La Fiscalía General de Corrientes solicitó que sea la Justicia Federal la que continúe investigando al ex gobernador Ricardo Colombi por presunta evasión tributaria y enriquecimiento ilícito cuando era diputado nacional. Nueve años pasaron y Colombi es parte del Jury de Enjuiciamiento de la Provincia.

El ex gobernador está acusado de haber adquirido una propiedad a través de un testaferro, denuncia que fue iniciada en 2009 cuando era candidato al Sillón de Ferré.

El representante del Ministerio Público ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Carlos Schaefer, presentó en abril un recurso contra la resolución del Juzgado Federal de Paso de los Libres, a partir del cual el tribunal se declaró incompetente para seguir a cargo del caso. Por esa resolución, el que había sido designado para avanzar con la investigación fue el Juzgado de Instrucción de la localidad de Mercedes.

El fiscal rechazó esta medida y también pidió la nulidad del sobreseimiento de una escribana involucrada en la maniobra y que se deje sin efecto el rechazo al pedido de conexidad con el expediente conocido como “Cooperativa Pyramis”, que tramita ante el Juzgado Federal Nº 2 de esta provincia.

El fiscal Schaefer señaló que “este Ministerio Público Fiscal, acreditó que el funcionario respecto del cual se viene solicitando se investigue su presunto enriquecimiento ilícito, era al momento de los hechos, diputado nacional por la Provincia de Corrientes, por lo cual, conforme a fallos de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe intervenir el fuero federal”.

En su presentación, Schaefer señaló que “lo que se intenta es lograr una concreta y correcta investigación integral de los hechos que se vinculan al patrimonio del ex gobernador”. El representante del Ministerio Público señaló que si bien Laslo y Haddad fueron sobreseídos por la supuesta indeterminación del monto evadido, no ocurrió lo mismo con el presunto deudor del gravamen, es decir Colombi, por lo que “habida cuenta de que el presunto autor aún se encuentra siendo objeto de investigación, o por lo menos no fue sobreseído y que existen en autos medidas probatorias pendientes (à) sin que hasta la fecha hayan sido proveídas” es que no corresponde la desvinculación de un presunto partícipe del delito, como es el caso de Báez”. s

Lunes, 8 de octubre de 2018