Lo hizo el juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, quien dio lugar a una solicitud presentada por el fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport. La causa se inició hace 11 años. Se busca determinar si son delito de lesa humanidad las torturas sufridas por soldados conscriptos a manos de superiores durante la guerra de 1982. La causa había iniciado a partir de la denuncia de Pablo Vassel, entonces secretario de derechos humanos de Corrientes, y a esa presentación se sumaron luego ex combatientes de otras jurisdicciones. Los excombatientes denunciaron que sufrieron "estaqueamientos y enterramientos" ordenados por sus superiores.

El juez federal de Ushuaia Federico Calvete citó a indagatoria a 18 militares denunciados en la causa en la que se investigan las torturas y abusos padecidos por los soldados que en 1982 participaron del conflicto bélico con Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas.


Fuentes de la querella que sigue el Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM) señalaron ayer a la agencia Télam que el magistrado hizo lugar a una solicitud presentada en mayo por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport.
De esta forma, 18 de los 95 militares denunciados darán explicaciones ante la Justicia Federal, a 11 años del inicio de la causa y 36 de la finalización de la guerra de Malvinas.
“El llamado a prestar declaración indagatoria constituye un verdadero punto de inflexión, por primera vez en más de una década, los denunciados estarán frente a frente con el juez, y se les expondrán los delitos de los que los acusa”, señaló a Télam Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM.


En esta causa se deberá determinar si las torturas sufridas por los soldados conscriptos que estuvieron movilizados en Malvinas durante la guerra de 1982 deben ser considerados como delitos de lesa humanidad.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos del CECIM, Ernesto Alonso celebró la decisión, al señalar que es una forma de “alimentar la esperanza de consagrar la verdad y la justicia” para con los excombatientes “que fueron víctimas de los abusos cometidos por sus superiores en aquel enfrentamiento bélico”.


La investigación por esta causa comenzó en 2007 sobre la base de denuncias contra el exmilitar Jorge Eduardo Taranto en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde se determinó que se trataba de un caso de lesa humanidad.


Dos años después, la Sala I de la Cámara de Casación Penal resolvió que no correspondía esa calificación y que lo delitos denunciados debían ser declarados prescriptos, algo que la Corte Suprema ratificó en un fallo de 2015.
Sin embargo, se presentaron otras denuncias contra Taranto y otros exmilitares que fueron remitidos a los Tribunales de Tierra del Fuego, y tras varias presentaciones de nulidad formuladas por los representantes de los denunciados, la Cámara de Comodoro Rivadavia decidió dar curso a estas investigaciones como delitos de lesa humanidad.


El juez Calvete ya había rechazado las pretensiones de la defensa de los exmilitares y había solicitado, en mayo de este año, la detención e indagatoria de 26 militares denunciados por violaciones a los derechos humanos cometidos contra ex soldados conscriptos destinados en Malvinas.


El pedido se fundamentó en base a los relatos de 120 excombatientes de Malvinas que declararon como víctimas o testigos de torturas cometidas por al menos 95 militares, quienes eran sus superiores en las islas.

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Viernes, 7 de diciembre de 2018