La Defensoría del Pueblo de Corrientes presentó una nota a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) solicitando que se cumpla con la resolución N°97/18 de la Cámara de Diputados de la Provincia, que reclama a la entidad encargada del sistema eléctrico que busque los mecanismos necesarios para compensar económicamente a los usuarios que fueron afectados por cambios en la tarifa durante agosto.

Desde la Defensoría del Pueblo solicitaron que se cumpla con una resolución de la Cámara de Diputados en la que instan a la entidad provincial para que retribuya el valor de los cobros con incrementos realizados hace unos tres meses.


El ombudsman local señaló que la cuestión del cobro de tarifas hace tres meses se encuentra judicializado, pero que apoyan a la decisión de la Cámara baja y aguardarán una respuesta favorable por parte del ente energético en las próximas semanas.
El 24 de agosto la Dpec puso en vigencia un incremento tarifario del servicio energético a través del Decreto Nº 2.078, pero la facturación contempló desde el primer día del mes, lo que motivó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Provincia solicitando a la entidad que realice la refacturación de los servicios sobre consumos energéticos desde la fecha en que fue publicado en el Boletín Oficial el cuadro tarifario nuevo y, a su vez, que se devuelvan los fondos abonados de más por parte de los usuarios. La propuesta fue aprobada por unanimidad por los legisladores.
“Recibimos un pedido del legislador Martín Barrionuevo para que intervengamos en el pedido de cumplimiento de la resolución aprobada por la Cámara de Diputados de la Provincia, y solicitamos a la Dpec que cumpla con dicha resolución y busque los métodos necesarios para que devuelvan o compensen a los usuarios que fueron incluidos en el cobro de tarifas nuevas realizadas en agosto”, explicó a El Litoral el defensor del Pueblo de Corrientes, César Vallejos Tressens. “Presentamos esa nota a la Dpec y vamos a esperar una respuesta, y en el caso de que sea favorable, esperamos que implementen el mecanismo más conveniente para beneficiar a los usuarios, ya sea una refacturación, reducciones en consumos a futuro o notas de créditos”, señaló el ombudsman.
Asimismo, el reclamo se encuentra judicializado por una entidad local de defensa al consumidor. “Nosotros sólo apoyamos la decisión de la Cámara de Diputados y vamos a esperar que haya una resolución judicial sobre el cobro de las tarifas de agosto, mientras aguardamos una respuesta de la Dpec a la nota presentada. Desde la Defensoría del Pueblo actuamos en base a las normativas de defensa al consumidor que establece que en los casos donde haya dudas con respecto a los cobros de servicios, se debe actuar en favor de los usuarios, como en este caso donde se trata de una cuestión de derecho administrativo bastante compleja”, indicó Vallejos Tressens.

Miércoles, 21 de noviembre de 2018