La Cámara de Diputados, que está dominada por el oficialismo (ECO y sus alia­dos en Cambiemos) logró emparchar institucional­mente las fisuras de la Cuen­ta de Inversión 2016, corres­pondientes al gobierno de Horacio Ricardo Colombi, que fue aprobada con ob­servaciones por parte de la bancada justicialista que de­tectó serias inconsistencias en los estados contables de la Administración Central y de varios Entes Autárquicos.

No coinciden los números de la ad­ministración central y de los entes autárquicos. La dpec no aporta al ips, aunque hace retenciones.

El expediente llegó con con­siderable demora al recinto de la Cámara baja de la Le­gislatura, pasaron 22 meses desde el cierre del ejercicio y aun con todo el tiempo transcurrido, el Tribunal de Cuentas no ha conseguido hacer conciliar los números. Ya hicieron un par de au­ditorías y dicen que siguen trabajando para descular el problema.

Concretamente están per­didos unos $2.000 millones de pesos, se trata de la dife­rencia entre lo que el Insti­tuto de Previsión Social (IPS) y el Instituto Obra Social de Corrientes (Ioscor) le recla­man -como aporte, entre otros conceptos- a la Admi­nistración Central y lo que la Contaduría General declara como deuda del Gobierno a los dos entes. Todos presen­tados estados contables con cifras que no coinciden. El descubrimiento fue expues­to en el recinto el miérco­les pasado por el legislador Martín Barrionuevo, quien resaltó la preocupación de la oposición porque las in­consistencias surgen de los balances que presentó la misma persona jurídica, que es el Estado provincial.

El hecho es que mientras el IPS y el Ioscor acusan una deuda de la Administración Central (léase el Gobierno) por $2.000 millones, el ba­lance de la Administración Central sostiene que sola­mente les debe $500 millo­nes. La diferencia es signifi­cativa, pero más allá de la ci­fra, lo real es que el Gobierno le debe a la Caja Previsional y también a la obra social de los empleados estatales.

Suena estrafalario, pero el Gobierno es deudor de sus propios organismos. No son las únicas obligaciones cruzadas que están sin sal­dar, por ejemplo la Direc­ción Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) le debe aportes por $65 millones al Instituto de Previsión Social, los números son de 2016, hace casi dos años. A esta al­tura la deuda -quizás- puede ser más gorda, no se sabe. Lo que sí está claro es que el or­ganismo está cometiendo un delito, pues el dinero que le descuenta puntualmente to­dos los meses a su personal no lo rinde a la Caja, desfi­nanciando el sistema previ­sional.

Irregularidades por donde se mire. Así y todo la Cáma­ra de Diputados no tuvo in­convenientes en aprobar la Cuenta de Inversión 2016, que venía con un dictamen generoso del Tribunal de Cuentas que consignaba que los números “exponen ra­zonablemente” los estados contables que se presenta­ron. El análisis del expedien­te quedó a cargo de la Comi­sión Bicameral Revisora de Cuentas que está integrada por dos senadoras, Alejandra Seward (UCR), que es la pre­sidenta, y Nancy Sand (PJ), que se encarga de la secreta­ría, en tanto tres diputados ocupan las vocalías, Martín Miguel Barrionuevo (PJ), Héctor María López (UCR) y Gustavo Adán Gaya (UCR).

El oficialismo, que tiene mayoría en la Comisión (tres representantes), elaboró un despacho a favor, sin repro­ches, pese a las evidentes inconsistencias que saltan a la vista. La oposición -con­cretamente el peronismo- redactó un despacho en minoría que aconsejaba votar “con observaciones” la Cuenta de Inversión 2016, esto es una posición intermedia que convalida el balance, pero con repa­ros a la espera de que se solucionen las fallas. “Es un gesto”, dijo Barrionuevo, que expuso en el plenario de la Cámara la opinión de la oposición.

El diputado Marcelo Chaín, que ofició de vocero del oficialismo, admitió que hay algunas inconsistencias. “Es verdad que hay que con­ciliar cuentas, pero nadie está ocultando los papeles”, dijo el legislador. Bienvenida sea la transparencia, pues ha demostrado que unos $2.000 millones quedaron en el limbo contable de la gestión de Colombi y nadie hasta ahora, pasados 22 me­ses, con auditorías inclui­das, ha podido hallar a dón­de fueron, o mejor dicho, a dónde no fueron a parar esos billetes. (L.A.S.)s

LA CUENTA DE INVERSIÓN 2016 LLEGÓ CASI DOS AÑOS DESPUÉS AL RECINTO DE LA LEGISLATURA. MUESTRA INCONSISTENCIAS, PERO ASÍ Y TODO, DIPUTADOS LA APROBÓ.

Firmamos un despa­cho en minoría con la senadora Sand, reco­mendando la Obser­vación de la Cuenta de Inversión.

Hicimos esa reco­mendación fundamen­talmente para dar una señal hacia adelante, esperamos que las co­sas que estamos obser­vando ahora se puedan corregir en la Cuenta de Inversión de 2017.

Hay que resaltar que están los papeles pre­sentados. Es cierto, hay que conciliar algunos es­tados contables con los Entes Autárquicos. Es verdad, pero nadie está ocultando eso. Por eso el Tribunal de Cuentas dice en su dictamen que “expone razonablemen­te” lo ejecutado, eso sig­nifica que prácticamente no objeta la Cuenta de Inversión del año 2016.

Deudas cruzadas y retenciones de aportes que no se depositan

Según los balances que presentaron el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ins­tituto de Obra Social de Corrientes (Ios­cor), la Administración Central acumula una deuda de $2.500 millones; sin em­bargo, el estado contable de la Adminis­tración Central declara que arrastra una deuda de $500 millones con esos organis­mos. Alguno miente o se equivocó. El des­ajuste significa $2.000 millones aproxi­madamente, que debería esclarecerse. “Lo dice la Cuenta de Inversión 2016, no es un invento mío”, aclaró el diputado Martín Barrionuevo durante su exposición en el recinto, el oficialismo miraba lejos.

Según informaron, el Tribunal de Cuen­tas, el organismo encargado de revisar los balances oficiales, ha hecho una serie de auditorias, pero todavía no pudo descular la diferencia. Además, lamentablemente no ha tenido la colaboración de todos los organismos del Estado (que le deben pro­porcionar su documentación interna), lo que dificulta el peritaje contable.

Por otra parte, la Cuenta de Inversión desnuda que la Dpec no hace los aportes que les corresponden al IPS y al Ioscor, es dinero que todos los meses le descuenta al personal, pero que no lo deposita in­curriendo en retención indebida. Es un delito.

En esa línea también se detectó que el Instituto de Previsión Social no hace los aportes de los jubilados a la obra social Ioscor y que durante el año 2016 se guardó unos $65 millones. También son recursos retenidos indebidamente, en este caso a los jubilados. s

El expediente tiene que pasar ahora al Senado, donde está Colombi, el responsable de las cuen­tas que no cierran .

Lunes, 29 de octubre de 2018