá dar explicaciones. Sin embargo, el caso más emblemático fue el de la titular de la Oficia Anticorrupción, Laura Alonso, que termina envuelta en al menos media docena de investigaciones por no haber intervenido en denuncias contra sus compañeros de gabinete. A lo mejor, si hubiera sido abogada, como se exige para su cargo, se habría ahorrado algunos problemas.



Lunes, 9 de diciembre de 2019