Federico Sebastián Marín, conocido como Morenita, fue uno de los prófugos más buscados del país. Hasta el día de su captura, el 12 de octubre pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecía una recompensa de 1.500.000 pesos por datos sobre su paradero. En la casa en la que fue atrapado, su esposa, María Lourdes Alegre, cumplía prisión domiciliaria.

No era la primera vez que Morenita tomaba semejante riesgo por su pareja: dos años antes, el 8 de septiembre de 2016, conducido por el ex intendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, llegó a la residencia del juez federal Carlos Soto Dávila para pedir por la libertad de Alegre.



El titular del juzgado federal Nº 1 de Corrientes y el narco –que era buscado desde 2015 por ser considerado como el líder de una de las tres organizaciones que proveía droga a Los Monos– ya habían entablado todo tipo de negociaciones a través de emisarios, entre ellos, el ex jefe comunal para lograr resoluciones favorables a cambio de dádivas que oscilaban, en general, entre los 30 y 40 mil pesos.



Ese día, Morenita no descendió del vehículo. Habría sido Faraone quien, reunido en la casa del juez, intentó llegar a un acuerdo.



Así lo aseguró un arrepentido que brindó su testimonio en Sapucay, la causa a cargo de Sergio Torres, titular del juzgado federal Nº 12, que derrumbó una estructura narco que funcionaba en Itatí, con la complicidad del poder político y judicial local, aunque la trama desborda los límites de la localidad fronteriza con Paraguay y escala peldaños del poder correntino.



Las pruebas. Escuchas telefónicas que figuran en el expediente –en el que participan los fiscales Carlos Stornelli, Flavio Ferrini, Carlos Schaefer y el equipo de la Procunar, dirigida por Diego Iglesias–, el posicionamiento del celular del narcotraficante y el desenlace de la situación procesal de Alegre corroboran –para los pesquisas– la versión del arrepentido: “Faraone es una persona que tiene llegada a Soto Dávila; él me aseguró que iba a “arreglar” para que Lourdes quedara libre porque él ya lo había hecho varias veces. Eso se sabía, todo el mundo sabía de la relación de Faraone con Soto Dávila”, relató el arrepentido y remarcó: “Para que Soto Dávila le dé la libertad a alguien había que pagar”. Luego, detalló cómo fue la conversación entre el ex intendente y el juez: “Faraone lo llamó y le dijo ‘saqué un dorado y quiero convidarte’. Esa era la manera que ellos tenían para saber que estaban hablando de un “arreglo”, de un negocio con una causa, esta vez para que Lourdes salga”.



La llamada existió y figura en el expediente: duró 138 segundos. Una hora y media después, Marín le envió un mensaje a uno de sus abogados que también actuaba como lobbista en el despacho judicial. “Me fui y no bajé. Hay un Gol blanco y una Duster negra. Me vine, disculpe, fui con un político amigo mio”. El celular usado por el narco impactó en inmediaciones del domicilio del magistrado.



En su declaración, el arrepentido indicó que los responsables del juzgado correntino le exigían a Morenita 280 mil pesos por la libertad de Alegre. Pero el prófugo tuvo dificultades para juntar el dinero por lo que la detención se extendió por más de dos años: desde el 28 de julio de 2016 hasta el 7 de noviembre de 2018, sin que su situación procesal sea resuelta por Soto Dávila.



En octubre, armado con una pistola 9 milímetros, Morenita pretendió hacer frente a la veintena de gendarmes que tenían la orden de detenerlo. Tras horas de negociación, el prófugo desistió tras pactar su entrega con Carlos Soto Dávila.



El juez no pudo frenar la orden de captura emitida desde Buenos Aires, tampoco pudo hacer nada con el arresto de Faraone, capturado en su casa de la ciudad de Corrientes días después. Poco a poco, el círculo se cerraba a su alrededor. Mañana deberá presentarse para ser indagado en Comodoro Py. No quedará detenido, sus fueros lo impiden. En cambio, podrá volver a trabajar a su despacho mientras el Consejo de la Magistratura define su futuro.



Investigan viajes y bienes

Carlos Soto Dávila es señalado como jefe de una organización ilícita que cobraba coimas para garantizar impunidad a grupos de narcotraficantes en la ciudad de Itatí. El grupo delictivo también estaba compuesto por sus secretarios: Pablo Molina y Federico Grau, quienes deberán explicar, al igual que el resto de los detenidos, los viajes y bienes que adquirieron durante su actividad en el juzgado correntino.



Los investigadores consideran que lograron demostrar el pago de coimas en diez hechos concretos. El dinero que habrían pedido los funcionarios judiciales no superaban, en general, los 40 mil pesos -a excepción de los 280 mil solicitados a Federico “Morenita” Marín por la libertad de su esposa, y el pago de un millón por parte de Carlos “Cachito” Bareiro, otro jefe narco de Itatí.



A diferencia de Soto Dávila, Molina y Grau -sin fueros- quedaron detenidos. Es la misma causa por la que fue apresado, en 2017, el ex intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y su ex viceintendente, Fabio Aquino. Perfil

Lunes, 10 de diciembre de 2018